En plena feria judicial y sin notificación, la Justicia ordenó allanar la Casa de las Madres de Plaza de Mayo para realizar un “inventario de la totalidad de los bienes” y asignar un nuevo depositario judicial. Desde el organismo de Derechos Humanos denunciaron la connivencia del Poder Ejecutivo y consideraron que el procedimiento sin previo aviso “representa una violación de las garantías constitucionales”.

Según la orden, de advertirse “algún tipo de riesgo en la conservación de los bienes inventariados” los funcionarios judiciales están facultados para “proceder a la inmediata clausura del inmueble y/o de los sectores donde se encuentren depositados” y “requerir el auxilio de la fuerza pública.

 

Fuente: Infonews.