Por Mariano Pacheco y Mariano Rodolfo Martín*
Un texto donde se aborda el proceso del último año en Argentina, de la derrota electoral del macrismo al triunfo del Frente de Todos: la posición oficial frente a la pandemia del COVID 19; la represión a la ocupación de tierras en Guernica, la desaparición del joven Facundo Castro, las arengas de Sergio Berni y el progresismo de la provincia de Buenos Aires; el trago amargo por el “amague” con Vicentín; la Reforma Judicial y la posición del país frente al resto de la Patria Grande Latinoamericana (del voto contra Venezuela al apoyo a Evo Morales). Y también: la pulseada protagonizada por el ministro Guzmán en relación a la deuda y la suba del dólar, el supuesto “Plan de ajuste”, la situación de los jubilados y el déficit fiscal; el cierre anual parlamentario con el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el demorado Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Un informe para caracterizar el presente, y apostar por una salida popular para la pospandemia.
Derrota electoral del macrismo y el triunfo del Frente de Todos
El gobierno actual es producto del armado de una amplia coalición electoral conformada fundamentalmente con el objetivo central de derrotar a la coalición gobernante anterior, bloqueando así la posibilidad de que una derecha que históricamente impuso su programa por golpes (de Estado o de Mercado), ahora lo hiciera de manera validada por el voto ciudadano. No hace falta recordar que antes de diciembre de 2017 (el comienzo del fin –¿transitorio?– del macrismo), algunos comunicadores progresistas ya arriesgaban la hipótesis de una “nueva hegemonía” de la contemporánea “derecha democrática”. Quizás este año de gobierno transcurrido nos permitan pensar, como hemos dicho en otra oportunidad, que el bloque de fuerzas neoliberales no ha sido derrotado, ya que tras su traspié electoral de 2019 sigue sin embargo activo, con presencia parlamentaria, control de medios hegemónicos de comunicación y cierta capacidad de movilización; y al acecho en su búsqueda de revancha electoral.
En la génesis de conformación del Frente de Todos, tanto Alberto como Cristina no dejaron de remarcaron la necesidad de que la construcción de tal herramienta electoral fuera amplia, generosa y sin exclusiones, condiciones necesarias para derrotar al macrismo en las urnas. Y aún más, una vez llegados al gobierno, ambos reiteraron que el Frente debía ser ampliado con el concurso e interpelación a otros sectores políticos, sociales y fuerzas económicas, conscientes del grado de debilidad con que se asumía la nueva gestión. Posiciones sostenidas incluso antes de que se declarara la cuarentena, producto de la pandemia global del Covid 19, que pulverizó aún más las expectativas de recuperación económica.
El Frente de Todos, su composición –entonces– expresa de algún modo la correlación de fuerzas actuales de la sociedad argentina. De allí que entendamos la experiencia actual de gestión como un “Gobierno de coalición”, más que como un Gobierno Popular. Esta definición nos parece vital en función de realizar una caracterización rigurosa que nos permita a su vez definir tareas concretas. Si el gobierno no es popular, es tarea de los movimientos que pujan por la emancipación introducir en él una agenda popular de cambio, frente a otras agendas sostenidas por los otros componentes del espacio.
El actual gobierno está compuesto por diversas corrientes que expresan distintos intereses, entre los cuales se incluyen referentes que intentan o intentarán ir posicionándose como posibles candidatos a la presidencia en 2023. Entre los principales espacios, podemos destacar cinco:
1) El kirchnerismo
Que cuenta con:
* Cristina Fernández como la actual vicepresidenta de la Nación (y por lo tanto jefatura del Senado) pero también como la dirigente política con mayor referencia pública y la gestión de la principal provincia del país.
* Axel Kiciloff: gobernador de la provincia de Buenos Aires (posible precandidato a presidente).
*Máximo Kirchner: presidente del Bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos (posible precandidato a presidente).
* Varios Diputados nacionales propios (del “kirchnerimso puro”).
* Intendentes bonaerenses: Mario Seco en Ensenada; Jorge Ferraresi en Avellaneda (recientemente nombrado ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) y Mayra Mendoza en Quilmes (único municipio camporista en el Conurbano).
