En Uruguay, se está poniendo en marcha una reforma que apunta a dar más acceso a los internos de cárceles y contexto de encierro.

Además, el proyecto de ley que presentó el Gobierno y que fue acordado con la oposición crea el Consejo de Familiares de Personas Privadas de Libertad y el Consejo de Personas Privadas de Libertad.

 

El gobierno de Uruguay envió un proyecto al parlamento que consiste en que -a partir de 2021- las cárceles dependan del ministerio de Educación y Cultura de ese país. Y este proyecto fue acordado con la oposición hace dos años, según consigna el diario El Observador.

De acuerdo al proyecto, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el organismo que rige las cárceles, se transformará en un instituto descentralizado que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con el objetivo de poner énfasis en la intervención psico-socio-educativas de las personas privadas de libertad. La concreción de este proyecto tiene como fecha a partir de febrero de 2021, según dice el texto del proyecto citado por el matutino.

Además, el proyecto crea el Consejo de Familiares de Personas Privadas de Libertad y el Consejo de Personas Privadas de Libertad. Según señala El Observador, el primero será una “estructura de apoyo” al trabajo de rehabilitación para incidir en el bienestar de los presos además de participar de diferentes actividades que se desarrollen. Y el segundo será, en caso de que se apruebe la ley, una organización que recibirá “propuestas e inquietudes relativas a la convivencia cotidiana”.

La idea de pasar el INR del Ministerio del Interior al ministerio de Educación y Cultura había sido acordada en julio de 2016, por iniciativa del gobierno, cuando el presidente Tabaré Vázquez convocó a representantes de todos los partidos políticos para discutir sobre seguridad pública.

“Con el presente proyecto se aspira a que por primera vez en nuestro país, se establezca un marco legal de tratamiento integral para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, que tenga como base fundamental el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que por diferentes razones, se encuentran vinculadas al quehacer penitenciario”, cita El Observador.

Así las cosas, podemos concluir que en el vecino país, de Uruguay, se están llevando a cabo políticas concretas de inserción de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad para darle mayores herramientas, y la posibilidad del acceso a la educación, que es un derecho fundamental de los seres humanos.