Casi el 64 por ciento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura purga su condena o espera el juicio lejos de la prisión. La situación preocupa a los organismos de DDHH que temen que los arrestos domiciliarios funciones como un mensaje de impunidad.

El año arrancó con el mismo número de represores en sus casas que como había terminado 2017: 549. Pero, en nueve meses, trepó a 641. La cifra difundida por el Ministerio Público Fiscal asombra más si se la coteja con el número de genocidas que están presos: solo 272. Y puede preocupar aun más si se presta atención a las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) – que depende del Ministerio de Justicia: en establecimientos federales, solo hay 217 genocidas presos.

La tendencia a que haya cada vez más genocidas en la casa se acentuó con fuerza en 2016 – coincidentemente con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Hasta 2015, la propensión mostraba que el mayor número de condenados o acusados por delitos de lesa humanidadpurgaba o esperaba su condena en la cárcel. Pero cambió en 2016, cuando los represores presos eran solo 460 y 519 los que estaban en domiciliaria. En 2017, el salto fue a 549 represores detenidos en sus domicilios. No es una variación tan significativa como la que ocurrió en los últimos meses y podría explicarse porla reacción social que generó el fallo del 2×1 de la Corte Suprema que abría la puerta para una liberación temprana de los genocidas. Sin embargo, este año el proceso se aceleró.

Los números de la Procuración muestran, también, que hay más causas en trámite o ya elevadas a juicio que las que fueron juzgadas, por lo que el proceso de juzgamiento goza de buena salud, aunque la cárcel para los perpetradores ya no es la regla. Noventa y cuatro causas esperan para ser examinadas por un tribunal oral y 254 se están instruyendo.

La fiscal María Angeles Ramos explicó que, desde el Ministerio Público, están siguiendo con atención las domiciliarias que se otorgan por razones de edad sin queexista una razón de salud que lo justifique y que demuestre que la persona puede recibir un mejor tratamiento en la casa que en su lugar de detención. Los fiscales, además, están pidiendo que a todosaquellos que pasan a la modalidad de arresto domiciliario se les coloque una tobillera electrónica que permite controlar que no dejen la casa sin autorización.

Fuente: eldestapeweb.com