Distintas organizaciones sociales vinculadas al hábitat popular presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad de Córdoba para que aplique y reglamente la Ordenanza 11.988, conocida como Banco de Inmuebles. La normativa prevé facilitar el acceso a la tierra a los sectores, fue aprobada en 2012 pero hasta el momento la gestión de Mestre no avanzó en el proyecto.

La Asociación de Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda (Hogar Clase Media Mix), la Cooperativa de Trabajo Felipe Varela (Comisión Provincial de Tierras) y la Asociación Mutual Carlos Mugica presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad de Córdoba. La medida busca que las autoridades municipales apliquen en su totalidad y reglamenten la Ordenanza Municipal 11.988, para la formación del denominado Banco de Inmuebles.

El Banco del Inmueble tiene como objetivo facilitar el acceso a tierra para vivienda propia y única, gestionar la reserva de tierras destinadas a equipamiento urbano, promover la reducción de la incidencia del precio del suelo en el precio total de las viviendas construidas o a construir, como forma de regular y limitar los procesos de valorización y especulación inmobiliaria.

Además, la Ordenanza establece que las nuevas urbanizaciones a ser aprobadas por el Municipio deberán donar el cinco por ciento de la superficie parcelaria a fin de integrar el Banco del Inmueble. Dicha donación puede efectivizarse con tierras ubicadas en el mismo predio a urbanizar, o con una superficie equivalente en su valor económico de tierra urbanizada en otra localización dentro del ejido municipal, o bien con su equivalente en dinero.

El Intendente Municipal no ha cumplido con su obligación de exigir a ningún desarrollista la cesión del 5 % de las parcelas o su valor en dinero, provocando un perjuicio en sus derechos constitucionales a los vecinos en situación desfavorable y a las instituciones que los agrupan, que se pueden cuantificar en 509.895.89 metros cuadrados que debieron ingresar al Banco de Inmuebles o lo que traducidos en pesos (y al irrisorio precio de $ 2.000 el metro cuadrado) priva a sectores vulnerables, y con derecho de acceso a la vivienda, de la suma de $1.019.791.000 aproximadamente, que estimamos producirían 2500 lotes.

La misma norma prevé además la creación de un Padrón de Postulantes del Banco Municipal de Inmuebles, en el cual se inscribirán aquellas personas físicas o jurídicas que deseen acceder a inmuebles afectados al Banco, lo cual tampoco ha sido efectivizado.

Ninguna duda cabe acerca de la enorme frustración que causa a vecinos de la ciudad de Córdoba en situación de calle y a las instituciones solidarias que intentan dar soluciones habitacionales a los más desfavorecidos de la sociedad, la indolencia e inacción del Municipio en la aplicación de esta Ordenanza, dictada ya hace casi 5 años.

Esta inacción municipal viola los derechos fundamentales y las garantías reconocidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, la Constitución Nacional y la misma Carta Orgánica Municipal.

Como instituciones con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos ciudadanos, AVANZAMOS EN ESTA ACCIÓN DE AMPARO, convencidos de la necesidad de exigir el cumplimiento de la ley, fundamentalmente los derechos de acceso a la tierra y a la vivienda de miles de cordobeses que, teniendo reconocidos estos derechos por la normativa vigente, deben padecer la quietud de quienes incumplen con la justicia, con la ley y con la voluntad popular.