El gobierno nacional se reunió ayer con referentes de organizaciones sociales y se comprometió a ejecutar el 100% del presupuesto previsto para la implementación de la “Ley de Emergencia Social”, votada en diciembre del año pasado.

De la reunión participaron, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, representantes de los movimientos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). También asistieron al encuentro representantes de la Iglesia Católica como “fiadores” del acuerdo alcanzado.

La pulseada entre organizaciones sociales y el gobierno por la plena implementación de la ley se viene dando desde la semana pasada. La propia Stanley había justificado el incumplimiento de la ley en los “brotes verdes” de la economía y en el respaldo que el Gobierno cosechó en las PASO. Los movimientos sociales tomaron la actitud del gobierno como una provocación y decidieron trasladar el reclamo a la calle. Una jornada de lucha -ahora suspendida- que los llevaría a concentrarse en las puertas de hipermercados para solicitar alimentos para los sectores mas vulnerables. Sumado a cortes programados y ollas populares.

El Ejecutivo finalmente dio marcha atrás en su actitud reticente a dialogar, y se comprometió a cumplir con diferentes puntos estipulados en la ley, y sumar otros: como el aguinaldo para cerca de 500 mil trabajadores inscriptos en programas de empleo social, y consensuar antes de fin de año un proyecto legislativo sobre la emergencia alimentaria.

Por el acuerdo quedaron sin efecto los planes de protesta anunciados por las organizaciones sociales. Pero en declaraciones a distintos medios aseguraron que se mantendrán en alerta, y se volverá a la protesta si el gobierno no cumple con los acuerdos pactados.