Corrupción, venta ilegal de armas y falta de justicia. Un breve recorrido por el hecho que es más que una serie de ineptitudes, negligencias y olvido.
*Por Juan Maldonado para El Resaltador
Hace 29 años, un conjunto de explosiones terminó con la vida de siete personas, hirió a 300 y dañó históricamente a una sociedad entera. La catástrofe de la Fábrica Militar de Río Tercero marcó un antes y después en este último cuarto de siglo.
5 minutos para las nueve
A las 8:55 del 3 de noviembre de 1995, tres explosiones seriadas pero al mismo tiempo en concomitancia y fagocitándose una a la otra, dieron lugar al inicio del miedo y la incertidumbre de una población entera.
Pocos detalles hay de lo que se vio antes de aquel estallido. El operario Emilio Ostera aseguró haber visto una persona sospechosa, con uniforme de soldado cerca de los tambores, sin ningún motivo. Fue alrededor de las 8:50 que el fuego comenzó a rodear cientos de tanques con trotyl (trinitrotolueno – TNT).
Sin embargo, la pericia de Daniel Yorio, Oscar Sicilia, Héctor Zanoni y Jorge Rodríguez determinó que las explosiones simultáneas fueron “intencionales y organizadas con conocimiento sobre explosivos y el efecto de las detonaciones”.
Al mismo tiempo, indicaron que no se encontró ninguna evidencia de que el fuego pudiera haberse originado “accidentalmente”. El efecto registrado, detallan, fue “programado” utilizando artefactos y posiblemente “un mecanismo de tiempo”.
Otro dato que ayuda a entender que hubo intenciones de hacer volar la fábrica de armas militares, es que las explosiones cumplían una función de direccionalidad, por ejemplo, de la onda expansiva. Tenían un diferencial de poder, la menor contrarrestó de alguna manera a la mayor cambiando su curso.
La onda de choque se dirigió hacia el sur-este donde no había operarios, puesto que se encontraban del lado oeste, cobrando afortunadamente su salario o en el área de descanso, que comenzaba justo en ese horario.
Los Depósitos de Expedición sufrieron una explosión más grande cinco minutos después del primer hecho. Al parecer, no tenía nada que ver con las explosiones de la planta de carga.
Otros testimonios abrieron la sospecha. Dos policías habían concurrido al lugar en la noche previa. Un llamado había alertado que en el sector de la planta de carga se observaban movimientos extraños. El personal militar de la industria les indicó que no era su jurisdicción y no tenían nada que hacer en el lugar.
Por otro lado, un vecino destacó que por primera vez se la había solicitado que no deje su camión tanque en las cercanías del perímetro de la fábrica. Este petitorio por parte del personal de la fábrica fue algo totalmente inusual.
Se cree que había alrededor de cien mil toneladas de municiones en aquellos almacenes. El estallido esparció el equipamiento militar causando gravísimos daños en los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador, Cerino, entre otros.
Pequeños estallidos tuvieron lugar durante la tarde del viernes y continuaron el sábado 4 de noviembre. Quizás, anunciando la llegada de los políticos de turno. El gobernador Ramón Mestre fue de los primeros.
El entonces presidente Carlos Menem, llegó esa misma tarde con la bandera de “un lamentable accidente”, así, sin cautela ni sensibilidad, mucho menos con pericias.
El viernes 24 de noviembre una nueva serie de explosiones sucederían en el polígono de tiro donde fueron colocados los proyectiles recolectados. Un deja vú colectivo de lo que había pasado semanas atrás.
Las pericias: no fue un accidente
El presidente Carlos Saúl Menem dio un sermón a la prensa al decir que no fue un atentado, sino un infortunio. “Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra”, sentenció en la tarde del 3 de noviembre de 1995.
Luis Rodolfo Martínez, primer juez instructor, mantuvo la teoría del jefe de Gobierno y sostuvo distintas posibilidades: el efecto lupa de los rayos del sol, generado por los vidrios del tinglado de la Planta de Carga; chispas generadas por el montacargas -que no contaba en su escape con el apaga llamas reglamentario-; una colilla de cigarrillos en cercanías al tambor de trotyl.
