El día de ayer marcó un nuevo aniversario del final de una de las páginas más negras en la historia de América Latina y el Caribe. El 1 de Marzo de 1870, al morir Francisco Solano López, entonces presidente paraguayo, terminaba la Guerra de la Triple Alianza. Esta fue una guerra genocida en la que Argentina, Brasil y Uruguay combatieron al Paraguay durante seis años. El resultado más terrible de esta guerra fue la masiva mortandad de la población, aproximadamente un millón de muertos, casi un 90% de la población masculina. Muchos niños y adolescentes, enrolados en el ejército paraguayo, murieron y otros tantos fueron vendidos luego como esclavos a los cafetaleros paulistas.

Además Paraguay sufrió grandes pérdidas territoriales, entre ellas, la salida al mar y el derrumbe de lo que por entonces era una de las economías más soberanas y desarrolladas, con ferrocarril y fundiciones de hierro propias. Los historiadores señalan que justamente fue ese modelo soberano lo que potencias extranjeras como Gran Bretaña quisieron derribar. Los participantes quedaron fuertemente endeudados con la banca inglesa y las industrias paraguayas pasaron, luego del conflicto a manos inglesas.

Pero también ayer, 1° de Marzo, comenzó en Colombia la dejación de armas de las FARC-EP. Según el cronograma establecido por los Acuerdos de Paz, el 30 % de las armas serán entregadas a las Naciones Unidas supervisadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Otro 30 % de las armas y explosivos serán entregados dentro de 30 días y el 40 % restante en 60. Las armas quedarán almacenadas en contenedores, bajo el control del equipo de Naciones Unidas.

Sin embargo, no todas son rosas y algunos de los temores que existían previo a la firma de la paz por parte de los movimientos sociales, se han visto confirmados.

En especial, el punto del acuerdo que garantizaba la seguridad física de los líderes y lideresas sociales. Amnistía internacional denunció más de 80 asesinatos en los últimos seis meses, en su gran mayoría de referentes de movimientos campesinos y sociales.

También la infraestructura deficiente de las zonas veredales transitorias, donde los más de 6000 ex combatientes están concentrados, es un punto incumplido por el gobierno en cuanto a lo estipulado en el acuerdo. Dichas zonas deberían contar con puestos de salud, alojamiento, aseo, alimentación y elementos pedagógicos y en varios casos, como en Icononzo – según relata la agencia de noticias Colombia Informa – una zona geográfica con frecuentes y fuertes lluvias, los ex guerrilleros han debido prácticamente arreglárselas solos.

Mientras tanto otros puntos van avanzando, como las leyes en el Congreso que habilitan la justicia especial transicional y también la participación política de las FARC. Con 86 votos a favor y 13 votos en contra, la plenaria de la Cámara aprobó el Acto Legislativo que permite a la guerrilla dejar las armas y convertirse en un partido político que pueda tener participación en el Congreso en los próximos dos periodos legislativos. Hasta el 2022 contarán con una presencia asegurada tanto en Senado como en Cámara, en donde habrá, respectivamente, 5 curules.

Pero lo fundamental es que una gran parte de la ciudadanía está atenta. En
especial los colectivos y movimientos sociales organizados que reclaman una paz con cambios y transformaciones sociales, del modelo económico y con alternativas de economía solidaria y cooperativismo.

De gran interés, atendiendo a una de las causas principales del fallido plebiscito del 2 de Octubre donde triunfó el No a los primeros acuerdos, la falta de participación popular, es la iniciativa conocida como “Mesa Social para la Paz” movimiento que propone 100 encuentros de paz como un número que representa totalidad. Esto de cara al iniciado proceso público de negociaciones entre el gobierno y el ELN, última facción en armas.

Con estos encuentros, que se llevarán a cabo el 4 de febrero, se le propone al pueblo colombiano que participe y defina cuál es la paz que quiere construir y espera que no haya más impedimentos ni incumplimientos para tan anhelado sueño.

Por otro lado, continúa la crónica de Colombia informa, este lunes en la tarde cientos estudiantes se congregaron en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia para exigir la libertad de su compañero Mateo Gutiérrez, acusado de haber realizado atentados con explosivos como el último, del 19/2 en Bogotá, que el ELN se ha adjudicado. Sus compañeros y otras miles de personas desmienten enfáticamente esta acusación.

En medio de enormes dificultades, la paz trata de abrirse camino en Colombia.

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