Las últimas estadísticas en materia carcelaria confirman un giro histórico que comenzó a esbozarse en la anterior medición: hay más presos condenados que procesados y la diferencia entre unos y otros va en lento aumento.

Así lo indica el informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (Sneep), que contiene los datos de todas las cárceles del país actualizados al 31 de diciembre de 2017. El otro dato central que confirma el relevamiento es el crecimiento sostenido de la población penitenciaria: llegó a 85.283, un 61% más que una década atrás, cuando se contabilizaron 52.457 reclusos. El informe sostiene que el 54,4% (46.405) de los presos del país tiene condena. Entre 2006 y 2015, la cantidad de personas procesadas superaba a la de reclusos condenados. Eso se revirtió por primera vez en 2016 y la tendencia se consolidó el año pasado.

“El primer dato saliente del informe es que por segundo año consecutivo se rompe la tendencia histórica argentina de que haya más procesados que condenados en nuestra cárceles”, dijo Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Este año fue significativo porque creció un 3% con respecto a 2016”, añadió.

Según los datos del informe, las cifras atribuidas a la provincia de Buenos Aires (la que tiene la mayor cantidad de presos: 37.586, el 44% del total) fueron el motor de esa reversión. El Sneep revela que al 31 de diciembre de 2017 había en las unidades del Servicio Penitenciario Federal 11.861 detenidos; de ellos, solo el 42% eran condenados. En la Argentina hay 301 unidades de detención. Los sistemas con más cárceles son el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con 54 penales, y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con 32. La población total a diciembre de 2017 alcanzaba los 85.283 presos. En tanto, había unas 6878 personas alojadas en comisarías y destacamentos. La tasa penitenciaria en la Argentina es de 194 presos cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región, aunque la cantidad de detenidos aumentó radicalmente en los últimos años: en 2006 había 54.000 personas detenidas en el país, es decir, en 11 años aumentó un más del 61%.

Las provincias con mayor cantidad de presos que cuentan con condena son Neuquén (93,6%), Santiago del Estero (90,2%), Río Negro (86,9%) y Chaco (84,8%). Buenos Aires pasó el último año, por primera vez, a tener más condenados que procesados (49,5 a 53,5%). En los dos servicios penitenciarios más grandes después del bonaerense, el SPF y el de Córdoba (que tiene 8387 presos), los condenados son el 42,9 y el 40,7% del total de reclusos, respectivamente.

Los datos de 2017 mantienen la tendencia del perfil de los detenidos en cárceles del país: la mayoría son hombres (96%), argentinos (94%), con estudios primarios o inferiores (69%). El 60% tiene menos de 35 años de edad y el 42% estaba sin trabajo al momento de su detención. En tanto, los principales delitos por los que están detenidos siguen siendo robos y tentativas de robos, infracción a la ley de drogas, homicidios dolosos y violaciones. Lo que se ve es un notable incremento en el caso de los detenidos por casos vinculados a las drogas, que incluso superó a los imputados por homicidios dolosos. “En alguna medida esto refleja el trabajo que nos había pedido el Presidente de la lucha contra el narcotráfico. Es un trabajo conjunto que estamos llevando a cabo con el Ministerio de Seguridad”, sostuvo Benítez. “También hubo un crecimiento impresionante de los presos por crímenes contra la integridad sexual, un 21% más respecto del 2016. Esto se debe a una mejor capacidad investigativa y al uso más adecuado de las ciencias forenses y la tecnología que hemos venido trabajando desde el Ministerio”, sostuvo el funcionario. Consultado sobre si la ley de flagrancia pudo haber tenido un impacto en el aumento de condenados, Benítez sostuvo: “Tiene influencia, pero el impacto real lo vamos a ver cuando tengamos la estadística de 2018”. El informe aclara que la “distribución de delitos imputados en la población carcelaria no es equiparable a la distribución de delitos registrados por la policía”, que tiene índices menores de homicidios y casos relacionados a las drogas. Otro dato del Sneep es el que marca que más de las dos terceras partes de los condenados son primarios, es decir, no reiterantes ni reincidentes. Esto también se mantiene como tendencia en la última década. En cuanto a los presos extranjeros, sólo representan el 6% de la población penitenciaria. Dentro de ese porcentaje, las principales nacionalidades son la paraguaya, la peruana y la boliviana.

La Ley de Ejecución de la Pena establece que todas las mujeres presas que tengan niños de hasta cuatro años de edad pueden convivir con ellos en los penales. Esa cifra aumentó considerablemente con respecto a los últimos ocho años: hoy hay 175 mujeres con hijos en prisión, de un total de 3602 mujeres entre toda la población penitenciaria. Benítez remarcó que este aspecto hay que enmarcarlo en un aumento de la población penitenciaria femenina. “Pero no deja de ser un tema del que nos ocupamos. Apuntamos a usar pulseras y prisión domiciliaria en estos casos, para que los niños no tengan que crecer en un ámbito carcelario”, señaló.

Fuente: redacción Sol Amaya para diario LA NACION