La Ley prevé la suspensión por un plazo de 4 años de todos los procesos de desalojo que sufren la mayoría de los barrios populares, declarando de utilidad pública los terrenos en los cuales se encuentran asestados esos barrios y sujetos a expropiación por parte del Estado Nacional, para posterior entrega del título de propiedad para aquellos que habiten ese suelo.

También establece que un 25 %  aproximadamente de la obra pública destinada a dichos barrios, sea realizada por las propias organizaciones sociales y los vecinos de esos barrios.

En este marco Pablo Nori Montes Secretario General de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), habló sobre la Ley, destacando que “es un día histórico, detrás de todo esto hay una gran lucha de las sectores populares, donde se realizó un inmenso trabajo“.