*Lugares claves en distintos espacios de la gestión nacional: entre ellos, Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior.
2) El Frente Renovador
Que cuenta con:
* Sergio Massa: principal dirigente del espacio, es hoy en día presidente de la Cámara de Diputados (posible precandidato a presidente).
* Daniel Arroyo: Ministro de Desarrollo Social de la Nación.
* Malena Galmarini: Presidencia de AYSA.
* Felipe Solá: Canciller (en camino a caer en desgracia).
* Varios diputados Nacionales.
3) Los Gobernadores e Intendentes peronistas
Los “Gobernas”, y “mini-gobernadores” (como los llama de manera risueña Jorge Asís), no cuentan hoy por hoy con una orientación definida, ni una posición homogénea, pero sí con el poder territorial y el instinto de supervivencia que los hace “jugar” muchas veces como bloque para perpetuar su incidencia en cada lugar. De las veintitres provincias del país, una docena y media cuentan con gobernadores peronistas, incluidos los tres principales distritos de la Argentina: Axel, en Buenos Aires (tras la gestión de cuatro años de María Eugenia Vidal); Omar Perotti, en Santa Fe (tras doce años de gobiernos socialistas) y Juan Schiaretti, que luego de décadas de “cordobesismo” (en alternancia con el fallecido José Manuel De La Sota), este año participó del acto virtual del 17 de octubre y sus cuatro diputados nacionales se manifestaron a favor de la quita de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsada por el oficialismo. Las provincias no gobernadas por el peronismo o partidos provinciales son tan sólo tres: Corrientes, Jujuy y Mendoza (Gustavo Valdés, Gerardo Moales y Rodolfo Suárez, de la UCR) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, caballito de batalla de Juntos por el cambio, con su jefe de gobierno del Pro, tan presidenciable como Mauricio Macri.
4) El movimiento obrero organizado
Contra toda la tradición del sindicalismo peronista, en la actualidad el movimiento obrero organizado funciona de manera exclusivamente corporativa, sin mayores apoyos (u oposiciones) a la gestión nacional, más allá del acto del 17 de octubre, demostración de fuerzas opacada luego por las declaraciones de los dirigentes cegetistas que manifestaron su disconformidad con el gobierno actual, incluso amagando con realizar una huelga general (la excepción fue Camioneros, que se opuso a la mención de un posible Paro General por parte del sector de “Los Gordos” de la CGT, que se movilizó el 17 de noviembre en apoyo al Impuesto a las Grandes Fortunas y que, por tradición –al menos en los últimos 25 años– viene combinando posiciones reivindicativas –gremiales– con intervención política en cada coyuntura).
5) Los Movimientos Populares
La nota distintiva de este conglomerado seguramente pase por el hecho de que, si bien en los últimos tiempos algunas de sus experiencias han mostrado simpatías por el espacio que conduce CFK, mayoritariamente se mantienen al margen, con independencia, de los otros factores de poder mencionados con anterioridad. Con “Movimientos Populares” nos referimos, fundamentalmente, a las experiencias del Precariado, y no al conjunto de “movimientos sociales”, que obviamente incluyen otros sectores.
Los Movimientos Populares y el Frente de Todos
Las denominadas organizaciones sociales han sido el rasgo distintivo de la política argentina de posdictadura, tras el proceso (de terrorismo de Estado) que reorganizó al país sobre las bases de la desindustrialización y su consecuente desindicalización y ruptura de la homogeneidad que caracterizaba a la clase obrera argentina. Desde la centralidad de las Madres de Plaza de Mayo y la lucha de los organizamos de derechos humanos en la década del ochenta a las actuales luchas del Precariado y los feminismos, pasando por la experiencia del movimiento piquetero en los noventa, es difícil pensar la política nacional sin tener en cuenta estos diversos actores (a los que se les podrían sumar las luchas socio-ambientales y de las diversidades sexuales, entre otras de relevancia).
Tras la crisis de 2001 el kirchnerismo supo leer este nuevo protagonismo social y actuar en consecuencia. El lugar de las Madres y las Abuelas en el discurso de asunción de Néstor Kirchner en 2003, y su política de derechos humanos dan cuenta de alguna manera de dicho reflejo.
