Tras un crecimiento del 8% anual de 2017, de los casi 12.000 presos que albergan las Cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la gran mayoría sostienen una prisión preventiva.

Debido a esto, la cantidad de presos que ha ido en aumento, según el Informe Anual de 2017, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la cantidad de presos en las cárceles dependientes del Estado nacional pasó de 10.968 a fines de 2016 a 11.861 en 2017 y solo el 43% de ellos cuentan con condenas firmes.

El documento presentado en el Congreso nacional y difundido por un reconocido periódico, sostiene que “el aumento de la población privada de libertad es un fenómenos muy preocupante que se constata en la inmensa mayoría de las jurisdicciones de Argentina”.

“Este incremento es consecuencia de la implementación de estrategias de endurecimiento punitivo, antes que del agravamiento del fenómeno delictivo. Las diversas experiencias internacionales han evidenciado que las políticas de *mano dura* ofrecen escasas soluciones al problema de la inseguridad, al tiempo que empeoran sobremanera las condiciones en que se desarrolla en encierro institucional” se alerta.

Se señala además que “en el transcurso del último año, la población en las cárceles federales ha seguido aumentando. El 31 de diciembre de 2016 había un total de 10.968 personas detenidas y un año después había aumentado a 11.861 personas, lo que implica un incremente del orden del 8 por ciento”.

 

Penas alternativas

La Procuración Penitenciaria de la Nación, agregó que ante la posible concreción de construir nuevas cárceles federales, que podrían albergar las 24 mil plazas, se propondrán “penas alternativas” a la prisión.

“Como organismo de protección de los derechos humanos y prevención de la tortura en jurisdicción federal, la Procuración Penitenciaria sostiene que la Argentina no necesita duplicar la cifra de sus presos federales, sino que lo que se requiere es el diseño y aplicación de una política criminal racional, democrática, previsible y evaluable, que contemple penas alternativas a la prisión”

En este contexto, el organismo sugirió “la reducción del encarcelamiento preventivo y el respeto de los derechos humanos de las personas”

 

 

 

Fuente: ámbito.com