Por Marco Galán.

Las radios comunitarias y populares en Argentina son, desde sus orígenes, proyectos que se proponen intervenir en una realidad marcada por las desigualdades, de clase, de género, étnica, educativa, social, política y cultural. Desigualdades en el acceso a la información y a la palabra, desigualdades en la posibilidad de contar la propia historia con la propia voz. Las radios comunitarias son parte de un amplio movimiento social que promueve la transformación de estas relaciones y la construcción de una sociedad democrática y justa, en clara oposición al modelo neoliberal actualmente vigente.
Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias –FARCO– se entiende que estas experiencias poseen rasgos propios de una identidad colectiva, “se caracterizan por considerar a la comunicación como un derecho humano esencial. A diferencia de las radios privadas comerciales, no persiguen un fin de lucro. No tienen un dueño, sino que son gestionadas en forma democrática y participativa por grupos de personas agrupados en asociaciones civiles, vecinales, cooperativas, sindicatos, mutuales, tienen como norte la transformación social y la comunicación contra hegemónica, etc.”
Dentro de estas definiciones, el proyecto político comunicacional está centrado en la puesta en práctica del concepto político de la democracia y la ciudadanía en el campo de la comunicación. En tal sentido buscamos tanto democratizar el sistema de medios como la democratización de las relaciones comunicacionales que establecen los medios con sus audiencias y sus comunidades.
Entendemos la comunicación popular como parte de un proceso educativo de concientización que promueve la organización y participación en el marco de la conquista de los derechos vulnerados de amplias mayorías populares y desde estas experiencias hemos aportado desde la Mutual Carlos Mugica – Radio Comunitaria La Ranchada, en el año 2003, con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley Nº 22285 que impedía que personas jurídicas sin fines de lucro fueran titulares de licencias de radiodifusión. En el año 2009 y luego de una larga lucha de cientos de organizaciones de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y de la voluntad política del Gobierno Nacional se logró la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) nº 26522.
El escenario en disputa: la LSCA y los decretos-ley de Cambiemos
La LSCA establece, entre otros aspectos, la distribución del espectro audiovisual en 3 sectores y en tal sentido reserva el 33 % para que las organizaciones de la sociedad civil puedan explotar licencias de radio y tv. La ley promovía fundamentalmente en su artículo 161 la democratización de los medios de comunicación, desmonopolizando su propiedad y democratizando el acceso de los medios a la sociedad, entendiendo a la COMUNICACION como un BIEN PUBLICO y como un Derecho Humano y no como una mercancía. Desde esta perspectiva ningún particular podía tener más de 10 licencias en todo el territorio nacional y tres como máximo por localidad, así como no podía cubrir más del 35 % del total de la población Argentina. Esta legislación cambió la matriz con la que se concebía la entrega de licencias ya que, ahora son consideradas patrimonio de la humanidad y se entregan en concesión, mediante la presentación de un proyecto comunicacional que debe ser concursado.
El Gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, sanciono los DNU nº 13, nº 236 y nº 267 de diciembre de 2015 donde dio marcha atrás con artículos centrales de LSCA, garantizándole nuevamente el monopolio y la concentración de medios, especialmente mediante el DNU n° 267 que afianza la existencia de monopolios u oligopolios de medios, porque se elimina el art. 161, que obliga a la desinversión, cuando se tiene cantidad de medios de difusión que superen los límites fijados. También se saca la exigencia de que un licenciatario sólo cubra hasta el 35 % del total nacional de habitantes.
También los DNU eliminan el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), donde se garantizaba la participación de un representante por provincia y representantes de gremios, medios comunitarios y privados y una participación de dos representantes en el órgano, en el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
La concentración de la producción de contenidos se profundiza con estos DNU, ya que no se exigen los porcentajes diarios del 30% y sólo lo toma como un promedio mensual con lo que un medio nacional puede transmitir en cadena el 100% de su programación durante las horas de mayor audiencia y sólo tener producción propia en horarios nocturnos o que no son centrales. Otro cambio relevante es que deja de obligar a los cables que suban canales locales o las señales de universidades públicas, afectando de esta manera las producciones locales y fomentando los prototipos que uniforman culturalmente desde el centralismo de las metrópolis. Estos son algunos de los cambios regresivos que hasta ahora ha consolidado el Gobierno Nacional.
Es importante aclarar que los decretos mencionados no han modificado lo establecido por la LSCA, en torno a la distribución del espectro audiovisual en 3 sectores y en tal sentido reserva del espectro radioeléctrico el 33 % para que las organizaciones de la sociedad civil puedan explotar licencias de radio y tv con propuestas comunicacionales representativas de sus grupos de pertenencia. Tampoco ha derogado el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación (FOMECA) aunque ha dejado de pagar los proyectos ganadores del año 2015 y suspendió el llamado a concursos para el año 2016, generando de hecho una censura encubierta, al desfinanciar los medios comunitarios.
En este contexto, más que debatir una nueva ley, que es lo que propone el gobierno, se impone reclamar la plena vigencia de la LSCA, y en tal sentido desde los medios populares estamos construyendo una Agenda, que permita la plena vigencia de la LSCA, para lo cual es necesario desarrollar acciones articuladas a los movimientos sociales, al sector de la economía solidaria del mutualismo, cooperativismo, las universidades, los gremios, entre otros actores, a los fines de reclamar la realización de concursos para ocupar el 33% tanto en radios como en TV.
En estas estrategias es fundamental seguir exigiendo la plena vigencia del FOMECA, para el financiamiento de equipamientos de las radios y canales de TV, la capacitación y el asesoramiento técnico a estas experiencias. Un tema no menor está relacionado a la necesidad de reclamar la sanción de leyes y ordenanzas que regulen la distribución de la Publicidad Oficial, donde se garantice el acceso a estos fondos para el sector sin fines de lucro, tanto en los niveles de estado nacional, provincial como municipales.
La democratización de la palabra permitirá que la batalla cultural se resuelva a favor de los intereses del Proyecto Nacional, Popular y Latinoamericano, condición indispensable para lograr la distribución de la riqueza en una sociedad plena de justicia social.