Mientras en Argentina las organizaciones populares y sindicales encabezadas por la docencia han decidido paro y un plan de lucha para combatir el rumbo económico social del gobierno que baja salarios, echa trabajadores y en definitiva, va excluyendo a cada vez más sectores sociales, también Brasil, en el día de ayer comenzó una Huelga Nacional en conjunto con un Paro Docente de 10 días con la adhesión de más de un millón de profesores y profesionales de la red pública de enseñanza. La paralización, que afectó a todos los estados del país, deja inaugurado un calendario intenso de movilizaciones, incluyendo centrales sindicales y movimientos populares, contra la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) nº287/2016, que cambia las reglas de la jubilación en el país.

Para ser aprobada, la medida necesita 60% de los votos en la Cámara de Diputados. Lo mismo debe suceder luego en la Cámara de Senadores. La protesta social apunta justamente a ejercer presión sobre los parlamentarios para que no se llegue a ese número.

Este es un Proyecto de Reforma Jubilatoria impulsado por el gobierno ilegítimo del presidente Temer, que prevé, entre otros aspectos, elevar la edad jubilatoria a de hombres y mujeres a 65 años y acreditar 49 años de trabajo y un mínimo de 25 de aportes para que el trabajador pueda recibir el valor integral de la jubilación.

Los sectores más perjudicados serán los trabajadores campesinos y las mujeres. Las estadísticas muestran que en el campo – según datos de 2015, 70,2% de la población ocupada femenina y 78,2% de la masculina comienzan a trabajar antes de los 14 años. Si se aprueba la Reforma, tendrían que trabajar más de 50 años, en condiciones de
extremo esfuerzo, para acceder a la jubilación.

En cuanto a la mujer, la edad de jubilación siempre es menor porque toma en cuenta el trabajo no remunerado efectuado en el hogar.

Según datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística de 2015, sumando el trabajo doméstico, las mujeres trabajan 7 horas y media más que los hombres. Igualando la edad a 65 años, como propone la Reforma del gobierno Temer, se acentúa la ya existente desigualdad de género.

Algo similar ocurre con los docentes. Según indicó Helena Araujo, secretaria general de la CNTE (Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación) al portal Brazil de Fato ”una profesora que actualmente se jubila luego de 25 años de contribución va a tener que trabajar casi el doble de años para recibir el salario integral”.

Por supuesto que millones de trabajadores informales quedarían excluidos del beneficio jubilatorio, pasando éste de constituir un Derecho protegido constitucionalmente, a ser una suerte de dádiva estatal, variable según la voluntad arbitraria del gobierno de turno.

Los militares, policías y jueces no son tocados por los cambios propuestos, mientras los parlamentarios gozarán de un régimen especial aún no reglamentado.

El gobierno argumenta que la Reforma es necesaria para sanear el déficit del Estado, cuando en realidad este déficit no es producto de las Jubilaciones sino del desvío de Fondos para el pago de intereses de deuda con los bancos y la gigante evasión fiscal de las empresas, calculada en US$ 280 mil millones de dólares anuales. Brasil es el segundo país en el ranking mundial de evasión fiscal siendo sólo superado por EEUU. Con ese dinero se podría pagar aproximadamente el 60% del total de las jubilaciones.

Según los movimientos sociales, el verdadero interés del gobierno, dados los altos obstáculos que pone la Reforma, es obligar a que muchos trabajadores contraten seguros privados y comiencen así a desfinanciar el sistema público, abriendo el camino a una futura privatización completa del sistema.

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