Del 30 de agosto al 1 de septiembre se realizó en el predio de la ExESMA y actual Espacio Memoria y Derechos Humanos en Capital Federal, el Segundo Encuentro Latinoamericano de Comunicación Indígena organizado por la Defensoría del Público.

El Segundo Encuentro Latinoamericano de Comunicación Indígena fue una jornada desarrollada en tres días y que aglomeró experiencias comunicacionales de integrantes de distintos pueblos campesinos e indígenas.
A nivel nacional, participaron comunidades de 17 provincias y, también, estuvieron presentes organizaciones de Perú, Brasil, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia y Paraguay.

Moisés Rioja, miembro de Wayruro Comunicación Popular de Jujuy comentó las vivencias de una reunión que ya había tenido como antecedente el Primer Encuentro que se realizó los primeros días de diciembre del año pasado. “Este Segundo Encuentro fue mucho más numeroso con respecto a la participación, ya que estuvieron presentes 70 organizaciones y comunidades indígenas y campesinas de toda América Latina”, comentó Moisés.

El eje central se dividió en dos paneles y dos comisiones. Los primeros tuvieron que ver con las temáticas de comunicación estratégica campesino-indígena y derecho a la comunicación en la coyuntura actual con la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el traspaso de su jurisdicción del AFSCA a la ENACOM. Con respecto a las comisiones, se organizó una de gestión de medios comunitarios, campesinos e indígenas sobre las bases de lo político, económico y comunicacional y el debate y participación de los proyectos presentados. Luego, se discutieron las conclusiones extraídas de cada uno de los paneles y comisiones.

A su vez, se estableció una feria de organismos estatales para la consultoría del equipo de legislación de la Defensoría del Público en su área legal con el fin de concretar estrategias de abordaje sobre cada una de las distintas situaciones. De esta manera, los miembros de comunidades campesinas e indígenas pudieron acercarse para consultar sobre las licencias, trámites, autorizaciones y concursos que quedaron paralizadas ante el cambio de la Ley 26.522 con y la desregularización del funcionamiento de los medios comunitarios frente al freno del financiamiento de los FOMECA que fueron legítimamente ganados durante el 2015.