Desde las organizaciones que que trabajan en favor de los Derechos Humano de las personas privadas de la libertad, denuncian que la entrega de la prisión domiciliaria a detenidos y detenidas es una maniobra del gobierno nacional para atender la superpoblación de las cárceles que sería el hecho de fondo

 

Altas fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires a cargo de Gustavo Ferrari confirmaron a medios nacionales el comienzo de una medida que buscaría que 1.421 presos de los penales bonaerenses podrían irse a sus casas con el beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera electrónica. Las cárceles provinciales tienen lugar para albergar a 28 mil detenidos. Actualmente, según cifras del SPB mismo, hay 41.267 personas privadas de su libertad. Los beneficiados podrían ser mujeres con hijos, embarazadas, personas con enfermedades, entre otros. Por lo pronto, el SPB ya evaluó el perfil psicológico de 304 internos, con otros 455 en proceso de examen. Así informaba este fin de semana el sitio bonaerense de noticias InfoGEI.

“El otorgamiento de las pulseras es una batalla ganada de las organizaciones que trabajamos en favor de los Derechos Humanos de las personas privadas de la Libertad que, desde hace mucho tiempo peleamos para que las mujeres con hijos cumplan su pena con prisión domiciliaria y puedan así desarrollar su maternidad en condiciones dignas. Que las personas mayores puedan hacerlo también. Que las que padecen una enfermedad crónica sean asistidas en sus domicilios por sus familiares; pero, debo decir que este anuncio es irrisorio. Una vez mas el gobierno quiere tapar el sol con las manos. Ante una superpoblación encerrada que alcanza el 50 por ciento en la provincia de Buenos Aires, lo que involucra a 25.000 personas, unas mil cuatrocientas pulseras o tobilleras es una aguja en un pajar, un número muy reducido como para contrarrestar la superpoblación existente”, afirmó Azucena Racosta, una de las militantes por los derechos de los privados de su libertad de mayor trayectoria en América Latina y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde ejerce el cargo de secretaria académica de la Maestría Comunicación y Criminología Mediática, dirigida por el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.