Nicolas Macchione, abogado y participe de la Asociación Pensamiento Penal habló con La Ranchada a una semana de la multitudinaria marcha, de la ley dictada por el Senado y sobre la presentación de pedios por parte de los genocidas para que se les aplique el 2×1.

Hace 15 días se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia quien otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña. Al respecto, Nicolás Macchione entiende que: “Generalmente los dictámenes de la corte suprema son respetados por todos los juzgados de todo el país. En esta semana hubo una ley y hubo fallos de jueces que no aplican lo de la corte manifiestan que no entienden lo mismo que la corte entendió. Es algo novedoso. Los jueces dictan lo que su superior dicta.

Hubo cierta rebelión por parte de los jueces de menor jerarquía”. Este repudio fue acompañado por los miembros de las cámaras de Senadores y Diputados quienes dictaron una ley que prohibiría el derecho del 2×1 para aquellos que violaron los delitos de lesa humanidad.

Pero a pesar de todo esto, en todo el país se siguieron presentando pedidos de aplicación del 2×1 de parte de los genocidas. Según Nicolas, esto sigue sucediendo “porque la ley tardo y la mayoría de las presentaciones fueron antes de la promulgación de la ley”. Y opina que: “no me preocuparía tanto por las presentaciones de los abogados. Sí nos debería preocupar que los jueces les den la libertad a los represores”. Es decir, puede ser que jueces acepten el beneficio, aunque “sería extraordinario”. “Todos los casos en los que tengo conocimiento, los jueces han denegado este derecho”, aclara Macchione.

El fallo de la Corte se dictó a pesar de que una serie de dictámenes internacionales con validez constitucional prohibía tal beneficio para genocidas. Nicolás opina que hubo intereses políticos detrás de este veredicto. “Está viciado el dictamen de la corte, porque es raro que la corte intervenga en este tipo de casos. Hay millones de casos que no son de represores y nunca intervinieron”. Por eso, “ el fallo es más político que jurídico, y es errado a nivel político porque la memoria, verdad y justicia, están arraigadas al pueblo argentino”.

Ante la posibilidad de que este beneficio se aplique a otras penas, Macchione explica que es un derecho que puede ser aplicado. “Como la ley del 2×1 tuvo vigencia entre 1994 y 2001, ninguna persona que haya estado presa en ese tiempo sigue estando presa. Porque ya pasaron 15 años. Los casos que pueden pedir el 2×1 ya seguramente se los han computado”.

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