La prisión tiene efectos que van más allá de sus muros. En este contexto, el modo en el que los niños experimentan estas situaciones es significativo puesto que incide en la construcción de la ciudadanía.

A principios del mes de junio, el Observatorio de Seguridad Ciudadana de esta universidad participó del Seminario Regional “Derechos Humanos y Seguridad. Un debate sobre el uso de la fuerza y el rol de la justicia”, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí se expusieron algunos aspectos de la investigación realizada en el barrio de Villa Tranquila. Si bien ese diagnóstico aborda distintas temáticas, en esta oportunidad se enfocó en una reflexión alrededor de los niños y niñas cuyos padres o madres están presos.

Los entrevistados coincidieron en identificar a estos niños y niñas como un grupo especialmente vulnerable dentro del colectivo de niños y niñas del barrio. En efecto, una nueva problemática aparecía sistemáticamente desde las primeras charlas: la independencia de niños y niñas muy pequeños.

Los docentes entrevistados se refieren especialmente a niños y niñas que llegan con una carga emocional particular. Con ello refieren al haber vivenciado la visita a la cárcel o bien las ocupaciones que para las madres implica tener a un miembro de la familia alojado en la cárcel. Asimismo, señalan que en ocasiones citan a los padres de un alumno y estos no pueden concurrir porque se encuentran en la cárcel o con arresto domiciliario. Así, los lunes son narrados por estas docentes como días particulares, puesto que estos eventos tienen lugar los fines de semana.

Por su parte, los referentes barriales nos señalaban con preocupación ciertas costumbres generalizadas: niños pequeños que atraviesan solos la villa y que permanecen en las calles incluso por la noche. Entendían que esta situación se ligaba a la prisión domiciliaria de sus madres.

Esta situación -que se replica en otros barrios populares- debe ser interpretada como un problema de extendida naturaleza, puesto a que tenemos una tasa de encarcelamiento en continuo crecimiento y porque la cárcel se constituye en parte de la trama cotidiana para los sectores populares.

Según datos del INDEC, en 2016 había 76.261 personas alojadas en centros de detención. Además, de esas 76.261 personas detenidas solo 39. 373 estaban condenadas. Ello indica que el 48% (aproximadamente) no es aún clasificado como culpable.

Asimismo, es preciso considerar que en el futuro estos números seguirán en ascenso. No sólo por el uso de la prisión preventiva que viene consolidándose como regla sino también por las modificaciones a la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Estas reformas plantean la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, ampliando considerablemente la lista de delitos excluidos de estos derechos.

Obviamente, este crecimiento de la población carcelaria tiene como correlato la sobrepoblación y el incremento de las dificultades para que se cumplan los derechos de las personas detenidas así como también un notable deterioro de las condiciones de detención.

Pero también, hay que notar que a esta altura sabemos que la prisión tiene efectos que van más allá de sus muros y que, por lo tanto, incrementar fuertemente el número de detenidos implica aumentar estos efectos.

Asimismo, mediante lo que los criminólogos denominan selectividad del sistema penal, sabemos que esos números que mencionamos no se distribuyen proporcionalmente en todos los estratos de la población, sino que son los varones, jóvenes y pobres. Y así, en espejo, nos encontramos con barrios en donde el mundo carcelario hace parte de las relaciones sociales cotidianas y con familias en las que hay uno o más miembros presos de los que hay que ocuparse. En este contexto, el modo en el que los niños experimentan estas situaciones es significativo puesto que incide en la construcción de la ciudadanía.

Fuente: coninformación