Ante los hostigamientos, las persecuciones y las detenciones arbitrarias que realizan las fuerzas policiales de todo el país, se está manifestando un nuevo fenómeno. Las personas víctimas de esos tratos, filman el accionar policial con su celular y lo suben a las redes sociales. Estos videos o hasta fotografías, son herramientas y prueba contundente del atropello policial contra pibes y pibas, de clases bajas, e inmigrantes.

Cuando el video se transforma en una prueba judicial

El pasado 22 de febrero, Carlos Paz se vio sacudida por la estremecedora noticia: otra vez un pibe muerto en manos de la Policía de Córdoba. Este chico, era Franco Amaya, de tan solo 18 años que iba en moto con su primo y que fue baleado a quemarropa. Se dice que fue una vecina del lugar quien filmó el video en el cuál los agentes de policía involucrados en el homicidio de Franco, se niegan a llamar a la asistencia médica. Este video fue de suma importancia para el esclarecimiento del hecho y la inmediata detención del policía Rodrigo Bustos. Al respecto, cuando hablamos con Laura Córtez, mama de Franco, nos decía que, en el video se muestra cuando el policía tenía puesto guantes de látex para buscar el casquillo. Hasta se escuchan los insultos y la expresión de Bustos: “yo no lo maté”.

“Herramienta de limitación y de control importante”

El Juez de Necochea, Mario Alberto Juliano, habló sobre las filmaciones de los ciudadanos ante los accionares policiales, en la presentación de su libro “Código de convivencia comentado”, co-escrito con Lucas Crisafulli. En ese momento, rescató que las filmaciones muestran una “cierta resistencia ciudadana”.

Y agregó: “son una herramienta de limitación y de control importante”. Al respecto, negó la existencia de una disposición que prohíba grabar con el celular un procedimiento público. Aunque marcó que estas situaciones no les suelen caer bien a los uniformados: “Obviamente que les molesta, lo hemos visto en algunas grabaciones el modo en el que intentan evitarlo”.

De todas maneras, filmar un operativo policial es “un buen reaseguro” para los presentes en ese momento y frente a posibles arbitrariedades que puedan ocurrir.

Lucas Arrimada, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UBA, detalló para La Izquierda Diario, que existe un derecho constitucional a filmar el accionar de la policía.

“Filmar es un derecho a controlar ciudadanamente el desempeño de un funcionario público. Todo acto policial es un acto público de gobierno, que debe ser transparente y puede ser controlado. Sacar una fotografía y/o filmar son derechos propios de la libertad de expresión que reconocen y protegen la Constitución”, comenta Arrimada.

“La Policía no puede sacar, tapar y/o censurar los celulares de las personas que graban su actuar. Tampoco puede ordenar que las personas dejen de filmar. Esos funcionarios realizan un acto de censura de un derecho constitucional. La Policía tiene el deber de respetar el derecho a firmarlos sin entorpecer su accionar, sea en un espacio público y/o privado. Los actos de la Policía son públicos siempre sean en espacio público y/o privado”, concluye.

Los videos se comienzan a viralizar en las plataformas web: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Adquieren relevancia social. Muchas veces, los y las Policías que se encontraban en ellos, son investigados y apartados de sus cargos por sus accionares desmedidos.

Filmar operaciones policiales, ya sea de carácter arbitraria o no, son una respuesta ante el hostigamiento y la persecución de la Policía a ciertos sectores de la sociedad. Un nuevo recurso con una doble lógica: adoptado para la propia protección de las personas que han sido demoradas, y utilizado para visibilizar la conducta represiva de las fuerzas de seguridad del país.