En ocasión del COVID19, una medida de protección judicial fue presentada mediante la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El contenido de la presentación se refiere a las condiciones actuales de encierro como una forma de “morir de cárcel”, y destaca: “…este colectivo considera que existen suficientes razones que ameritan solicitar la Protección Judicial – art. 25 de la CADH- de este Excelentísimo Tribunal, en función del indiferente e irresponsable temperamento adoptado por varias jurisdicciones del país, en lo tocante al contexto pandemico generado por el COVID-19, y cómo esa defectuosa prestación del servicio de justicia, agrava y potencializa la sistemática violación de derechos humanos en perjuicio de las Personas Privadas de la Libertad de la República Argentina”.
La medida señala que el COVID-19 introdujo “un factor de riesgo concreto al interior de los penales”, y “que antes del mismo fallecían personas por el hecho de tener patologías de base de lo que hoy es el COVID19”.
También señalan que “las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento ya han sido condenadas por reiterada y sostenida jurisprudencia internacional (un caso emblemático son las medidas provisionales respecto del Instituto Plácido Sa Carvalho en noviembre de 2018), a la vez que distintos organismos internacionales han advertido sobre los riesgos concretos derivados del COVID-19 en las cárceles, institutos y centro de encierro”.
A partir del modelo de resolución encomendado por el máximo tribunal regional – Corte IDH- venimos a denunciar que contrariamente a ello, un gran espectro de operadores jurídicos en diferentes jurisdicciones del país, no cumplen las recomendaciones emitidas por la comunidad internacional en materia derechos humanos, soslayando las medidas y decisiones que se deben adoptar para con lospacientes de riesgos y/o mujeres embarazas y/o con niñxs, librando al azar la vida y derecho a la salud de las Personas Privadas de La Libertad.
Esta presentación se realiza en el marco del acceso al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y pretende que se tengan en cuenta advertencias realizadas por los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya había advertido sobre la superpoblación carcelaria y los riesgos que ello conlleva. En el escrito se solicita «protección judicial» al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.