Por Miguel Rodríguez Villafañe

Abogado Constitucionalista y
Periodista columnista de opinión

La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero. Esta
modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un claro y profundo
empobrecimiento para quien debe pagar los intereses abusivos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa
Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina, dispone que: “Tanto la usura como
cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21, inc. 3).
Por su parte, el Código Penal argentino reprime el delito de usura en el artículo 175
bis. En la referida norma se establece que tendrá sanciones de prisión y multa el que,
“aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o
prometer, en cualquier forma, para sí o para otros, intereses u otras ventajas pecuniarias
evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorga recaudos o garantías de
carácter extorsivo”.
No obstante lo determinado por la legislación, en los hechos, la usura no ha tenido,
por parte del Estado, en general, una firme voluntad de reprimirla o de accionar de
manera preventiva al respecto. Repárese que esta actividad delictiva hiere grave e
injustamente el patrimonio de las personas, afecta la economía pública, la buena fe en los
negocios y trae desocupación, empobrecimiento, enriquecimientos indebidos, cierre de
fuentes de trabajo y explotación de los débiles. En definitiva, ataca la dignidad de las
personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos. Lo
antes referido se potencia en momentos de crisis económicas, como la que se está dando
en el país.
A su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la llamada
“patria financiera” ha sido una cultura en la que la especulación dineraria desmedida fue
aceptada con permisividad moral, por sobre la protección del capital proveniente del
trabajo o de la producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera” funciona con más firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los abusadores.
Asimismo, el Estado ha generado y propicia irresponsablemente, situaciones ideales
para la proliferación de la actividad usuraria. Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta propicio para empujar a las personas y a las empresas, en manos de los usureros para conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.
Por otra parte, no se controla eficazmente a las entidades que dan préstamos,
muchas de ellas funcionan de manera informal, con propaganda tramposa, sin dar
información sobre los intereses que se cobran y los gastos administrativos abultados que
se hacen abonar, sin justificación. En base a fáciles requisitos de otorgamiento y por
sumas de dinero no muy grandes, se invita a los más débiles a tomar créditos personales
con modalidades usurarias. Los sectores empobrecidos y necesitados solo evalúan su
capacidad de pago de las cuotas, sin reparar que terminan pagando tasas de interés
desproporcionados que, en algunos casos, llegan a superan el 100% del monto del dinero
recibido. A veces, incluso, se retiene parte del capital y se hace firmar como si se hubiera
retirado el total y de esa manera se busca disimular los intereses indebidos que se cobran
y los necesitados de dinero aceptan dichas modalidades abusivas sin poder oponerse.
También comercios de distintos tipos, desde zapaterías a ventas de artículos electrodomésticos, entre otros, han adoptado engaños similares, para otorgar créditos de
consumo de sus productos. Tampoco esta modalidad es controlada debidamente por los
órganos estatales pertinentes.
Además, nadie investiga los depósitos de muebles, que actúan como casas de
empeños disfrazadas y en las que se cobran cifras desmedidas por lo que se presta, con
la garantía del bien que se hace dejar en guarda.
Más a lo referido hay que sumar la usura consentida y propiciada, en especial, por el
Gobierno Nacional actual, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo y la
usura constituye uno de sus fundamentos. Se ha dedicado a tomar créditos en dólares,
haciendo crecer grandemente la deuda ininterrumpidamente, sin que la recaudación
tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de
la generación de recursos genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando
deuda, particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con nueva
deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente, lo que se transforma en una
deuda a perpetuidad. En realidad, ante la necesidad inexorable de contar nuevamente
con dinero por parte de la Argentina, los acreedores usureros nos someten a condiciones
cada vez más desproporcionadas. Situación esta última que se agrava en este momento,
si se tiene en cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un Estado en el que
el gobierno nacional, gran parte de los funcionarios que deben equilibrar los desequilibrios tienen su dinero en el exterior y han sido muy beneficiados con el alza del dólar. Y a su vez, algunos de ellos han sido y son representantes de la usura más despiadada, como son los llamados “fondos buitres”. Fondos estos que esquilmaron a la Argentina y que no saciados con ello han iniciado nuevas demandas contra el país.
No se puede permitir que el Estado siga siendo cómplice y partícipe necesario de la
usura nacional e internacional. Y quienes intervengan en representación de Argentina en
las negociaciones no pueden llevarnos a consentir créditos usurarios, ya que ello se
transforma en una verdadera actividad delictiva que hiere la dignidad de nuestro pueblo y de ninguna manera puede tenerse esa mediación de nuestros funcionarios, como un bien para el país.

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