Picasent es un municipio de la Comunidad Valenciana, en España, allí el sindicato Acaip denuncia que la falta de facultativos ha provocado que se suspendan las consultas y solo se atiendan urgencias en la cárcel, situación que se torna cada vez más dramática para los internos, ya que de esa manera se afecta el acceso al derecho fundamental de la salud.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denuncia la falta de médicos que se ha provocado en el establecimiento de Picassent, más de 2.000 internos no tienen acceso a consulta médica. Según denuncia el sindicato, se trata de una situación que se produce desde hace, al menos, tres años y que se ha agravado en el último año y medio. Como afirman, de los 21 médicos que debería haber, además de un subdirector médico y otro adjunto, tan solo trabajan tres. Además, en verano esto se agrava, ya que uno de ellos disfruta ahora de sus vacaciones reglamentarias, quedando menos personal a cargo del servicio.

La reducción del número de facultativos se genera, según apuntan, al no cubrirse las vacantes de las jubilaciones y traslados, así como por la falta de sustitución de las bajas laborales, en algunos casos provocadas por agotamiento y estrés.

Por esto, el sindicato denuncia que desde principio de mes se han suspendido las consultas médicas y solo se atienden las urgencias. «Son los jefes de servicio, que son funcionarios de vigilancia, los que deciden si se trata de una urgencia o no», explican, aunque lamentan que estos «no tienen ningún conocimiento o capacitación en materia sanitaria y pueden llegar a incurrir en algún tipo de responsabilidad penal en caso de que algún interno no sea atendido y su estado de salud presente complicaciones».

Entre la población presa, se encuentran mujeres embarazadas, madres con niños menores de tres años, y más de 160 internos diagnosticados de enfermedades psiquiátricas, además de pacientes con sida y otros crónicos.

Desde el sindicato -que se ha reunido con los grupos parlamentarios del Congreso y ya había denunciado esta situación anteriormente-, explican que se produce una «vulneración de la normativa nacional y europea», ya que los médicos no descansan 11 horas entre jornadas de trabajo, y algunos ya están a punto de «superar el número de horas anuales».

Asimismo, afirman que nunca han obtenido «ninguna respuesta» desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, y aunque el Ejecutivo actual «sí considera este tema como importante, no ha aportado ninguna solución».

Los trabajadores creen que la situación puede servir de excusa para la privatización de esta atención; o para «presionar» a las autonomías a asumir estas competencias, igual que sí pasa con la atención sanitaria del resto de la población.

Así las cosas, vemos como la situación de los internos es crítica, ya que el acceso a la salud se encuentra restringido, pero a su vez el personal sanitario no da abasto, con tanto trabajo y poco personal, por lo cual es una situación compleja que requiere pronta atención por parte de las autoridades correspondientes.