Por Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista y periodista

Sin conocimiento, o sea sin educación, es imposible pensar en participar, con personalidad propia, en la cultura global actual. La soberanía de los Estados depende, ahora, como nunca, del valor agregado que cada uno de ellos tenga, en inteligencia y capacidad desarrollada de sus mujeres y hombres. El intelecto activo y educado es el verdadero presupuesto para que un país sea algo y pueda tener presencia en el concierto de las naciones. La verdadera puja, en el llamado primer mundo, se desenvuelve en el ámbito del conocimiento y de la información.

Asimismo, también la posibilidad de educarse adecuadamente, determina el grado de oportunidades que tendrán los pueblos y cada persona en la vida.

En ese fundamental desafío educativo el gran artífice ha sido y es el docente. Éste es el que, en su entrega personal, ayuda a dar la mano a las generaciones, para introducirlas al campo del conocimiento. El acto humano del encuentro entre el educador y el educando, no se sustituye sólo con edificios y computadoras. Más ese docente debe ser reconocido espiritual y materialmente, para que su noble tarea le garantice dignidad y él pueda darle calidad.

Resulta incomprensible e inaceptable, entonces, que docentes, de las distintas etapas educativas, tengan en el país, en muchos casos, salarios degradados y con contratos precarios. Además, ante la gran inflación existente que licua sus salarios es inaceptable que los docentes deban esperar decisiones tardías por las que se reajuste sus salarios, en montos que no necesariamente compensan el periodo de reajuste para el pasado y a su vez, lo que resulte del desfasaje lo deben cobrar en cuotas para el futuro. Mientras en el presente la inflación suele quitar más del valor adquisitivo del sueldo que lo que se le compensa porcentualmente en cuotas de la inflación anterior.

Ante esto el Estado y ciertas patronales educativas, busca enfrentar a las víctimas (docentes y estudiantes), sin asumir la responsabilidad que les cabe en la situación que se ha generado. No son los docentes los que perjudican a los alumnos, por luchar en defensa de sus salarios, sino aquellos que tienen el deber de pagar dignamente lo que corresponde por la función educadora, para asegurar calidad educativa a los educandos.

La degradación y falta de respeto a la que se somete a los educadores en sus remuneraciones resalta en el no reconocimiento de sus derechos consagrados con jerarquía constitucional.

 

Mandato constitucional de cuidar a los docentes

Basta mencionar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento éste adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, fue aprobado por la Argentina, mediante la Ley 23.313 y adquirió rango constitucional, al haberse incorporado a la Constitución Nacional, en 1994, ( art. 75, inc. 22). El referido tratado internacional, entre otros importantes aspectos, establece que, los Estados Partes en el Pacto, como nuestro país, se comprometen a asegurar “el derecho de toda persona a la educación y reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho se debe… mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente“, (art. 13, apart. 2, inc. “e”).

El objetivo estratégico de educar es tan importante, que la norma, a diferencia de otros mandatos constitucionales, fija una pauta dinámica de mejorar continuamente no solo la retribución a los docentes, sino otros aspectos que hace a sus condiciones materiales y a los demás requerimientos necesarios para cumplir debidamente la tarea. El Pacto establece que siempre se debe estar pendiente de mejorar las condiciones del sector y por tanto, lo que se haga en ese aspecto, en todo momento, debe entenderse transitorio y pendiente de ser ampliado positivamente.

 

Sin embargo, en Argentina, se ha llegado a una degradación de los sueldos docentes, atento a  la inflación que se da, que lleva al absurdo de estarse proponiendo montos remunerativos por la tarea educativa que no alcanzan para adquirir lo elemental de la canasta básica, ni para pagar las tarifas impuestas a los servicios de gas, agua y luz, entre otros costos esenciales en dignidad para su vida y la de su familia.

Sólo los pueblos que reivindican, integralmente, a sus educadores e invierten en educación para todos, tienen asegurada calidad democrática, en igualdad, equidad y justicia. No podemos ser indiferentes ante ello.