Una reflexión a cargo de Martín Coria, que a través de un estudio cuenta una realidad muchas veces olvidada por la sociedad que apunta a los internos de las cárceles y sus familias.

El Estado argentino vuelve a desconocer en su informe estadístico anual más importante sobre las características de la población penitenciaria, que detrás de cada persona que está presa, hombre o mujer, hay una familia y en la mayoría de los casos, uno o más hijos. Para la estadística oficial, las familias e hijos de personas que están presas son invisibles.

Paradójicamente, en declaraciones al diario La Nación el pasado 6 de diciembre, un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación señaló sobre el recientemente presentado informe 2016 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena -Sneep-: “Es un insumo de mucha utilidad tanto para la sociedad civil como para la decisión en las políticas públicas que se adopten a través de los datos que surgen de este relevamiento.”

Veamos… De las 76.261 personas que estaban presas en diciembre de 2016, el Estado a través del informe Sneep 2016 solamente informa que 131 mujeres (equivalente al 0,0017% de la población penitenciaria total) convivían con sus hijos dentro de los penales, omitiendo así información sobre paternidad y maternidad del 99,8% de la población restante. El informe Sneep no omite solamente informar la cantidad de varones que están presos que son padres, sino que también omite información del 95,8% de las mujeres privadas de libertad, la mayoría de las cuales son madres aunque no conviven con sus hijos en los penales.

Al no informar sobre paternidad y maternidad en cárceles y otros datos relevantes de la realidad familiar de la población penitenciaria, el Estado argentino hace más difícil a sus propios organismos, a las provincias y a las organizaciones de la sociedad civil diseñar políticas y acciones y asignar recursos en apoyo a la niñez y familias que viven el encarcelamiento de un familiar. También dificulta el diseño de programas post-penitenciarios que tengan en cuenta las necesidades y realidad de las familias de las personas que están presas.

Al informar sólo la cantidad de mujeres que conviven con sus hijos en prisión, el Estado sigue yendo a contramano de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño a los Estados de que “releven y realicen un registro del número de hijos de padres encarcelados, tanto los que acompañan a los padres en la detención y los niños que permanecen en el exterior durante la detención de uno de sus padres, y hacer que esa información esté disponible en un formato que ayude a brindar apoyo necesario a esos niños y niñas”.

Afortunadamente, mientras el Estado argentino repite año tras año la misma información insuficiente e incompleta sobre la población penitenciaria, gracias a iniciativas como la de la Encuesta de la Deuda Social Argentina realizada desde la Universidad Católica Argentina, sabemos que al menos unos 468.000 chicos/as argentinos residen en hogares donde algún adulto está o estuvo privado de su libertad (Fuente: EDSA 2014). La inmensa mayoría de estos chicos/as es cuidado por una mujer (madre, abuela, tía), confirmando lo que señala Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad): “La pena siempre alcanza a la familia, y sobre todo a las mujeres”.

Es hora de que el Estado argentino y las provincias revisen seriamente la metodología y contenido del informe Sneep para que deje de ser un ejercicio repetitivo e inútil para la formulación de políticas sociales y post-penitenciarias federales y provinciales. En su estructura actual, el informe no sólo omite información elemental sobre paternidad y maternidad sino que tampoco incluye información útil para pensar políticas públicas post-penitenciarias como: la situación de vivienda de la persona privada de libertad (clave a la hora del egreso), si tiene antecedentes laborales en el sector formal de la economía (y no sólo si la persona trabajaba mucho, poco o nada antes de ir a prisión como en la actual versión), antecedentes y grado de inclusión financiera previa al encarcelamiento, finalización de programas de capacitación laboral o educativos durante el encierro (y no sólo “participación” en los mismos como hoy), entre otros. Para el diseño de políticas sociales de niñez, fortalecimiento familiar y reinserción social de personas privadas de libertad, mirar a la cárcel no es sólo mirar -en forma superficial y fragmentada- qué le pasa y quiénes son las personas privadas de libertad sino también mirar a sus hijos y familias.

Parecen destinadas a las y los responsables políticos del informe Sneep las palabras finales de Andrea Casamento en su charla “Salir de la cárcel” en TEDxRiodelaPlata: “Quiero invitarlos a que se atrevan, se asomen, se animen a mirar lo que pasa ahí adentro porque algo tiene que ser distinto, algo tiene que cambiar”.

Fuente: Palabras de Martín Coria, Opinión “Los Andes”