El plan de contingencia de transporte se trata en este momento en el Concejo Deilberante para modificar por un año el transporte publico y la movilidad urbana en la ciudad de Córdoba. El municipio quiere tener potestad para poder modificar distintas cuestiones relacionadas a la concesión del transporte, sin que haya riesgo de juicios por parte de quienes les intervenga, luego de finalizar el sistema
Juan Pablo Quinteros, concejal informó que «hace muchísimos años el sistema de transporte está en agonía y debió ser revisado», y que debía ser revisado. «La emergencia es una carta en blanco para que el Gobierno los próximos dos años pueda regular a su placer el transporte masivo y al no aclararlo, se puede aplicar al resto».
«No se respondieron consultas, se trajo un informe de cinco hojas poco profundo y nos preocupa este atropello a las instituciones porque nos votaron para representar a los vecinos y es muy poca la representación si se trabaja de esta manera», remarcó, en clara disconformidad.
«Hay pocas definiciones de lo que quieren hacer, ¿Quieren estatizar? ¿extorsionar al gremio? ¿Qué quieren hacer? Porque después de que se fue el secretario de Movilidad Urbana de la reunión, al presidente de la comisión se le escapa decir que con esta ordenanza queda sin efecto el marco regulatorio de transporte del año 2012, cosas que antes se había dicho que no», remarcó Quinteros.
El actual sistema se puso en marcha en marzo de 2014. Y su sustentabilidad estaba basada en un esquema de subsidios que se acabó en 2019, en una realidad que arroja el sistema sufre una caída de pasajeros drástica, con un final de semestre de sólo el 45% de lo que se había recaudado el mismo periodo del año pasado», agregó.
La emergencia está pensada para que el intendente Llaryora pueda actuar sobre las concesiones (Ersa, Aucor y Coniferal) y sobre el contrato del sistema implementado en la ciudad de Red Bus. Miguel Siciliano, secretario del Gobierno municipal aseguró que se trata de «salvar el sistema y preservar las fuentes de trabajo».