La derrota electoral del espacio liderado por Cristina Fernández en 2015, la ruptura previa del progresismo entonces gobernante con el sindicalismo peronista y otros sectores políticos y sociales del entonces “Frente de Todos” (el Frente para la Victoria que obtiene el 54% de los votos en 2011) y la emergencia de una nueva experiencia de organización de la clase trabajadora (la CTEP) durante sus últimos años de gestión dan cuenta de un proceso que se expresará aún con mayor claridad en los cuatro años macrista.
Mientras el derrotado progresismo se replegó a la espera de nuevos buenos tiempos electorales, desde abajo emergió con fuerza esta nueva expresión de organización que se conoció con el nombre de “Tridente de San Cayetano” (por la movilización que en agosto de 2016 partió desde Liniers hacia Plaza de Mayo, bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”), y que en diciembre de 2019 –luego de cuatro años de movilizaciones e incluso de conquistas como la Ley de Emergencia Social– agrupará al 80% del sector en una herramienta de nuevo tipo, como lo es la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el sindicato de Precariado en el que confluyen –entre otros espacios– el Movimiento Evita, la Corrientes Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas, la Coordinadora Político y Social 25 de Mayo y otros agrupamientos como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por Juan Grabois, las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Movimiento Pueblo Unido, una fracción del Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad.
Más allá de algunas excepciones, la estrategia general esbozada mayoritariamente por el bloque de fuerzas sociales del Precariado (el más dinámico de los últimos años) consistió en conformar el sindicato (la UTEP), en lo estratégico, para desde allí promover la institucionalización de la Economía Popular (la conquista de derechos para el sector), en gran medida, impulsando una intervención en la arena electoral para ya no sólo reclamarle al Estado (Liberal). sino también para disputar en su interior. En el plano táctico, esta decisión implicó acompañar la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones de 2019 y, sin perder autonomía en el planteo político, asumir que un triunfo de Juntos por el Cambio situaba a los Movimientos populares (en particular) ante un escenario de franco retroceso político, y a los sectores populares (en general) ante un tremendo futuro de indigencia económica y social.
Hoy esa estrategia puede verse materializada en la gestión del Municipio de Moreno, donde es intendenta Mariel Fernández y en la creación de la subsecretaría de la Economía Popular que encabeza Federico Ugo (ambos del Movimiento Evita), dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; también en la creación (dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) de la Secretaría de Economía Social, que dirige el Secretario General del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, pero integran la gran mayoría de los agrupamientos que conforman UTEP, en una situación similar a la de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, cuyo titular es Miguel Gómez, (referente del MNCI- Vía ampesina Internacional, integrante del Frente Agrario Evita), pero que integran los distintos agrupamientos.
Los Movimientos Populares cuentan además con una Diputada en la Provincia de Buenos Aires –Patricia Cubría, del Movimiento Evita–; tres Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires –Leonardo Groso, del Movimiento Evita; Federico Fagioli, de La Dignidad y Juan Carlos Alderete, de la CCC– y numerosos concejales en municipios de la PBA, donde asimismo conquistaron espacios en direcciones y secretarías (en un próximo informe del Instituto Frattasi detallaremos este mapa de intervenciones en el Estado por parte de los Movimientos Populares).
Si bien la representación institucional de la Economía Popular aún es escasa a nivel nacional y dentro de la principal provincia del país, el contexto de la pandemia situó a “los últimos de la fila” en la “primera línea de batalla”. Según encuestas recientes, el 50% de las personas consultadas en distintas barriadas mencionó a los Movimientos Populares entre los más activos frente a la crisis sanitaria y económica desatada por la expansión del COVID 19, frente a un 40% de presencia del Estado y otro 10% repartido entre las Iglesias, las ONG y otros entramados.