Todas las teorías fueron descartadas gracias a dos importantes pericias, una en 1998 y otra en 2003, impulsadas hasta el cansancio por Ana Elba Gritti, abogada y activista. Su esposo, Hoder Dalmasso, murió aquella tarde de las explosiones.
La viuda fue la encargada de hacer oír una lucha invisibilizada durante 16 años. Junto con Omar Gaviglio y Alfresto Hraste fueron claves a la hora de exponer las pruebas que indicaban que para el estallido fue necesario: un detonador y una gran experiencia en explosivos para controlar el impacto.
Gaviglio, el exjefe de la Planta de Carga que estaba imputado por estrago culposo, exhibió documentación en donde se detallan y constaba que había solicitado un mayor presupuesto para la seguridad del edificio tiempo antes del atentado. Consiguió así la absolución del juez Martínez.
La baja de la hipótesis del accidente concluyó con el apartamiento del juez Martínez. El conjuez Diego Estévez, quien no contaba con experiencia en derecho penal, tomó la causa, la cerró y sobreseyó a todos los acusados. La Cámara Federal debió anular la decisión, destituir a Estévez y responder ante la ridiculez.
La historia tuvo idas y vueltas judiciales. Primero, se solicitó la opinión de un especialista y experito del FBI, luego se colocó al juez federal de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi como subrogante. Este último concluyó en que se trataba de hecho premeditado y procesó a los oficiales a cargo y al expresidente Menem.
La elevación a juicio de la causa llegaría recién cuando finalmente Carlos Ochoa, juez titular en Río Cuarto, y los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega así lo establecieran. Ya para esa instancia, el exmandatario se encontraba absuelto tras un fallo de una Cámara cordobesa que, curiosamente, años después volvería a imputarlo.
El juicio arribó en 2014, casi a 20 años de aquel nefasto 3 de noviembre. El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba falló a favor de Gritti y Gaviglio y determinó que la fábrica había sido un centro de contrabando de armamentos y que las explosiones habían tenido lugar con el objetivo de borrar pruebas de este delito internacional.
Dieron lugar a las pericias sostenidas por Hraste que establecen que las ondas expansivas habían sido direccionadas al sector urbano para no afectar las instalaciones químicas. Además, se dio lugar a los documentos que indican un faltante de presupuesto en la seguridad del lugar.
La carátula de las condenas fue “estrago doloso agravado por la muerte de personas”. Los condenados fueron: Jorge Cornejo Torino, ex director de la fábrica (13 años); Marcelo Diego Gatto, jefe producción en aquel momento (13 años); Edberto Gonzáles de la Vega y Carlos Franke, cumplían cargos jerárquicos en la DGFM (10 años cada uno).
Tres años después, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos ratificaron la condena y avalaron la teoría de que la voladura de los polvorines fue “un atentado provocado de modo intencional y organizado, para concretar el móvil del ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices”.
Punto aparte, tanto el exjefe del Ejército, Martín Balza y el expresidente Carlos Menem fueron beneficiados con faltas de mérito y sobreseimientos antes del juicio de 2014.
Carlos Menem, impune
Menem, que había sido procesado en 2013 por el juez federal Carlos Ochoa, fue beneficiado en 2014 por la Cámara que anuló el fallo. Luego, en 2017 la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento dando lugar a lo expuesto por el fiscal general Javier De Luca y el querellante, el abogado Ricardo Monner Sans.
En 2018, se confirmó el procesamiento y caratularon la imputación como posible “autoría mediata”.
En 2020, el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba concluyó en la elevación a juicio oral y público del atentado que involucraba al expresidente. Las audiencias iban a ser el 24 de febrero de 2021.
Pero el proceso judicial del último juicio que quedaba pendiente en el marco de la investigación por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT) quedó concluido el 14 de febrero, una semana antes de la primera audiencia, por la muerte de Carlos Menem. Era el único imputado que quedaba en la causa.