Por Marco Galán.

A la problemática de saneamiento de títulos de viviendas de uso familiar, hay que contextualizarla en el marco del agravamiento de la situación habitacional de millones de Argentinos en las últimas décadas. En tal sentido es necesario entender que los procesos migratorios y de concentración poblacional en las ciudades se han visto agravados a partir de la industrialización y la revolución científica tecnológica iniciada en el siglo pasado, la constante incorporación de tecnologías a la producción rural y el avance del monocultivo, estos procesos han provocado entre otros aspectos el agravamiento de la concentración demográfica a nivel nacional y provincial, la que se expresa en el constante aumento de la población urbana, pasando de un 62,25 % para 1947 a un 89,31% (35.8 de 40.1 millones censo 2001) de la población nacional viviendo en centros urbanos de más de 2.000 habitantes. Son las poblaciones jóvenes quienes masivamente han migrado desde las áreas rurales a los centros urbanos. En la Provincia de Córdoba, con un total de Población de 3.308.876 hab. (INDEC 2010), el 84.47% vive en centros urbanos y sobre el total de la población el 39% reside en la ciudad Capital. Estos procesos de concentración urbana no estuvieron acompañados de políticas de acceso al suelo urbano y de vivienda, generado diferentes situaciones de hábitat informal. Entre las distintas razones que se identifican para que a los sectores populares y trabajadores se les dificulte el acceso a la tierra y al goce del derecho a una vivienda digna se pueden señalar, el acelerado y desmedido incremento de los precios de los inmuebles, la especulación inmobiliaria y financiera sobre el uso del suelo, la falta de regulación urbana y rural del estado sobre el mercado de tierras y la nula o inadecuada financiación para los sectores populares y trabajadores, entre otros aspectos .En tal sentido el documento de Habitar Argentina, 2010 señala que “El alto déficit habitacional y su repercusión en los sectores de más bajos recursos, el derecho a la propiedad visto como derecho absoluto sin consideración de su función social y la necesidad de un rol más activo por parte de los distintos estamentos del Estado son ejes centrales en la búsqueda de soluciones”.
Gran parte de esta demanda habitacionales, no atendida por el estado se ha incorporado a los asentamientos o Villas de Emergencia. Pero también se ha relevado que a partir de la década del ‘80 se van a desarrollar otras estrategias en el acceso a la tierra y que se motoriza a partir del fenómeno de la relocalización de la pobreza urbana dentro de la misma ciudad, donde comienzan a ocuparse, lotes individuales baldíos y se realiza la ocupación colectiva de terrenos con factibilidad de urbanización al tiempo que se produce la venta ilegal de tierras en los llamados loteos fraudulentos.

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En este contexto han surgido leyes que han intentado regularizar estas situaciones. En el caso se Córdoba la sanción de la ley nº 9150 (2004) recoge los contenidos de las Leyes Nº 9100, y la Nº 8932 y se propone intervenir en el saneamiento de títulos de inmuebles rurales y urbanos. Esta ley creó un organismo destinado a ser unidad ejecutora provincial en el Ministerio de Justicia que se denomina: “Programa Tierra para el Futuro”. Entre los postulados y objetivos de esta establece que se pueden realizar todos los actos y trámites que resulten necesarios y conducentes para el saneamiento de los títulos de propiedad., también se prevé que se realicen las tareas necesarias para determinar los inmuebles en situación de irregularidad o conflicto dominial e investigar los antecedentes que resulten necesarios para resolver su situación, entre otros aspectos como la gratuidad de los trámites ante el estado.
La ley fija un procedimiento previsto en los artículos del nº 9, al 14 que en el caso de que prospere la solicitud de las familias, lo que esta legislación permite alcanzar es la inscripción de la posesión en el Registro Personal de Poseedores. Ahora bien, este título posesorio, no es igual a una escritura o título perfecto, ya que siempre se estará en riesgo de que los titulares dominiales puedan ejercer judicialmente sus derechos y desalojar a los poseedores tal como lo disponen los artículos nº 17 y 18. Como queda demostrado solo esta situación posesoria se consolidara de manera definitiva realizando un juicio de usucapión con los costos que esto genera y los tiempos que lleva, para lo cual hay que recurrir a la vía judicial.
Ahora bien, para hacer un juicio de usucapión, no es necesario inscribirse en el registro personal de poseedores, por lo que nos preguntamos ¿para qué sirve este trámite, si no da ninguna seguridad jurídica a las familias? En Córdoba 52000 familias han iniciado este trámite con la esperanza de que obtendrán seguridad jurídica de su vivienda, situación que en varias oportunidades ha sido ya demostrado de que no se logra, ya que algunas han sido desalojadas, y otras están siempre con el miedo y la incertidumbre de que el desalojo se produzca, debido a esta posición tan precaria que otorga esta normativa.
En este sentido bueno es tener en cuenta que hay otras legislaciones que si resuelven este problema de los ocupantes o poseedores. Entonces la pregunta que nos hacemos, es porque el Gobierno de la provincia no aplica la ley 24374 de Regularización Dominial sancionada por el Congreso Nacional en el año 1994, y que se ha aplicado en casi todas las provincias. Bueno es recordar que la legislatura adhirió a esta ley en el año 2010 mediante la ley Nº 9811. Esta legislación permite a las familias que ejercen la ocupación o posesión con fecha anterior al 1 de enero de 2009 (art 1), de lotes con destino a vivienda familiar, obtener la escritura de sus lotes y viviendas pasados los 10 años del reconocimiento de la posesión (art 8).Es decir que se evita el juicio de usucapión y por una vía administrativa se logra sanear y regularizar definitivamente, entregando la escritura de la vivienda
Es hora de que se implemente en Córdoba la ley nº 24374 de regularización dominial para darle seguridad jurídica a las miles de familias que en las últimas décadas han construido sus viviendas y que necesitan dejar de vivir en la incertidumbre, garantizando en parte lo que establece el artículo 58 de la constitución provincial que afirma que “ Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley”.

Marco Galán: Mgter en Administración Pública. Lic. en Trabajo Social. Docente e Investigador Escuela Trabajo Social. FCS. UNC. Director de Radio La Ranchada.