El lanzamiento del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) puso asimismo ante los ojos de la “clase política” –por el elevado número de inscriptos– aquello que los Movimientos Populares ya venían anunciando desde hacía tiempo: que hoy la clase que vive del trabajo está partida en dos, y que casi la mitad de sus integrantes no permanecen bajo relación salarial sino que se “inventan” un trabajo en los marcos de la Economía Popular (sin derechos). El IFE permitió además acelerar el proceso de lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), contemplado en la Ley de Emergencia Social conquistada durante el macrismo, y el RENABAP (el Registro Nacional de Barrios Populares). El RENATEP (que en 2020 registró ya 1 millón 300 mil personas) será de algún modo la base sobre la cual se pueda pensar, con datos reales en mano, una salida popular para la pospandemia, que no sea un simple retorno a la injusta normalidad.
Frente de Todos: salud y cuarentena
La pandemia del COVID 19 puso al mundo en una situación por demás compleja, y a los Estados nacionales –más allá de las limitaciones de maniobras que puedan tener en el marco del Nuevo Orden Mundial Neoliberal (fase actual del capitalismo)– ante el desafío de posicionar una política de salud determinada, de la mano del abordaje económico y social frente a la crisis.
La emergencia de la pandemia, en nuestro país, determinó en primer lugar el anuncio de aquella “cuarentena estricta” (19 de marzo), mientras observábamos en televisión las imágenes y escuchábamos y leíamos las cronicas del horror que recorría países como Italia, España y, poco tiempo después, Estados Unidos e incluso Brasil. Ese virus, con capacidad de “viajar” en 12 o 16 horas de continente a continente, si bien mostró ser de baja letalidad, contienen una muy alta capacidad de contagio.
Nos mostramos entre incrédulos, atemorizados y, ante un panorama incierto, la disminución veloz de la circulación permitió que, en una primera etapa, solamente el 10% de la población (fundamentalmente el personal de trabajado esencial) fuera el que circulara en la vía pública.
Tal tiempo –vital e imprescindible– sirvió para aumentar a pasos acelerados la estructura sanitaria, fundamentalmente en Buenos Aires, en sus zonas más pobladas (donde se concentra la mitad de la población del país). Esto fue fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el deterioro padecido en el sector durante el macrismo que, entre otras cuestiones, disminuyó “Salud” de Ministerio a Secretaria (ministerio prontamente restituido por el nuevo gobierno del Frente de Todos). Pronto se duplicaron las camas de unidades de terapia intensiva, se construyeron decenas de Hospitales modulares (o de campaña) para atender aquellos casos de contagios moderados o a la población de sectores vulnerables que, por condiciones de hábitat, no podían permanecer en viviendas compartidas con otros familiares.
El objetivo era llegar al temido pico de contagios, sin que ningún ciudadano/a se dejara de atender por falta de camas, evitando así la tensión del sistema sanitario en su conjunto (el llamado colapso con que los medios machacaron una y otra vez).
Fue deliberada –por parte del Gobierno y las autoridades sanitarias– la decisión de mantener la curva apaisada de contagios, precisamente, para sostener las posibilidades de atención a quienes lo requirieran, contando con la experiencia traumática de Europa, donde la curva fue tan vertical que tensionó al máximo sus sistemas sanitarios –incluso mucho más sólidos, comparativamente con el nuestro, en términos financieros y de recursos–.
Al momento de arribar el tan esperado como temido pico de contagios (aunque si bien en forma gradual) lamentablemente coincidió con un contexto en el que, en términos sociales, se tornó imposible sostener de manera estricta la cuarentena, sea por necesidades objetivas de trabajo como por cansancio anímico. Esto dicho, obviamente, más allá de la política de la derecha “anticuarenetena”, que boicoteó permanente toda iniciativa de gobierno, fuera en el área que fuera. Fue entones cuando se modificó el discurso oficial, apelando más a la responsabilidad individual que a la disciplina colectiva (insistir con los cuidados basados en el uso de barbijos y el sostenimiento de la distanciamiento social). Así se atravesó el peor momento de la pandemia, con su consecuente aumento diario, tanto de los casos de contagios como de fallecimientos.
