Fue este martes por la tarde, por decisión de la jueza de Garantías María de las Mercedes Pereyra, pese a la oposición de las partes querellantes. Se encontraban detenidos desde el sábado a la siesta por orden del fiscal Daniel Turraca tras tomarles declaración como imputados por torturas a un interno el pasado jueves 23.

La titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, resolvió ayer liberar a los seis agentes penitenciarios imputados por torturar a un interno en la Alcaidía de Resistencia. Fue pese a la oposición de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos y las querellas particulares del Comité de Prevención de la Tortura y la defensora oficial Nº 5, María Daniela Acosta Calvo.

Se trata de un oficial, tres suboficiales y dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial que se encontraban detenidos desde el sábado a la siesta luego de prestar declaración indagatoria ante el fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca, y quedar imputados por “tortura”. La causa se inició por la denuncia de un interno de 23 años quién reveló que, el jueves 23 de agosto, un grupo de penitenciarios intentó violarlo utilizando una “tonfa” cuando reclamaba por el traslado a otro centro de detención y que, después, intentaron simular su presunto ahorcamiento con una sábana.

Las pericias forenses confirmaron que las lesiones que presentaba el interno eran compatibles con un intento de violación aunque el fiscal Turraca sintetizó el hecho bajo la calificación de tortura. En cambio, tanto el Comité de Prevención de la Tortura como la defensora oficial Nº 5, María Daniela Acosta Calvo –que actúan como querellantes- pidieron que, además del delito de “tortura”, se impute a los penitenciarios por “violación impropia” agravada, por considerarlo contra la integridad sexual y, por lo tanto, autónomo.

La peligrosidad procesal

Al ordenar la liberad de los imputados, la jueza Pereyra no tuvo en cuenta ninguno de los planteos de los querellantes particulares que entienden que, estando en libertad, los penitenciarios podrían poner en riesgo la investigación penal. Entre los riesgos advirtieron sobre la integridad física de la víctima -por lo cual se tramita una acción de habeas corpus ante el Juzgado de Ejecución Penal-, que el interno permanece aún bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial -alojado en el Centro de Detención Transitorio de Barranqueras-, que restan un cúmulo importante de medidas probatorias en las que “el número de partícipes y la naturaleza de la energía criminal desplegada resultan una proyección clara, seria y cierta de peligrosidad procesal para dichas diligencias” y, por último pero no menos importante, por las declaraciones de público conocimiento efectuadas por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia del Chaco, Néstor Florentín, que dan cuenta de “la cerrada defensa de la estructura del Servicio Penitenciario Provincial para con estos hechos de gravedad institucional”.

 

Fuente: chacodiapordia