Familiares y amigos de Facundo Ferreira, el chico de 12 años asesinado el jueves con un disparo de la Policía, se manifestaron frente a la sede penal de Tribunales y cortaron el tránsito en Sarmiento al 400. Los acompañaron distintas organizaciones de derechos humanos y ciudadanos hartos del gatillo fácil y la violencia institucional. Portaban carteles con imágenes de Facundo y consignas que decían “Ni una bala más. Ni un Facundo menos”.

Los manifestantes partieron del barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla” y caminaron hasta los Tribunales, donde se reunieron con organizaciones sociales que se sumaron a la protesta.

Apenas llegaron a la sede judicial, los familiares, amigos y demás personas que acompañaron la marcha, entonaron gritos responsabilizando al 911 y a la Policía por el asesinato.

El cuerpo de Facundo presentó muestras de la brutalidad policial: Tenía múltiples heridas de disparos de posta de goma en la espalda y un golpe en el rostro que, según dijo un testigo, fue producto de una patada que le dio un agente. Por estas marcas, adelantaron, pedirán la exhumación del cuerpo.

“La Policía está mintiendo, a mi mamá le dijeron que él había tenido un accidente de tránsito, y después aparece con un tiro que le entró por la nuca y le salió por la frente. Ellos están para cuidar, no para matar”, expresó entre lágrimas la tía de Facundo, Malvina Ferreira.

La familia y los abogados, además, fueron recibidos por primera vez por la fiscal del caso, Adriana Giannoni, quién les confirmó que la carátula de la causa es “homicidio” y que el estudio “dermotest parcial dio positivo en la mano derecha” del niño. Es decir, que se le hallaron rastros de pólvora, según el informe policial. Inicialmente, Mercedes Ferreira, la abuela del niño, aseguró que la fiscal le había dicho lo contrario. De todos modos, “este resultado que nos dieron hoy no es concluyente porque hay que analizar la ropa y, además, fue tomada tres horas después de que le dispararon y no sabemos qué pudo haber pasado en ese tiempo”, explicó Florencia Vallino, abogada de ANDHES, organización que representará a la familia Ferreira.

Rodrigo Scrocchi, abogado e integrante de la Mesa No a la Baja de Tucumán explicó que el asesinato de Facundo se inscribe en un marco de escalada de la violencia institucional con fines de control social: “Nos parece que la escalada represiva en el país y particularmente en la provincia a través de la reivindicación de la doctrina Chocobar se está haciendo carne día a día y fundamentalmente en los sectores populares de todos el país, que son los que sufren la estigmatización, persecución y criminalización de las juventudes Nos hemos convocado para pedir justicia y acompañar a la familia en el pedido de esclarecimiento, para repudiar el tratamiento de los medios de prensa como la gaceta de Tucumán que tiene un tratamiento que busca criminalizar y da por hecho las versiones policiales, más en un tan sensible como este”.

Mientras la familia de Facundo se manifestaba y reclamaba justicia, el subjefe de la Policía de Tucumán, Francisco Picón, afirmaba que está “absolutamente descartado” que Facundo haya sido víctima de gatillo fácil. Si bien el caso está en etapa de investigación, el comisario sostuvo que se trató de la “defensa de dos efectivos policiales al verse atacados”. A su vez, el ministro de seguridad de Tucumán, ex coronel Claudio Maley declaró en una radio local: “Hay que preguntarse qué hace la criatura de 11 años fuera de la casa, ¿dónde están los padres? Piden la intervención del Estado pero hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable, de cuestiones muy internas que son propia e la familia. El padre o la madre o el tenedor o el curador, tiene responsabilidad sobre ese ser humano, sobre ese chico pequeño que está en la calle, ligado también al uso de armas. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, más allá de primero de pensar qué hace el Estado”, desviando la responsabilidad del crimen hacia la misma víctima.

Recordemos que en Tucumán sigue vigente la ley de contravenciones, una norma promulgada en la última dictadura militar y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012. Se trata de un código para regular faltas que no llegan a constituir un delito, usado por la Policía para detener arbitrariamente a quién quiera. Se la ha denunciado como una forma de recaudación -sin ningún tipo de registro ni sujeto a órgano de contralor- de la policía y como una forma de control social sobre los pobres.

 

FUENTE: AGENCIA FARCO.