Pero no podemos dejar de subrayar que fue por aquella decisión deliberada de mantener la curva apaisada que se logró evitar catástrofes mayores. Obviamente, no hay pandemia –menos en una global, como ésta, la primera propiamente dicha en la historia de la humanidad– en la que se puede hablar de éxito. El objetivo gubernamental siempre fue minimizar la cantidad de fallecimientos y contagios a la mínima expresión posible, y garantizar que el sistema sanitario no se tensara, permitiendo así la atención de todos los infectados.
Llegamos así a fin de año en una situación diferente a la de marzo, con una mayor actividad económica, incluyendo áreas sensibles como son el turismo, la gastronomía y los comercios minoristas. Nuevamente, Europa y EE.UU son nuestro espejo adelantado, dado que la denominada segunda ola está haciendo estragos, otra vez, a ambos lados del Atlántico, y en algunos países, con consecuencias aún peor que en la primer etapa.
Tenemos entonces unos meses de tiempo suplementario, en la medida en que se siga recuperando la economía, aunque dependemos del determinante científico, la vacuna, que deberá inocularse a la mayor cantidad posible de población en los meses venideros, lo que implicará un esfuerzo logístico mayúsculo, asumiendo que, de no cumplirse con dicha meta, es probable que se deba regresar a etapas anteriores de restricciones.
Guernica, Facundo y el progresismo de la PBA
La desaparición seguida de muerte del joven Facundo Castro, mientras se dirigía a la casa de su novia desde la suya en plena cuarentena, así como el desalojo de las personas que ocupaban tierras para construir sus viviendas (también en plena cuarentena), en medio de un hollywoodense operativo de represión policial, pusieron en el centro de la escena a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, e hicieron tambalear a la figura que seguramente fue la gran promesa de campaña: Axel Kisiloff.
No sólo el accionar policial y las derechistas declaraciones de Berni sino el respaldo del gobernador trastocaron la mirada que de la coalición gobernante tenían muchos de sus propios votantes, que suponían que la provincia sería símbolo de progresismo dentro de una gestión nacional más corrida a la derecha. La profunda afinidad existente entre Cristina Fernández y Berni, entre el actual ministro bonaerense y el gobernador y Kisiloff y la ex presidenta, introdujeron el interrogante en torno a cuán progresista era el progresismo argentino. Sin lugar a dudas, ambos trágicos episodios fueron los hechos más lamentables de todo el 2020, no sólo por las marcas que el accionar de los efectivos de las fuerzas de seguridad dejaron sobre los cuerpos (un joven muerto, cientos de personas desalojas por la represión), sino también por la señal política que implicó que tras cuatro años de gestión neoliberal (doctrina Chocobar; represión a la protesta social), el gobierno de la que se supone debería ser la gestión más progresista del país actúe de ese modo, y luego no se rectifique, avalando a un personaje tan siniestro como el ministro Berni (basta ver sus declaraciones y sus “spot” de campaña para comprobarlo).
Vicentín, o el emblema de una desilusión
En una conferencia de prensa, a inicios de junio, el presidente Alberto Fernández anunció en la recuperación/Nacionalización, por parte del Estado Nacional, de este complejo agroalimentario/exportador (poseedor de puertos privados) que constituye el grupo Vicentín. Destacamos que el grupo local compite con los pesos pesados globales del sector, todos extranjeros. Una empresa china hoy detenta el primer lugar, habiendo desplazado a las tradicionales Cargill, Deyfrus y otros gigantes conglomerados.
Tal Nacionalización significaba nada menos que el Estado pudiera ingresar como sexta empresa al mercado de exportaciones del complejo granario y, en menor grado, alimenticio (con el consiguiente ingreso de dólares, siempre necesarios en estructuras económicas como las actuales); también recuperar puertos privados en manos de los estafadores de Vicentin, y un acceso a mayor información del complejo exportador donde prevalece la subfacturación, la evasión de impuestos y la salida de nuestra producción al exterior a través de terceros países, sin abonan dinero de retenciones.. El grupo Vicentin, por otra parte, en tanto productor de alimentos, provee el consumo interno, tanto de lácteos como de carnes, y otros productos de consumo masivo.
