Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado Constitucionalista y
Periodista columnista de opinión

No es lo mismo el mercado en una sociedad que una “sociedad de mercado”. Lo
primero constituye la dinámica propia de una comunidad en la que se deben articular
los beneficios, tratando de respetar el bien común, en un ámbito de convivencia. Otro
concepto diferente es plantearlo con la lógica de la llamada “sociedad de mercado”.

Este último concepto pretende que todas las reglas de la interacción humana las
determine el mercado, obligando a que se tomen las decisiones, con criterios de
máximo beneficio económico, sin respetar otras perspectivas que hacen a las
necesidades humanas y sociales. El Papa San Juan Pablo II, en su Carta Encíclica
“Centesimus Annus” de 1991, al respecto sostuvo, que “esta sociedad tampoco se
opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las
fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las
exigencias fundamentales de toda la sociedad… el Estado y la sociedad tienen el deber
de defender los bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen el único marco
dentro del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines
individuales”. Lo referido es de particular importancia para no convertir la realidad en
una economía de exclusión que aumenta desigualdades y trata a las personas como
entidades que interactúan sólo guiados por las leyes de la competencia y el máximo
beneficio individual.

Los conceptos antes mencionados son de particular importancia tenerlos en
claro, especialmente en este momento, cuando en el país lógicas neoliberales operan y
tratan de imponer una “sociedad de mercado”, que no defiende el “mercado interno”,
que es propio de la sociedades con su mercado al servicio de todos.

Hay que reparar, que la riqueza de los pueblos es el resultado del pleno empleo
en dignidad de sus mujeres y hombres, su capacidad para desarrollar sus ventajas
comparativas y naturales y de una actitud de defensa de su mercado interno.

En esta necesaria visión, Humberto Spaccesi presidente de la Asamblea de
Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) de Córdoba comenta que la organización
ha largado una campaña de concientización en la necesaria protección del mercado
interno. Y junto a él, el empresario Jorge Berti, me permitieron desgranar algunas
reflexiones fundamentales en la temática, sin pretender agotarlas.

En primer lugar, hay que significar que sin mercado interno no hay industria y
éstas son las que agregan valor y ayudan a una mejor distribución de la riqueza. En
ese mercado las PyMEs son las que generan más del 70% del empleo en Argentina y
ellas viven del mercado interno.

Esta realidad es de particular importancia que la tengan en claro la sociedad y
los gobiernos en todos sus niveles.

Por ello, resulta necesario asumir una actitud reflexiva y solidaria en la compra
de productos importados, en detrimento de los nacionales porque, al adquirir productos
extranjeros que se producen en el país, se puede estar obligando a cerrar empresas
argentinas y agrandar la herida del desempleo.

A su vez, el gobierno nacional debe evitar que los aranceles de importación
favorezcan netamente a las empresas extranjeras en general, ya que éstas tienen
muchas excepciones que les permiten importar a costos inferiores, respecto de los
costos de importación de los componentes necesarios para la producción local.

También, la ley de 25.551 de Compre Nacional y la Ley 9331 de Compre
Córdoba se deberán aplicar rigurosamente y con mayor amplitud de criterio, que
contemple los impuestos nacionales perdidos y el efecto multiplicador de la compra
local, por sobre la inversión en productos o servicios extranjeros.

Por su parte, en la redacción de Pliegos de Compra del Estado -nacional,
provincial y municipal- tendrán que ser supervisados con criterios de Soberanía
Tecnológica que permita el desarrollo endógeno de nuestras PyMEs, para hacerlas
competitivas a nivel Nacional e Internacional. Además, se debe tener presente que la
dependencia tecnológica por insumos extranjeros, impactan en mayor gasto de divisas
e imposibilita el desarrollo de la industria local. Un primer paso importante es garantizar
un porcentaje de compra a las PyMEs locales de las inversiones que efectúan los
gobiernos en todos sus niveles. Baste señalar, que no se analiza, por ejemplo, que a
las 21.500 luminarias que publicita la Municipalidad de Córdoba que instalará, en la
licitación de compra de las mismas, a las empresas locales se las marginó. En el pliego
licitatorio se solicitaban antecedentes que solo podían cumplir empresas extranjeras,
por ejemplo, se exigía que las empresas participantes demuestren antecedentes de
10.000 luminarias vendidas, cuestión que imposibilita la participación de las PyMEs, ya
que actualmente no llegan a dichas cantidades. Además se obligaba la entrega casi
inmediata, en grandes volúmenes, injustificados por los tiempos previstos para su
instalación.

En Argentina, más del 50% de las 500 empresas más grandes están manos de
capitales extranjeros, por lo que hay que evitar que el Mercado Interno sea manejado
por ellas, por sobre las PyMEs nacionales. En este aspecto, se debe tener presente,
por ejemplo, que las empresas extranjeras envían sus utilidades a sus casas matrices y
para ello se llevan dólares, que no es nuestra moneda y deciden sus costos
inflacionarios, en función de las ganancias en moneda extranjera que deben asegurar a
sus accionistas extranjeros. Téngase en cuenta que Argentina está entre los cinco
países que remiten al exterior, más alto porcentaje de su producto bruto interno (PBI)
en concepto de regalías, prácticamente el 4%. Dicho porcentaje es superior al que se
aplica al gasto que se invierte en salud y educación sumadas.

Lo desarrollado busca fijar algunas de las necesarias posturas a asumir, para
evitar que nuestro mercado interno desaparezca, que las decisiones en materia
económica se tomen sin respetar el bien común nacional, afecten la subsistencia y
desarrollo de nuestras PyMEs y nos manejen en monedas que no son las nuestras.