En el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la semana pasada los abogados de Luciano Benjamín Menéndez habían presentado el pedido ante el Tribunal Oral Federal I para que se le redujera la pena. Este lunes, el pedido fue rechazado por los jueces de la Cámara, Jaime Diaz Gavier y Julian Falucci.

En el documento oficial emitido desde el Tribunal Federal aclara que: “Sin desconocer la doctrina que emana del más alto tribunal, en el sentido del deber de acatamiento moral de los fallos de la Corte Suprema por parte de los tribunales inferiores, los jueces deben cumplir el deber jurídico de interpretar y aplicar la ley al caso concreto de acuerdo a su criterio. Conforme a ello, corresponde entrar al análisis del caso para meritar las circunstancias jurídicas y fácticas del mismo a fin de resolver el planteo deducido”.

El documento continúa detallando los argumentos que sustentan la decisión negativa sobre “Luciano Benjamín Menéndez condenado por este Tribunal, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por la comisión de gravísimos delitos, enmarcados dentro de la categoría internacional de delitos de lesa humanidad”. En este caso, “el peticionarte Menéndez nunca ha aportado dato alguno para contribuir a esclarecer los gravísimos hechos de desaparición forzada de persona y de menor, que pudiera dar lugar a una reducción de la pena impuesta”

Por todo esto y muchos más argumentos que propone el documento presentado hoy y firmado por los jueces de Cámara, Jaime Diaz Gavier, Julian Falcucci y la secretaria Consuelo Beltrán, se resuelve: “No hacer lugar a la solicitud de rectificación de cómputo de pena con aplicación del artículo 7 de la ley 24.390 y en consecuencia denegar la excarcelación a Luciano Benjamín Menéndez, conforme a los argumentos expuesto”.

Además de esta negativa, en este documento se expone lo siguiente: “La legislación y pronunciamientos de tribunales federales deben necesariamente adecuar sus pautas a estos estándares internacionales. Los documentos y sentencias internacionales son contundentes en el sentido de afirmar que los autores de delitos de lesa humanidad no pueden beneficiarse con reducciones de pena”.

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