Todo esto ya ofrecía argumentos para avanzar en una recuperación que, con la fenomenal estafa que el grupo Vicentin produjo a miles de productores y cooperativas de las provincias de Córdoba y Santa Fe, no hacían más que legitimar la nacionalización, ya que los cientos de millones de dolares que se “esfumaron” de los libros contables de la empresa, son parte de los prestamos otorgados por el Banco Nación durante el macrismo, incluso una vez que había sido electo la formula del Frente de Todos (además, existen otros acreedores del grupo en el exterior).
El entusiasmo inicial que se sostuvo entre numerosas militancias luego del anuncio, que valoraron semejante emprendimiento y decisión política por parte del presidente, se fue diluyendo cuando aparecieron propuestas de “solución intermedia”, como las vehiculizadas por el gobernador de Santa Fe Omar Perotti. La tensión entre sostener una disciplina de cuarentena frente a la pandemia, y la necesidad de ocupar las calles para respaldar la propuesta inicial con movilizaciones, hicieron que tanto la calle como la discusión pública fuera hegemonizada por los sectores conservadores, mientras el presidente desistía de la Nacionalización, y dejaba todo en manos de la “familia judicial”, que sabemos actuá según derecho (que garantiza la desigualdad social). Enorme desilusión cundió al interior del Frente de Todos, y sin lugar a dudas, queda este episodio como el error máximo del gobierno en este primer año de gestión.
Breve apunte sobre la Reforma Judicial
Una necesaria aclaración ante la denominada “Reforma judicial”, ya que el presidente también se refirió en tal término genérico a dicha iniciativa, y puede llevar a confusiones no menores, ya que muchas personas entienden que tal reforma es de carácter estructural, suponiendo así una definitiva solución a una cuestión por demás compleja, como si se tratara de una suerte de limpieza general sobre el cuestionado Poder.
En el anuncio oficial el presidente especificó de que se trata tal proyecto de reforma de la Justicia Federal: se busca unificar dos fueros de la Justicia Federal penal con el objetivo de reducir el poder de “Los 12” (los jueces de Comodoro Py, que es donde hoy por hoy aún opera el macrismo). Como había mencionado en la apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo último, se buscaba enviar al Congreso un proyecto de unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, por un lado, y los fueros Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal, por el otro.
Siempre las cuestiones jurídicas, por su propia naturaleza imbricada y con lenguajes propios (tan distantes de las necesidades urgentes de la gente de a pie, agobiada por la salud y las urgencias economías como sucedió este año), generan poco interés en la media de la población, cuando no indiferencia absoluta.
Aún así –pensamos– no debería escapar a la atención, tanto del gobierno como de las militancias, ya que también en un punto tiene que ver con nuestras vidas cotidianas y resulta casi siempre utilizado, de manera por demás inteligente, por la derecha pura y dura, y especialmente por el macrismo, con su ofensiva por descalificar al conjunto del Frente de Todos, o a la “política” –dicho así sin distinción–, entendida como instrumento de cambio o de reformas.
Argentina y la Patria Grande Latinoamericana
En Política Exterior, dos hechos regionales fueron significativos antes y durante el gobierno del Frente de Todos.
Previo a la asunción de Alberto Fernández como presidente, y hasta el regreso del MAS al gobierno en Bolivia (tras el golpe militar que lo derrocó el año pasado), el conjunto de acciones diplomáticas argentinas y medidas concretas de apoyo a Evo Morales son de destacar: en ningún momento se reconoció al gobierno de facto, incluso coordinando con México la salida con vida del presidente depuesto, que facilitaron desde territorio argentino la articulación, debate y discusión para la elección de los candidatos en el hermano pueblo Latinoamericano. Ya no estamos más solos en el Cono Sur, podríamos decir, rodeados de gobiernos de derecha en todas nuestras fronteras. Evo retorna a Bolivia y el MAS conquista nuevamente el gobierno al compás del plebiscito en Chile por la reforma constitucional pinochetista, conquistado tras masivas movilizaciones que duraron meses y jaquearon al régimen de Piñera.
