Las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires están en una situación crítica y de emergencia humanitaria. La sobrepoblación y el hacinamiento posibilitan y agravan la persistencia de la tortura y las graves condiciones de salud de las personas detenidas. Al mismo tiempo, existen serias dificultades en la producción y en el acceso a la información oficial sobre el funcionamiento de las agencias del sistema penal en general, como por ejemplo cómo construye el poder ejecutivo el cupo penitenciario.

A mediados de 2018, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS solicitaron a la Suprema Corte de Buenos Aires que tome una serie de decisiones enmarcadas en el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos para reducir el encierro, prevenir y sancionar la tortura. El gobierno provincial había respondió antes a los requerimientos de la Corte con el “Plan Estratégico 2016-2026”, un plan que presenta problemas -presenta soluciones que tienen antecedentes fracasados-, que no tiene plazos de tiempo para bajar el nivel de sobrepoblación, no indica qué medidas tomarán ni con qué indicadores evaluarán su eficacia.

Como continuidad de esa reunión con la Corte, se presentó ahora un nuevo escrito ante el máximo tribunal provincial con una serie de pedidos, entre los que están: que se conforme un comité de emergencia por el nivel de sobrepoblación crítica del Servicio Penitenciario con capacidad para definir la capacidad actual del SPB y tomar medidas específicas -desde los distintos ámbitos de responsabilidad involucrados- para reducir la cantidad de detenidos y bajar el hacinamiento. También se solicita a la Corte que dicte instrucciones concretas a los jueces para la mínima permanencia temporal de personas detenidas en seccionales (48 horas de plazo máximo), y la imposibilidad de alojarlas en seccionales clausuradas, y dé estándares que sirvan de parámetro para reducir la cantidad de personas encerradas en el sistema penal.

La situación de las cárceles, alcaidías y comisarías demanda la respuesta urgente de la Suprema Corte de Justicia, en tanto afecta el deber de garantizar una respuesta judicial efectiva ante las condiciones inhumanas de detención.

Algunos datos

Todo el sistema penitenciario provincial registra un aumento sostenido del encarcelamiento. La tasa pasó de 180 a 262 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes entre 2012 y 2018. En los últimos años la población alcanzó un record histórico.

La provincia anunció este año la ampliación de 587 plazas, entre otras obras sin plazos definidos. Esas 587 plazas cubrirán sólo el 6% de las faltantes, ya que el propio Ministerio de Justicia sostiene que tiene 10.000 personas detenidas por sobre su cupo. Según nuestros cálculos, el déficit alcanza 23.000 plazas. Por otra parte, el ritmo de crecimiento del encarcelamiento es mayor que la capacidad de construir nuevos espacios de alojamiento.

Aunque el Ejecutivo reconoció que las comisarías son inhabitables, no presentó un plan para la reubicación de las personas detenidas y el cese del encierro en esas dependencias. La cantidad de personas alojadas en comisarías crece mes a mes. En los últimos tres años pasó de 1836 personas en diciembre de 2015 a 3728 en septiembre de 2018. Es decir, que se produjo un aumento del 103%.

fuente: www.cels.org.ar