El relevamiento se hizo a nivel nacional, Tortura sistemática en cárceles federales y de la Provincia: 1.400 víctimas y más de 5 mil casos.

La publicación del informe 2017 del RNCT se da, como se explica en su introducción, en un contexto de crecimiento sostenido de la población encarcelada como resultado de la “expansión de las políticas punitivistas desplegadas a partir del año 2013 y profundizadas en los dos últimos años, ambos servicios penitenciarios –el Federal-Nacional y el Bonaerense–, registraron un aumento de la población encarcelada de un 8,53% y 11,62% respectivamente en el último año”.

En su última visita, en abril de 2018, el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas destacó el diseño y puesta en marcha del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT) e instó al Estado nacional a reconocer la tipificación de la tortura en su multidimensionalidad tal como está estipulada en este informe. Desde su implementación en 2010, se reconocieron 11 tipos de torturas y/o malos tratos que trasciende las agresiones físicas e incluye la dimensión psicológica, las condiciones estructurales, el régimen de vida y las lógicas de disciplinamiento con que las instituciones del Estado gestionan los lugares de encierro y los territorios.

Además de la falta o deficiente asistencia a la salud, aislamiento, malas condiciones materiales de detención, falta o deficiente alimentación, impedimentos de vinculación familiar y social, agresiones físicas y requisa personal vejatoria son los restantes tipos de tortura más denunciados. A esto se  suman los traslados constantes y gravosos, el robo y/o daño de pertenencias y las amenazas.

Estas prácticas se insertan en el programa de gobierno carcelario produciendo y gestionando la degradación y la sumisión de los presos y las presas. El carácter multidimensional, generalizado y sistemático de estas prácticas evidencia la tortura como elemento constitutivo del encierro penal.

Desde el 2015, el informe también tiene un registro de malos tratos y/o torturas policiales, que releva estos hechos durante la aprehensión, traslado y alojamiento en comisarías y otras dependencias de las fuerzas de seguridad. Durante el 2017, se registraron 971 casos de malos tratos y/o torturas sufridos por 218 víctimas; más de la mitad, 540 hechos y 115 víctimas corresponde sólo a la provincia de Buenos Aires. Las agresiones físicas y las malas condiciones materiales de detención son los principales hechos denunciados.

Así como el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, el RNCT es una herramienta de producción pública de información para la denuncia de una de las realidades más acuciantes de la democracia: las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Los discursos oficiales que alientan el punitivismo y la mano dura y la impunidad judicial con que cuentan estos delitos han naturalizado el problema y permiten que la tortura siga extendiéndose como una práctica sistemática y generalizada en todo el territorio nacional.

Esto que denunciamos ha sido reconocido también por los organismos internacionales. En las conclusiones del Informe preliminar del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer señaló que “la Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Y agregó: “Parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso”.

Fuente: www.comisionporlamemoria.org