El voto condenatorio de Argentina a Venezuela sobre la cuestión Derechos Humanos en la ONU, de algún modo, opacan la línea de intervención respeto del aso Bolivia, porque marca una disonancia enorme con lo anteriormente mencionado, al punto de que causó profunda conmoción y legitima bronca entre las fuerzas que constituyen el Frente de Todos. De algún modo, parcialmente se enmendó dicha situación al continuar con la posición argentina de desconocimiento de ese engendro “presidencial” llamado Guadió, y restituyendo la cadena Telesur, a la grilla de TDA.
Guzmán: la deuda y la pelea por el dólar
Dos tareas fundamentales – entre tantas más de lo que supone el Ministerio de Economia – tiene a su cargo el ministro de Economía: la renegociación de la descomunal e “insustentable” deuda externa contraída por el macrismo con el FMI y renegociación con los privados –bonistas particulares y fondos de inversión-. En ambos casos, el mismo criterio de negociación.
En el segundo caso, Guzmán logró sorprender al establishment y a los medios de comunicación del más rancio liberalismo, que apostaron en todo momento al fracaso de las negociaciones y el default, descalificando al ministro por su juventud y supuesta incapacidad técnica. Argentina obtuvo una aceptación superior al 99% de la propuesta presentada de suspensión de pago y quita de intereses y plazos de refinanciación de la deuda. La suspensión de pago supone un plazo de cuatro a cinco años sin abonar nada.
Tiempo suficiente, evaluado en campaña electoral, ya electa la formula presidencial y habiendo asumido un año atrás, la misma posición se mantuvo en el gobierno, a la espera de una recomposición de la dinámica de funcionamiento del aparato productivo.
Respecto del FMI, la misma formula de negociación –que con los bonistas privados, ya finalizada- y los mismos tiempos de cese de pagos, quita de intereses y renegociación de los pagos posterior al año 2023/2024, en una disputa que durará largos meses.
Tal análisis y evaluación fue realizada antes de asumir el gobierno, en búsqueda de obtener los plazos necesarios, sin pagos, para recomponer la economía del país. Situación que se vio trastocada, obviamente, por la emergencia de la pandemia producto del Covid 19, ante la cual quedó el único recurso de la emisión monetaria para sostener el esfuerzo de aumento de las capacidades sanitarias en todo el país, y la ampliación de diversas ayudas desde ministerio de Desarrollo Social, incluyendo la creación del IFE y los ATP – la mitad del salario de cada empresa privada fue abonado por el Estado Nacional todos estos meses– ante la emergencia del crecimiento de la pobreza, indigencia y disminución de poder adquisitivo por la depreciación de los salarios en términos generales.
Para dimensionar el esfuerzo estatal y ver algunas cifras, podríamos indicar que el año terminará con un déficit del 7% del PBI, de los cuales 4 puntos porcentuales son el llamado “gasto” Covid.
En medio de la situación catastrófica (tanto económica como social) y sin financiamiento de recursos genuinos por parte del Estado (dada la contracción económica local y global), los sectores concentrados y especuladores de la economía no iban a dejar escapar la oportunidad de maximizar sus ganancias, por lo que organizaron (y lograron inicialmente con la contundencia que los caracteriza), un ataque especulativo al peso, ubicando los dólares ilegales por arriba del 100% del valor del dólar oficial.
El valor del dólar oficial ($81 por unidad de dólar) es correcto, sin atraso cambiario, y competitivo para las exportaciones. Por ello, no hay ninguna justificación para devaluar como «solicitan» con la corrida especulativa los sectores especuladores arriba mencionados. Mucho menos, cuando lograron ubicar la brecha entre el dolar oficial y el dolar «blue» por encima del 100%.
Así sea que el “blue” y restantes dolares ilegales mueven apenas millones de dolares en el circuito de especulación.
Recordemos, por historia conocida, que este movimiento de especulación no refiere estrictamente al “mercado cambiario”, sino también a condicionar politicamente al gobierno, a debilitarlo, para poder imponer así sus condiciones en otras decisiones económicas (reducir “el gasto público”, por ejemplo).
Ante la escalada de los dolares ilegales, las primeras medidas desde el ministerio de Economía y el Banco Central fueron contradictorias y fluctuantes, hechos que exacerbaban los ánimos de los “operadores” y elevó –día tras día– la cotización del dólar “blue”, presentándose un escenario potencialmente muy peligroso.
