Fuentes judiciales confirmaron que las pericias realizadas al joven detenido que denunció abusos por parte de un grupo de penitenciarios determinaron que tiene lesiones en la zona anal, compatibles con una vejación.

Un joven de 23 años, que se encuentra detenido en la Alcaidía de Resistencia, denunció el jueves que fue ultrajado por tres agentes penitenciarios en su celda luego de reclamar por su traslado a otro centro de detención. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y, según la denuncia, luego de la agresión los agentes intentaron simular un suicidio por ahorcamiento aunque debieron desistir ante el reclamo airado del resto de los internos.Pocas horas después, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Néstor Florentín, minimizó los dichos del interno y dijo que fue “revisado por médicos de la Alcaidía” quienes “constaron que no sufrió abuso sexual”. Además remarcó que es una persona “conflictiva” que está “bajo tratamiento psiquiátrico”.

Sin embargo, desde la Justicia confirmaron al medio “CHACO DIA POR DIA” que la lesión existió. De acuerdo a un informe realizado por profesionales del Instituto Médico Forense, se constató que el interno tenía lesiones compatibles con la introducción violenta de un objeto similar a una tonfa policial en la zona anal.“El hombre está muy lastimado”, confiaron fuentes judiciales, quienes remarcaron que si bien es cierto que es un preso “conflictivo” estas lesiones “no se las pudo haber hecho él”.

El fiscal de Derechos Humanos, Francisco Turraca, tomó declaración testimonial a la víctima. Durante esa misma jornada, también se ordenó el secuestro del libro de guardias de la Alcaidía.Finalmente, también tomó declaración a seis de los penitenciarios que estuvieron presentes ese día. Si bien aún no hay detenidos, se espera que en las próximas horas se produzcan aprehensiones.

Por medio de un comunicado, el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes del Chaco (CPTCh) expresó preocupación por las declaraciones públicas del subsecretario Florentín a raíz del hecho de violencia institucional denunciado el jueves y que involucra a un interno del Complejo Penitenciario N° 1 de Resistencia que habría sido atacado por agentes del Servicio Penitenciario Provincial.Para el CPTCh, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios debió “comprometerse en su rol de funcionario público del Poder Ejecutivo a instar al esclarecimiento de los hechos de presunto abuso sexual y tortura denunciados por el interno y a adoptar las medidas administrativas correspondientes a su cargo”.

“En cambio, formuló expresiones que estigmatizan y revictimizan a la víctima, al describir un supuesto cuadro ‘psiquiátrico’ y la pena que se encuentra cumpliendo, con el sólo propósito de desacreditar su testimonio, además de mencionarlo por su nombre y apellido, sin resguardar su intimidad”, indicó el Comité.“El organismo informa, además, que el interno fue entrevistado por personal especializado en prevención de la tortura del propio Comité, y también del Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando lo que confiere verosimilitud a los hechos denunciados y que están bajo investigación”, añadió.

“Al tomar intervención en el caso, el CPTCh coordinó acciones con diferentes instancias administrativas y judiciales para proveer al resguardo y salvaguarda de la víctima. En ese contexto, el pasado viernes 24 de agosto se presentó una acción de habeas corpus ante el Juez de Ejecución Penal Dr. Juan José Cima, con la finalidad de que esta persona no continúe en el ámbito del Servicio Penitencia Provincial, por constituir tal situación un peligro eminente para su integridad física”, señaló.“Por último, el organismo recuerda que viene recomendado, accionando y denunciado el hacinamiento en los lugares de detención de la provincia, las condiciones que provoca dicha sobrepoblación y los episodios de tortura y malos tratos hacia la población carcelaria. En ese escenario es que se deben analizar las graves violaciones a los derechos humanos más fundamentalespor quienes debieran brindar seguridad y custodia a las personas privadas de su libertad que cumplen con sus condenas, cuyo cumplimiento es responsabilidad ineludible para el Estado y sus funcionarios”, finalizó.

Fuente: www.chacodiapordia.com