SOBREPOBLACIÓN

La inflación penitenciaria en Argentina se inscribe en el proceso de aumento del encarcelamiento a nivel internacional, iniciado en EEUU en la década del 1980 y vehiculizado a través de la implementación de estrategias de endurecimiento punitivo.

Pese a que se trata de una tendencia en actual descenso en EEUU y algunos países europeos, en Argentina las proyecciones futuras son poco prometedoras, considerando las regresivas modificaciones de la ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad aprobadas en 2017.

El fenómeno de la sobrepoblación carcelaria en la actualidad ya representa un problema acuciante en varios servicios penitenciarios de Argentina, debido a la articulación de múltiples factores. Entre ellos, resaltan el uso sistemático de la prisión preventiva, la escasa utilización de medidas alternativas a la cárcel, la reducida aplicación de institutos de egresos anticipados, la presión de la opinión pública en los debates actuales acerca de la cuestión securitaria, entre otros factores que permiten comprender y dimensionar el fenómeno.

 

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Casi el 60% de los alojados en el SPF se encuentra bajo PRISION PREVENTIVA

Sólo 4 de cada 10 presos tiene CONDENA FIRME

1º TRIMESTRE de 2018 —

 

 

Niños alojados con sus madres

Embarazadas

Fuente: Elaboración propia en base a los partes semanales de población del SPF

36 mujeres alojadas con sus hijos

22 embarazadas

 

Considerando los niveles de ocupación de las cárceles federales y los problemas estructurales que presenta la vida en prisión, se torna urgente la aplicación de estrategias que reduzcan el encarcelamiento masivo. En esta línea, es sumamente problemático la privación de la libertad de mujeres embarazadas o con hijos en prisión que podrían acceder, decisión judicial mediante, al arresto domiciliario.

Niños, niñas y adolescentes alojados en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la C.A.B.A. 1º Trim. 2018

Al interior de la población privada de libertad, mujeres, trans y/o travestis y jóvenes adultos, al igual que los extranjeros y las personas con discapacidad, conforman colectivos con necesidades específicas. Por ello es importante el diseño y correcta aplicación de políticas penitenciarias que garanticen que su experiencia en el encierro se desarrolle en un marco de atención y respeto de sus derechos y características particulares.

De especial sensibilidad y urgencia resulta la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en los denominados “institutos de menores” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Los efectos más graves del encarcelamiento

 

TORTURA Y MALOS TRATOS

Se contabilizan los casos de golpes, agresiones físicas y amenazas relevados a partir de un protocolo interno inspirado en los principios del Protocolo de Estambul, Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que aplican todos los asesores del organismo ante la toma de conocimiento de un caso de esta naturaleza, y, en especial, el Área de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. Además, la PPN integra el Registro Nacional de Casos de Tortura, donde se vuelcan estos datos y los correspondientes a otras modalidades como requisas vejatorias, traslados gravosos, condiciones materiales precarias, etc.

Enero `18

40 casos de TyMT

Febrero `18

33 casos de TyMT

Marzo `18

103 casos de TyMT

46 denuncias penales presentadas

entre Enero y Marzo de 2018

*que recopilan la voluntad expresa del 40% de las víctimas

Pese a que la “cifra negra” de este tipo de fenómenos de especial sensibilidad torna imposible el conocimiento del volumen de la tortura en los espacios de encierro, no obstante los registros de la PPN deben ser considerados el piso mínimo para comprender la estructuralidad de esta forma de violencia institucional.

Siguiendo los lineamientos del Protocolo de Estambul, la presentación de la denuncia penal se deriva de la voluntad expresa de las víctimas quienes, con frecuencia, temen instar la acción judicial debido a las amenazas acerca de represalias y nuevas victimizaciones.

FALLECIMIENTOS EN PRISIÓN

Entre 2009 y el 1º trimestre de 2018 se produjeron 395 muertes de personas bajo custodia del SPF, de las cuales 179 corresponden a causas violentas o traumáticas.

Fueron 12 los fallecimientos ocurridos durante el primer trimestre de 2018, la mitad de ellos violentos. Se destacan tres muertes producidas a consecuencia de incendios provocados durante la realización de medidas de fuerza.

