El informe del “sistema de la crueldad” de la Comisión por la Memoria dedica un capítulo a la vida del colectivo trans y travesti en las cárceles provinciales. Entre ellas, la 2 de Sierra Chica. Allí hay una docena de personas trans en un pabellón de 150 detenidos.

Si bien en mayo se cumplieron seis años desde la aprobación en Argentina de la ley de identidad de género, el colectivo trans-travesti sigue padeciendo situaciones de discriminación que se redoblan muros adentro de las cárceles. En el informe que publicó la Comisión Provincial por la Memoria en el mes de agosto, se le dedica un capítulo completo en el que, inclusive, se da cuenta de las acciones legales que presentó el organismo por la falta de “de asistencia a la salud y un gran abandono en las condiciones materiales de alojamiento”.

Argentina es uno de los países con mayor avance en derechos civiles. Sin embargo, una cosa es la letra legal y otra, muy distinta, la práctica cotidiana. Hay pabellones en la Unidad 2 de Sierra Chica; en la 32, de Florencio Varela y en la 44 de Mar del Plata que alojan a personas trans aunque no de manera excluyente. Inclusive, el de Sierra Chica sigue erróneamente catalogado como “pabellón de homosexuales”. Allí -según fuentes del Ministerio Público Fiscal- hay 12 personas trans en un pabellón de 150 detenidos. Y se encuentra alojado, por ejemplo, Carlos Robledo Puch, con 46 años dentro de una prisión y del que se volvió a hablar una vez más por estos días a partir de la película de Luis Ortega. El informe sobre el sistema de la crueldad es muy claro al definir que en los penales se sigue negando la identidad de género, que implica lisa y llanamente la violación de la ley 26.743 y se somete a las personas trans y travestis a una particular vulneración. Por un lado, en la desatención específica de sus necesidades en materia de salud pero, además, por la exposición a situaciones de peligrosidad y de violencia sexual tanto de parte de otros detenidos como por integrantes del Servicio Penitenciario.

El organismo denuncia claramente la constante discriminación de la que este colectivo es víctima. Pero se resalta particularmente que es “objeto de burla y humillación por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense”. Y es así “desde el momento mismo en que no son registradas por su identidad de género sino por el nombre otorgado al nacer. Por otro lado son recluidas en pabellones junto a detenidos varones con causas por delitos contra la integridad sexual, asimilando la transexualidad a un delito sexual. La falta de datos en relación a la identidad autopercibida deriva en una inexistente producción de otro tipo de información que dé cuenta de la realidad particular que atraviesan estos grupos cuando son encarcelados”.

La población transgénero, tiene otros aditamentos que le son propios y que la Comisión por la Memoria detalla: la “imposibilidad de continuar o comenzar tratamientos hormonales”; la “pérdida de turnos en hospitales extramuros”, la falta de atención por parte de profesionales con algún tipo de “formación o de sensibilidad de género”. Y ni que hablar de la falta de adecuado “suministro de medicación ni de dieta especial indicada” o de medicación para protección gástrica por los cócteles en los casos en que padecen VIH.

Entre las muertes registradas en 2017, está la de Paula Macedo Panduro, de 29 años, detenida en Florencio Varela, olvidada, abandonada y sin acceso a la atención sanitaria.
Si las personas trans y travestis quedan expuestas a una fácil vulneración de sus cuerpos, la comisión denuncia también que “el acceso a sanidad se encuentra mediado por el SPB, quien utiliza este poder para extorsionar –muchas veces sexualmente- a las detenidas trans”. Con el agravante del abuso de poder y la violencia que representa que las sigan llamando por su identidad legal y no por su identidad autopercibida.
“Cada trans acarrea una larga historia de discriminación y desvalorización que se profundiza en el encierro carcelario. Las marcas violentas de estas instituciones dan cuenta de la manera en que el cuerpo se transforma en campo de disputa en el marco de las relaciones de poder patriarcales. Frente a esto el Estado es parte activa de la violencia”, se lee en el informe.

Se trata de un colectivo al que el resto de la sociedad mira de reojo o directamente invisibiliza. Que genera nerviosismo. Que desacomoda. “Reinvindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal”, provoca desde “Yo, monstruo mío”, la poeta travesti Susy Shock.

Entonces, sin hipocresías, es necesario preguntarse por ejemplo: ¿Acaso importa la existencia de un travesticidio en un micro en la terminal de ómnibus de una víctima cuya identidad se desconoce? Transcurrieron cuatro años y hay dos hombres que fueron condenados a 8 años de cárcel hace tres. Pero se sigue sin saber quién fue asesinada aquella mañana olavarriense en la que la ciudad recién empezaba a desperezarse. Es decir, si un homicidio a siete u ocho cuadras del corazón de Olavarría no sacude ni moviliza, ¿cuánto pueden importar las travestis y trans que no mueren en un micro de la terminal sino adentro de una cárcel? ¿O que viven o malviven hasta la temprana edad de 35 años, promedio vital para ese colectivo?
Los derechos civiles están escritos en las leyes y constituyen un avance. Pero la práctica –en los arrabales y en las cárceles- está lejos y olvidada.

Fuente: diario el popular, palabras de Claudia Rafael