Desde la Asociación de Bibliotecas populares de Córdoba denuncian que el Estado provincial no ha pagado subsidios y  hace más de un año que desatiende al sector. Por este motivo hoy se realizó una marcha frente a la Casa de Gobierno, donde se hizo entrega de una nota al Gobernador Juan Schiaretti reclamando por la reglamentación del artículo 11 inc. C) de la ley 8.016 que rige la actividad de estas instituciones comunitarias.

La ciudad de Córdoba cuenta con 200 Bibliotecas Populares repartidas en todo su territorio, estos espacios acumulan años de aporte cultural en pueblos del interior y la capital sobre la base de la gestión comunitaria. Hoy frente a Casa de Gobierno las  Bibliotecas populares de nuestra ciudad se sumaron al reclamo iniciado por la Federación de Bibliotecas Populares (FEDIPO) y  presentaron un petitorio para exigir la reglamentación de la Ley 8.016 y los subsidios no percibidos del año 2017.

En comunicación con Radio La Ranchada Mabel Belchior, presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares expresó: “Estamos llegando un poco al fin de los reclamos sin repuestas. Entonces por eso vamos a apelar a la sensibilidad. nuestra idea es acercarle un petitorio para que vea esta situación que están teniendo las bibliotecas populares de Córdoba, por el tema del fondo especial de bibliotecas populares que expresa la ley 80/16, y por otro lado, el subsidio correspondiente al año 2017 que ya fueron convocadas las bibliotecas populares y todavía no se ha percibido ese subsidio” 

 

 

 

Por su parte Juan Gorostiaga, represéntate de la Asociación de Bibliotecas Populares de Córdoba, comento a Radio La Ranchada “Desde el punto de vista bibliotecológico la acción social que realizan las bibliotecas populares es muy importante y creo que es hora de que sea reconocida por las autoridades”, además  indicó “Estamos trabajando en conjunto con la federación y haciendo actividades para lograr que por fin se reconozca la actividad”.

 

 

 

Cabe resaltar que uno de  los pedidos de la declaración de  emergencia, es la creación de un fondo permanente que esté en el presupuesto anual  provincial para que las bibliotecas tengan una cuota mensual y puedan llevar a cabo sus tareas. Por otra parte se exige que se revea el organigrama donde ha desaparecido una jefatura de área a cargo de un bibliotecario que pueda crear políticas de información y bibliotecarias.