Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
y periodista columnista de opinión

En la Argentina ha sido una constante que todo lo referente a la deuda
externa, esté rodeado de secretos, manipulación del lenguaje y desinformación estructural.
En el tema, en general, para la ciudadanía, no se le informa claramente
aspectos básicos de la problemática. Aún más, en la reciente campaña
electoral, el consultor del partido Cambiemos Durán Barba, recomendó que no se hablara de las cuestiones económicas en la campaña y en ello, por supuesto, no había que hablar del endeudamiento externo. La ciudadanía, por ende, fue a votar sin tener conocimiento sobre las posturas, en materia de
deuda externa, de los candidatos por los que votaba.

Eso sí, en todo momento, se enseñó y enseña, didácticamente por todos
los medios, que siempre contraer deuda externa es “símbolo de confianza en el país, que de esa manera entramos al mundo”, aunque no se dice que, muchas veces, ello se produce tomando créditos con intereses usurarios contrarios al bien común de la nación o arrodillándonos a “fondos buitres” que, con avidez usurera, reclaman montos ilegales. Esto último sucedió, por ejemplo, en el arreglo que el gobierno nacional hizo con dichos fondos, en el que se aceptó pagar las costas del juicio que ganó Argentina por el embargo indebido que nos hicieron, en el año 2012, de la Fragata Libertad, en el país africano de Ghana.

A su vez, se contrae nueva deuda para pagar deuda vieja, en muchas
ocasiones en condiciones más perjudiciales que la anterior deuda que se dice
cancelar y por el contrario se la aumenta, aunque sólo se dilata el pago. Y el
ingreso de los dólares, los que realmente llegan al país, en definitiva, terminan
sirviendo para sostener la constante fuga de capitales, en la bicicleta financiera que se está produciendo.

Lamentablemente, en general, con esta lógica de endeudarnos
constantemente coinciden el oficialismo y parte de la oposición en Argentina.

Y la aplican, tanto el gobierno nacional como algunos gobiernos provinciales y municipales.

Para colmo, muchos personeros de los intereses financieros y diversos
medios de difusión pretenden convencernos, que no hay nada mejor que seguir pagando deuda externa, sin cuestionar las ilegitimidades que hubiera. Así, se nos prepara para seguir siendo deudores dependientes eternamente, de los criterios condicionantes de los prestamistas. En ese encadenamiento a futuro la Nación acaba de tomar un crédito por un monto de 2.750 millones de dólares a 100 años, que implica el endeudamiento por seis generaciones,
garantizándoles a los acreedores prestamistas un excelente negocio, ya que se pagaran 19.600 millones de dólares de intereses, con independencia de las
situaciones que pudieran darse en ese tiempo en el mundo.

Contratos secretos

A su vez, las deudas que contrae el Estado Nacional se concretan en
contratos con cláusulas de confidencialidad que ocultan al pueblo aspectos
perjudiciales para el país. Contratos en los que además, entre otras
condiciones graves, se obliga a resignar la actuación de la justicia argentina y
se delega la jurisdicción en Tribunales de Nueva York o Londres. Recordemos
lo que nos hizo padecer el juez norteamericano Thomas Griesa, que actuó
como la mano dura de los “fondos buitres”, en contra de Argentina.

Por su parte, el Presidente Mauricio Macri en el Proyecto de
Presupuesto para el 2018 presentado al Congreso se lo autoriza a contraer
más deuda externa, de lo que resulta que en tres años del actual gobierno
nacional se incrementará la deuda en mucho más de 120 mil millones de
dólares. Ello equivale a un endeudamiento de 120 millones de dólares por día
del actual gobierno nacional.

Todo lo que llevará a la deuda externa de Argentina a 375 mil millones
de dólares, sin contemplar en ello que hay que sumar, por ejemplo, las deudas de los organismos y empresas estatales nacionales y otros.
A lo dicho debemos agregar que, en el proyecto de presupuesto para el
2018 presentado, también se prevé dedicar el 30% del gasto de funcionamiento del Estado Nacional sólo para el pago de intereses de la deuda externa. Este gasto es el más importante del presupuesto del año que viene y crece constantemente, a razón de más de 1.000.000 de dólares por hora.

Por supuesto que esto es en perjuicio de los gastos necesarios en
materia de salud, educación, seguridad, justicia, jubilaciones y pensiones,
inversiones en ciencia y técnica, etc. Así, en esto, todo resulta tramposo. Por
un lado se dice que hay que bajar el déficit fiscal y en ese objetivo, el Estado
precariza el trabajo estatal, quiere aumentar la edad de jubilación y bajar sus
montos en los cálculos de actualización, eliminar prestaciones básicas como
los medicamentos a los jubilados y se sacan los subsidios a servicios. En esto
último, se justifican aumentos al gas, a la electricidad, al agua, a la telefonía, al
transporte, etc., que se transforman en alzas desmedidas de los costos, -los
llamados “tarifazos”-, que han perjudicado, especialmente, a las economías
hogareñas y particularmente, a las pequeñas y medianas empresas. Mientras
que las sumas que se dicen ahorrar, en realidad, se destinan a pagar los intereses de la deuda externa, ya que eso es el mayor determinante del déficit
fiscal, lo que se oculta y no se dice.

Paremos la deuda

Conscientes de los efectos negativos y peligrosos que tiene lo antes
referido, acabamos de conformar un grupo denominado “Convocatoria Nacional Paremos la Deuda”, que integro y en el que están, entre muchas otras personas versadas y preocupadas en lo que sucede como Adolfo Pérez
Esquivel, Alcira Argumedo, Alejandro Olmos Gaona, Ana Rameri, Beverly
Keene, Claudio Lozano, Mario Cafiero, Héctor Giuliano, María Elena Saludas,
Héctor Polino, Nora Cortiñas, Tomás Raffo y más. Al grupo también se han
sumado diversas organizaciones sociales y políticas.

Nos autoconvocamos “para instalar en el centro de la preocupación
nacional este drama, hacer visible sus impactos en la vida cotidiana de la
población -incluyendo las nuevas exigencias de privatizaciones y reformas
educativas, de salud, laborales y previsionales- y volver a situar cuestiones
fundamentales tales como su legitimidad y legalidad, el papel de la deuda
privada, la especulación financiera y la fuga de capitales, la imperiosa
necesidad de un censo de quienes dicen ser acreedores y la exigencia de una
auditoría que permita saber si somos verdaderamente deudores y establecer
estrategias respecto de los presuntos acreedores”.

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