Las muertes del período tuvieron lugar en seis prisiones diferentes. Pese al carácter general de dispersión del fenómeno, en la Unidad 6 de Rawson y el CPF II de Marcos Paz se concentraron la mitad de los casos.

MEDIDAS DE FUERZA

Las medidas de fuerza son uno de los últimos recursos de los que disponen las personas detenidas para reclamar ante las principales vulneraciones de derechos que padecen durante su encierro. Representan un medio a través del cual visibilizan sus demandas ante el Poder Judicial y la administración penitenciaria, y con frecuencia son utilizadas una vez que se agotan o ven obstaculizados los canales institucionales para presentar sus solicitudes. Son acciones de alcance individual o colectivo que reflejan diversos niveles de organización de la población presa.

Considerando el carácter estructural y sistemático de este fenómeno, la PPN registra estos casos mediante la aplicación del Protocolo de Actuación Ante Medidas de Fuerza en Lugares de Encierro.

110 personas realizaron medidas de fuerza entre Enero y Marzo de 2018

Se registraron 41 medidas de fuerza individuales y 20 colectivas

Emergentes del período

La violencia hacia las mujeres presas: la represión del 8M

La violencia institucional hacia las personas privadas de libertad constituye una característica estructural de la vida en prisión y adopta diversas formas. En contextos de encierro, la tortura y las agresiones físicas son modalidades sistemáticas padecidas por los presos y las presas. En el caso de las mujeres, los malos tratos y los golpes se inscriben, además, en el amplio espectro de violencias de género que padecen a diario en las cárceles federales.

El 8 de marzo, cuando en la calles se estaban manifestando las mujeres de forma masiva, las presas alojadas en el CPF IV de Ezeiza se sumaban al reclamo generalizado, tratando de visibilizar algunas de las vulneraciones de derechos específicas que padecen. En particular, se encontraban reclamando el acceso a una parte del dinero de su remuneración, debido a que se les había informado que ese mes no podrían cobrarlo ni ser retirado por sus familias. En señal de protesta todas las alojadas realizaron una “batucada” dentro de los pabellones, haciendo ruido con distintos elementos. Como respuesta, durante la madrugada, ingresó el cuerpo de requisa al pabellón 24, compuesto por más de 30 agentes, entre los que se contaba personal masculino.

Las mujeres presas reclamaban de forma pacífica la posibilidad de acceder al fondo de reserva, que constituye una parte de su salario

Pese a que se trataba de un reclamo pasivo, los agentes entraron de forma violenta, empujando y agrediendo a las detenidas. Durante la represión varias recibieron palazos y patadas. Algunas fueron arrojadas al piso y esposadas y, en esas condiciones de indefensión, fueron rociadas con gas pimienta en el rostro. Otra mujeres relataron que, mientras estaban reducidas en el piso, los agentes de requisa les pisaban la cabeza, inmovilizándolas. Varios de los victimarios eran varones.

Luego de la brutal golpiza, algunas de ellas sufrieron castigos posteriores siendo trasladadas por la fuerza al dispositivo de internación de salud mental, donde fueron sedadas con medicación inyectable. Dos chicas, por otra parte, fueron aisladas en el sector destinado a las sancionadas. Allí permanecieron durante la noche sin ropa de abrigo ni frazadas, a pesar de las bajas temperaturas. Una de ellas volvió a ser golpeada, cuando un agente trató de asfixiarla aplastándole su cara contra el colchón.

En total se registraron más de quince heridas.

Luego de asistir a la cárcel y hablar con todas las mujeres afectadas, el día lunes 12 de marzo la PPN presentó la denuncia penal ante la justicia de Lomas de Zamora, respetando la voluntad expresa de las víctimas de denunciar lo sucedido.

La gravedad del episodio expone algunas de las aristas más brutales que asume el maltrato y la violencia hacia las mujeres cis y trans alojadas bajo la órbita del SPF.

En estos tiempos, mas que nunca, vale recordar que

SIN LAS PRESAS NO HAY NI UNA MENOS.

La represión de la protesta incluyó palazos, patadas, asfixia y el uso de gas pimienta mientras las mujeres estaban esposadas e indefensas

BOLETIN ESTADISTICO DE LA PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION N° 10: 1°

Fuente: equipo de estadísticas y bases de datos procuración penitenciaria de la nación