Montero busca volver a poner en discusión dos proyectos que ella presentó en mayo de 2015 pero que no fueron tratados en la Legislatura. Esta idea fue presentada luego de que se conozca una nueva denuncia por abuso sexual en un jardín de la ciudad de Córdoba.

Los proyectos constan, por un lado, de una modificación a la Ley 9680, la cual consiste en la creación del programa provincial de identificación, seguimiento y control de delincuentes sexuales y de prevención de delitos contra la integridad sexual. Mientras que el segundo trata de la implementación de la ley 20798, donde se establece la obligación de que todas las personas que estén en contacto con niñas, niños y adolescentes bajo tutela estatal presenten de manera periódica un apto psicológico.

Esto es un breve resumen sobre lo planteado en los proyectos:

Obligación. Es obligatoria la presentación periódica de aptos psicológicos, certificado de buena conducta nacional y el certificado previsto en el inciso 28 de la ley 9680 (conocido como “Registro de Violadores”) para todas las personas que se desempeñen en organizaciones, gubernamentales o no gubernamentales, que desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes bajo tutela, custodia y/o responsabilidad estatal.
Migrantes. En el caso de personas migrantes, deberán presentar además el certificado de buena conducta o similar de su país de origen (esto es para evitar casos como los de Nicola Corradi).
Organizaciones. Se incluyen las Organizaciones de Gestión Asociada, las instituciones religiosas, las residencias juveniles, las Unidades de Desarrollo Regional, las familias de acogimiento y cualquier otra institución que forme parte del sistema de promoción y protección de las niñas, niños y adolescentes, incluidas las del sistema penal juvenil .
Personas comprendidas. Quienes estén ejerciendo funciones en todas las organizaciones mencionadas y las que trabajen o exploten servicios públicos y/o semipúblicos en los que estuviesen involucrados niñas, niños y/o adolescentes, sea como empleado, encargado, propietario, permisionario, concesionario o cualquier otra figura que implique estar en contacto permanente o transitorio con las niñas, niños y adolescentes.
Apto psicológico. En el apto psicológico deberá constar expresamente:
• Instrumentos utilizados en la evaluación.
• Características de personalidad.
• Que la persona no posee indicadores que hagan presumir alteraciones en su conducta impulsiva, en el manejo de su sexualidad y en el criterio de realidad.
• Que la persona se encuentra en condiciones psíquicas de establecer una relación de cuidado hacia niños, niñas y/o adolescentes.

Todo esto se enmarca en los resultados del informe anual, presentado por la Unidad de Mapeo Criminal de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información del Ministerio Público Fiscal,  sobre delitos de integridad sexual en la provincia de Córdoba a lo largo del 2016. En el mismo, los datos centrales entre los numerosos registros que consigna el documento, indican que las víctimas son mayoritariamente menores edad que van de los 5 a los 17 años.