La Asociación Pensamiento Penal advierte que las mayoría de las detenidas no tienen una condena firme

 

La ONG Asociación Pensamiento Penal (APP) señaló que la mayoría de las mujeres detenidas en unidades penales del país están procesadas con prisión preventiva  y a la espera de una sentencia, además de no contar con la posibilidad de acceder al beneficio de arresto domiciliario.
Según sostuvo la abogada Indiana Guereño, presidenta de la entidad, el sistema penal no está preparado para recibir mujeres “dentro del Poder Judicial, ni mucho menos en la cárcel”.
También consideró que la población femenina en unidades penitenciarias aumentó exponencialmente a partir de la década del `90, calificando esta situación como una problemática “invisible”.
“La mayoría están procesadas, es decir, no tienen sentencia y, por ende, para la Constitución Nacional son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, opinó.
Agregó que “por eso hay mujeres inocentes encarceladas y niños sufriendo por esa situación, pero nuestra Constitución establece que la pena o la sospecha de pena no puede trascender al imputado”.
Para la letrada la desigualdad de género también es moneda corriente en el sistema penal.
“Hay muchísimos hombres con arresto domiciliario procesados por delitos de lesa humanidad, que son muy graves en comparación con los que se les imputan a estas mujeres alojadas en cárceles”.
En la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta, 4 de las 30 reclusas tienen hijos a cargo y están en condiciones de ser beneficiadas con prisión domiciliaria.
Del total de detenidas, solo 10 recibieron condena y las 20 restantes están procesadas.

“A nivel país está comprobado estadísticamente que la mayoría de las mujeres privadas de su libertad están en condiciones de recibir arresto domiciliario, si se tiene en cuenta la ley”, afirmó la abogada.
Destacó que el Código Penal prevé desde 2009 que esas mujeres tienen derecho a cumplir el arresto en sus viviendas cuando sus hijos sean menores de 5 años o discapacitados, a fin de garantizar el cuidado de su salud.
Tras la interposición de un hábeas corpus por parte de la Defensoría Oficial, la jueza Correccional Nº 3, Susana González La Riva, resolvió esta semana la clausura del Pabellón de Mujeres 7 de la cárcel bahiense, y ordenó el traslado de las internas a otros penales de la provincia.
“Hay filtración de desagües cloacales por las paredes del patio, donde juegan los hijos de las internas que están alojadas en la cárcel. Además, los menores tienen que dormir con algodones en los oídos para que no se les metan cucarachas”, detalló una fuente judicial.

 

Población

Guereño, quien estuvo en la ciudad de Bs. As y brindó una charla denominada “Mujeres y Sistema Penal: el plus de sufrimiento”, organizada por el departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, sostuvo también que el Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con 28.000 cupos para detenidos, pero en la provincia hay 42.000 presos.
“La provincia de Buenos Aires es la mayor encarceladora del país y hay personas privadas de la libertad en comisarías, algo que no se puede hacer”, resaltó la docente de la UBA.
A criterio de Guereño, si los magistrados hicieran lugar a los pedidos de arresto domiciliario mediante el uso de pulseras electrónicas, se liberaría una gran cantidad de plazas.
“El Poder Judicial no resuelve esos pedidos. Los poderes Legislativo y Ejecutivo llamaron la atención para que se use esta herramienta, pero los jueces son reticentes a aplicar la ley”.
Agregó que la norma estipula que “si tenemos cárceles superpobladas, incumpliendo todos los tratados internacionales, y disponemos de otras vías, utilicémoslas”.

 

Fuente: La Nueva