En vistas al amplio proceso de discusión generado por el polémico intento de derogación de la Ordenanza N° 11.988 que disponía la creación del Banco Municipal de Inmuebles, distintas voces se encuentran para justificar sus propuestas. 

El Jefe del Bloque Juntos por Córdoba, Lucas Cavallo, declaró recientemente los pormenores de la reunión desarrollada con los representantes de cada fuerza para evaluar el compromiso en la realización de una nueva ordenanza de carácter consensuada, que pueda contener la debida reglamentación del Banco Municipal de Inmuebles.

Al ser consultado sobre el inciso de la Ordenanza N° 11.988 que obliga a las empresas privadas a destinar el 5% de su capital en tierras o dinero, el Concejal de la alianza UCR-PRO explicó que desde su espacio abogan por disminuir el porcentaje: “Uno no puede obligar a ningún ente a donar su capital porque el régimen de donaciones está controlado por el Código Civil. Sólo se puede tributar o aportar desde una contratación pública o privada”.

Siguiendo en la misma línea, comentó que el sector empresarial ya paga una plusvalía por sus edificaciones inmobiliarias e industriales y, por ese motivo, “no podemos seguir confiscándole dinero”. Como alternativa, propone que los privados aporten un 2% y el Municipio un 3%, generando otros fondos de tributo a partir del impuesto conocido como Derecho a la Edificación.

“Creemos que, lo más correcto, es derogar la Ordenanza N° 11.988 porque estuvo mal hecha desde un principio: no existen los conceptos que señala, no se sabe cómo determinar los porcentajes que indica y las prácticas que propone están inhabilitadas. Por eso merece la revisión jurídica que estamos tratando en la Comisión de Desarrollo Urbano“.

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Voces disidentes a la postura del Oficialismo, como la de Marco Galán, Presidente de la Mutual Carlos Mugica e integrante de la Mutilsectorial en Apoyo al Banco Municipal de Inmuebles, denuncian que ya hay más de 15 millones de m² de tierras en Córdoba que deberían estar grabados por el impuesto de la Ordenanza N° 11.988. “Eso representa muchísima plata porque el Municipio se dispone a financiar el 3% de cada terreno y no está claro cómo va a hacer el Intendente Ramón Mestre para invertir semejante cifra en hábitat social”.

Ante la réplica por la opinión que contrajo Cavallo sobre el porcentaje que debe pagar el sector privado por obligación de la Ordenanza, Galán aclaró: “La obligación que tienen las empresas de pagar el 5%, más allá de la plusvalía retenida, no es para nada confiscatorio, como menciona Cavallo, ya que no es equitativa la mínima retribución que estos tienen con el Estado y el incremento de capital que consiguen con los desarrollos inmobiliarios”. A su vez, aseveró que ese capital no es fruto de la producción laboral sino que, por cuestiones político-administrativas, el Intendente Mestre permite el aumento exponencial de sus ingresos.

“Actualmente, Córdoba tiene tres tipos de suelos: rural, residencial e industrial. El primero está en deterioro por cuestiones ambientales y climáticas, por ende, el cambio administrativo que propicia Mestre permite seguir incrementando la extensión del suelo residencial para generar convenios urbanísticos y construir grandes imperios inmobiliarios que atentan contra el techo y la vivienda de miles de familias en la Ciudad de Córdoba”.