El Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba en coordinación con la Delegación de la Defensoría departamental en Calamuchita solicitó la actuación de la Policía Ambiental por irregularidades en una mina en Las Bajadas. A los pocos días, la explotación clandestina de minerales fue clausurada.

El pasado miércoles 4 de enero, el equipo del INADEP, junto a la Delegación de la Defensoría en Calamuchita y la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba se hicieron presentes en la Comuna de la localidad de Las Bajadas para recorrer con los funcionarios locales el predio donde se estaba desarrollando la explotación minera para la extracción de cuarzo. El alerta se dio a partir de una denuncia colectiva que realizaron los vecinos y vecinas de Cañada de Molsavo, quienes adujeron la presencia de máquinas y movimientos extraños en terrenos aledaños.

La inspección se generó a causa de dudas sobre la transparencia en la reglamentación para emprender la actividad minera, ya que la explotación inició su accionar sin los permisos obligatorios necesarios en una zona que está inserta en el área de color rojo en el actual mapa de territorio de ordenamiento de bosques.

Si bien las maquinarias utilizadas en la explotación habían sido retiradas antes del arribo de los inspectores de la Policía Ambiental, al momento del recorrido por el área, los técnicos de la Defensoría del Pueblo pudieron observar el desmonte para la apertura de callejones, picada para carga de camiones y reposo de operarios, dos fosas de extracción de cuarzo realizadas con maquinaria pesada y el acopio de cuarzo para su posterior carga. 

Al finalizar la fiscalización, los agentes corroboraron que hubo desmonte ilegal en una zona protegida por la Ley de Bosques, movimiento de suelo y apertura clandestina de caminos.

Ante la imposibilidad de dialogar con el propietario del emprendimiento minero, quien, anteriormente, había permitido el acceso de los técnicos para llevar a cabo el control, no se registraron argumentos, justificaciones, ni una defensa a su establecimiento. Así también, el empresario se negó a prestar su propia versión de los hechos.

El sábado 7 de enero, desde el tribunal conformado por la INADEP y la Defensoría del Pueblo de Calamuchita, dieron la orden a la Policía Ambiental, quien dispuso el cese preventivo y precautorio, concretando la clausura temporaria de la cantera.

Fuente: Secretaría de Comunicación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y el Diario de Carlos Paz.
Imagen: cortesía de la página web de la Defensoría del Pueblo.