Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
y periodista columnista de opinión

A mediados de diciembre del año 2017, renunció Cynthia Pok, la directora
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que depende del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC). Ella era la encargada de medir el empleo,
desempleo, pobreza y la indigencia.
Pok, sufría muchas presiones para que modificara mediciones que
marcaban un mercado de trabajo estancado, especialmente en el Gran Bs. As. El
tema explotó cuando la funcionaria hizo conocer el incremento de la tasa de
desempleo en San Juan que daba un incremento del 4,8 % al 9 %. Luego,
renunció. En una entrevista a la agencia de noticias de la CTA la ex-funcionaria
dijo, que resulta inaceptable que se pretenda cambiar resultados, “cuando los
datos no son convenientes o no dan como los responsables políticos desearían.
Estos son procedimientos que no podemos aceptar bajo ningún concepto”.
La postura de la funcionaria debe profundizarse, respecto de las
afirmaciones que se hacen desde el gobierno nacional que busca, tapar lo que
está pasando con el desempleo en el país. Repárese que mientras tanto, el
Presidente Mauricio Macri ha sostenido, que “todo lo estamos impulsando desde
el valor central de decir la verdad”.
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) ha
manifestado que la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo durante
enero de 2018, duplicó la cifra de diciembre y la de enero del año pasado. En este
sentido, enero acumuló 6.639 nuevos despidos y suspensiones de los cuales el
58% corresponden a la administración pública.
Todo ello, en una clara política de desempleo, que se quiere fundar en la
búsqueda de una supuesta “austeridad”, que no se puede comenzar empezando
por dejar a las personas sin trabajo.
A lo que se suma, una prédica cruel, por la cual se hace aparecer a muchos
trabajadores y trabajadoras que operan como un cáncer social, que no permiten
hacer crecer al país. Y en ello, se quiere justificar también las llamadas
“flexibilizaciones” en materia de leyes laborales.
A su vez, en un grave ataque a la dignidad humana, se nos mentaliza para
que consideremos como normal el que se deje sin trabajo a tantas personas.
Luego la sociedad, con hipocresía, termina diciendo que se es “pobre”, porque no
se quiere trabajar.

Colonización mental
La realidad demuestra que el gobierno en sus argumentos mentirosos
quiere colonizar mentalmente a la sociedad, en contra de los derechos laborales y
hacer creer que se hace austeridad sólo despidiendo personas.
A su vez, se ataca a los abogados laboralistas, que se los tiene como
“mafiosos”, porque defienden los derechos de los trabajadores o se persigue a los
jueces que deciden a favor de los derechos de los trabajadores.
También el gobierno busca demonizar a los sindicatos como estructura.
Bien dice la encíclica “Laborem exercens”, de san Juan Pablo II, de 1981, “Los
sindicatos luchan por los justos derechos de los trabajadores frente a los
empresarios y a los propietarios de los medios de producción. Estos son un
exponente de la lucha por la justicia social. Lucha que debe ser vista como una
dedicación normal a favor del justo bien”.
Pero en medio de las mentiras sustentadas en un discurso único potenciado
por los medios hegemónicos que predican a favor del gobierno nacional, se oculta
que no se respetan derecho humanos básicos, con jerarquía constitucional, que
debe garantizar el gobierno.

Grave violación de derechos humanos
Baste referir que, entre otros, no se está cumpliendo lo que dispone el
artículo 23, de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que tiene
jerarquía constitucional en Argentina, (art. 75, inc. 22 de la Const. Nac.). Dicha
declaración indica, que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo”.
¿Dónde está la protección contra el desempleo que debe dar el Estado,
cuando el gobierno opera como el principal factor de desempleo? Y la tutela
equitativa y satisfactoria del trabajo no acepta flexibilizaciones que ataquen la
dignidad de los trabajadores y las trabajadoras.
A su vez, en su política de ajustar la economía, ahora se ataca, por
ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, a los dirigentes gremiales de los
docentes, se busca descalabrar su organización sindical y por sobre lo que dicen
tratados internacionales, se pretende imponerles un reajuste inadecuado de los
haberes, que opera como un techo inaceptable e inconstitucional. Al respecto,
cabe referir lo dispuesto por el “Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”, instrumento éste, también con rango constitucional, (inc. 22
del art. 75 de la Const. Nac.).
El referido tratado internacional, entre otros importantes aspectos, establece
que los Estados Partes y firmantes, como nuestro país, se comprometen a
asegurar “el derecho de toda persona a la educación y reconocen que, con el
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho se debe mejorar continuamente
las condiciones materiales del cuerpo docente”, (art. 13, apart. 2, inc. “e”).
Tan importante es este objetivo estratégico de educar, que dicha norma, fija
una pauta dinámica para la determinación de la retribución económica a los
docentes. Establece que siempre se debe estar pendiente de mejorar las
condiciones materiales al sector y por tanto, todo lo que se haga en ese aspecto,
en todo momento, debe entenderse insuficiente. Por ello, tiene que haber
paritarias nacionales, para consensuar el tema de manera justa y equitativa en el
país. Tratar de ponerle a sus sueldos un techo, en una pauta inflacionaria
mentirosa o no real, resulta en consecuencia inconstitucional
El panorama debe encararse integralmente, pero sabiendo que la dignidad
de las personas y su derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas, no
puede negociarse y en esto nadie puede ser indiferente.