*Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata
Este lunes 20/7 estuvimos en las calles, en coordinación con otras acciones en CABA, acompañando a un grupo de familiares de presxs en una manifestación frente a la sede del Ministerio de Justicia bonaerense en la Torre 2 de Plaza Moreno. Frente a la sistemática negación de los derechos liberatorios de lxs detenidxs en los lugares de encierro, agravado por los contagios masivos del Covid-19, se realizó un corte con volanteada y se presentó una carta abierta de familiares que fue recibida en la sede del Ministerio con la exigencia de medidas urgentes del poder judicial y del ejecutivo provincial.
-Efectivizar las libertades de las personas de riesgo.
– Domiciliaria a mujeres presas embarazadas o con hijos.
– Libertad condicional y asistida en tiempo y forma.
– Garantizar el acceso a la salud de lxs presxs.
– Conmutación y compensación de penas.
Ya en marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado argentino analizar la prisión domiciliaria para personas detenidas que estuvieran dentro de grupos de riesgo, así como las progresiones al régimen abierto para quienes se encontraban cerca de recibir el beneficio legal. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario. En la Provincia de Buenos Aires, salvo excepciones, se suspendieron los ingresos y egresos de la cárcel de las personas detenidas. En los casos donde por ejemplo la persona ya contaba con salidas transitorias, en vez de buscar una alternativa al aislamiento como podría ser la libertad condicional, los jueces, con el aval del Servicio Penitenciario Bonaerense, decidieron que esas personas continúen en contexto de encierro, esta vez recluidos sin contacto o asistencia de sus familias.
El ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un área específica para el tema de salud en las cárceles, la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria creada en 2005. Su misión sería “resguardar la salud de la población carcelaria a través de la prevención, promoción, atención, tratamiento y rehabilitación de la salud, garantizando uno de los derechos inherentes al ser humano”. Pero la ejecución de esa política sólo se traduce en la existencia de servicios médicos deficientes en los penales, con falta de médicos, enfermeros, psicólogos y otros profesionales de la salud que son tan explotados como en el resto del sistema de salud provincial. Mientras surfeó la crisis penitenciaria sin mayores apariciones públicas el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, viene promocionando los Comité de Prevención y Resolución de Conflictos en las cárceles, que no son más que mesas de diálogo de sordos, que se publicitan como espacios donde “se trabaja de igual a igual tanto internos como personal penitenciario en la búsqueda de soluciones”, y donde se ningunean los reclamos y se “toma nota” de los planteos para que todo siga igual.
En las cárceles argentinas las deficiencias en la asistencia a la salud son la primera causa de muerte, e incluyen la falta de provisión de medicamentos, la deficiente o nula realización de tratamientos, intervenciones, estudios o curaciones, la falta de atención especializada y la falta de alimentación especial a quien lo necesite. Estas son las condiciones habituales en que el Estado pretende que quien infringe la ley penal cumpla su pena si es encontrado culpable o su prisión preventiva siendo aún inocente. Las excusas de que “esto siempre fue así” en materia penitenciaria no exculpan la responsabilidad estatal en el manejo de la cárcel como un sistema selectivo de castigo a la población pobre en todo el país.
En el contexto de la pandemia y el aislamiento social obligatorio es innegable que quienes más sufren las consecuencias de la desidia del Estado son lxs privadxs de libertad.
LA MUERTE EN PRISIÓN ES UN CRIMEN DE ESTADO.
Fuente: Facebook Colectivo Contra El Gatillo Fácil