La ley de infraestructura social es un proyecto provincial que propone que el 25 % de la partida presupuestaria provincial destinada a la obra pública sea repartida entre empresas privadas y las cooperativas de trabajo.

La idea está proyectada  por un lado para generar puestos de trabajo para los sectores populares y para mejorar y transformar la calidad de vida de las familias que viven en villas, asentamientos y barrios populares de la provincia de Buenos Aires.

Patricia “colo” Cubria, quien es diputada provincial por el Movimiento Evita y una de las impulsoras de este anteproyecto, señalo a los micrófonos de La Ranchada que la ley de infraestructura contó con el apoyo de los sectores políticos para su avance.

Por su parte, María Vidal comenzó las mesas de diálogo con las  cooperativas y que así pueda convertirse en ley y se reglamenten los convenios para cada obra en particular.

Los trabajos que se repartirían entre empresas privadas y cooperativas es de refacción de viviendas particulares que están en situación de abandono, restitución de espacios verdes, construcción de rutas y calles y restauración de edificios públicos como escuelas para brindar dignidad a los chicos de los asentamientos urbanos marginales.

Cubria remarco que “las cooperativas en vez de distribuir ganancias, nosotros distribuimos trabajo”.

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