Desde las organizaciones involucradas advierten que en la situación actual, el contexto para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos se ve amenazado; mediante esta protesta y demás acciones, luchan por visibilizar esta crisis en la cual están inmersas las personas con discapacidad, pero hasta el momento no han recibido soluciones por parte de las autoridades.

En este marco enumeraron los siguientes reclamos:

-Una insuficiente propuesta de incremento para los aranceles de los servicios que brindan instituciones, profesionales y transportistas, después de un año sin modificaciones, que va del 4% al 22%, en un contexto socioeconómico en el que la inflación calculada promedia el 40%.

-El restablecimiento de criterios de los años ´90 para realizar recortes indiscriminados sobre pensiones no contributivas, sin considerar el contexto social actual y las garantías establecidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Específicamente en el Programa Federal Incluir Salud, advirtieron:

-La existencia de una importante deuda impaga por prestaciones efectivamente brindadas (facturaciones “complementarias”) de los años 2015, 2016 y 2017;

-Saldos pendiente del 20% de la facturación de los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2017 de la totalidad de los prestadores;

-Pagos adeudados a algunos prestadores de los meses de noviembre, a otros de diciembre y a otros de enero de 2018.

-La aplicación de descuentos injustificados y no notificados de períodos ya trabajados, en los meses de mayo, junio y julio a transportes e instituciones, junto al débito masivo en la facturación de transporte de un 40% en el mes de mayo del corriente.

-La irregularidad y falta de previsibilidad en los pagos por parte del organismo, que se encuentra abonando, en promedio, el mes de mayo de 2018, con inexplicables complicaciones burocrático-administrativas que dilatan la solución de las previsibles dificultades de la gestión de coberturas.

-La falta de insumos, prótesis, pañales y medicamentos, con una generalizada falta de claridad en las responsabilidades de los gobiernos provincial y nacional para garantizar su disponibilidad y cobertura.