Solamente cuando Guzmán hegemonizó el conjunto de medidas a instrumentar (cuando se acotó la actuación del Presidente del Banco Central y el Presidente respaldó al ministro de Economía), se comenzó a revertir la preocupante situación de aquellos días. Guzmán logró instrumentar una combinación de medidas heterodoxas y ortodoxas –herramientas disponibles en este marco político, entendemos– logrando así bajar drásticamente el valor del dólar blue en más de 50 pesos, tranquilizando la volatilidad y las incertidumbres que cundían, y que no dejaban de expresarse en tapas catastróficas de diarios y en programas de TV, donde los “Gurues neoliberales” se paseaban pronosticando el inicio de fin de la gestión del Frente de Todos.
Así, por segunda vez, el joven Ministro de Economía desautorizó en hechos concretos –con su particular estilo– los peores pronósticos y proyectos de los especuladores financieros.
Como señalamos más arriba, resta la lenta renegociación con el FMI, y que la o las vacunas comiencen a aplicarse durante el verano, de modo tal que pueda evitarse la tan temida “segunda ola” –como padecieron en Europa y EE.UU– para recién entonces poder empezar a pensar seriamente en términos de recuperación económica, ingresando en la etapa que se debería haber ingresado ni bien asumido el gobierno, y que se vio aplazada producto de la expansión del Covid19 por el mundo entero.
Jubilados, “Plan de ajuste” y déficit fiscal
Respecto del supuesto plan de ajuste en marcha no tenemos más que remitirnos a “La mentira del ajuste”, nota publicada por Alfredo Zaiat en el diario Página/12 el domingo 15 de noviembre de este año, en la que de manera muy breve, clara y sencilla, explica cómo muchas veces los medios hegemónicos de comunicación de orientación liberal instalan un tema, una jerga, y luego desde el progresismo, ciertas izquierdas e incluso determinados peronismos, se repite el argumento sin el menor ejercicio de la crítica.
El periodista económico comenta en dicho texto que el gobierno nacional estipuló en 4,5% del PBI el déficit fiscal para 2021 (cuando el establishment reclamaba el 3%), al tiempo que propuso elevar de 17,9% (en 2019) a 20, 6% (en 2021) el gasto primario de la administración nacional, que se expresará en un incremento (aunque mínimo) de inversión en infraestructura, educación y conectividad, salud pública, innovación y desarrollo.
El mismo argumento retoma Zaiat en otra nota (“Dólar: los devaluadores siguen perdiendo”), publicada en el mismo diario el pasado domingo 6 de diciembre, donde afirma:
“En estas semanas ha continuado el debate intenso acerca de las características de la política económica del gobierno de Alberto Fernández. Por derecha e izquierda, cualquier medida es definida como parte de un ´ajuste´. El ajuste, el que está buscando la conducción política del poder económico, fue evitado al desarticular las maniobras especulativas para forzar una devaluación brusca. La historia económica local enseña que los ajustes más severos que han castigado a los sectores populares han sido los provocados por intensas y continuas subas del tipo de cambio. Confundir medidas coyunturales en contextos adversos (la doble pandemia: la herencia macrista + el coronavirus) como parte de un ajuste solo contribuye a la confusión deliberada diseñada por el dispositivo de difusión de la derecha”.
Respecto de los jubilados, cabe decir que la propuesta de Alberto es similar a la que Cristina sostuvo entre 2008 y 2017, con una suba promedio del 25,8% frente a la “Fórmula Macri” (2017-2019), con jubilaciones que bajaron un 19,5% (el supuesto “ajuste”, que se basó en atar los aumentos de jubilaciones a los salariales y no a la inflación no es tal). El aumento a jubilados y pensionados de este año (2019), llega a 35,3% (son cuatro aumentos, a los que se suman dos bonos, por única vez). La inflación acumulada en lo que va del año es del 26,9% –10 meses, considerando el último registro del INDEC del mes de Octubre–. Si sumamos los dos meses restantes del año en curso seguramente, seguramente sea de los pocos sectores sociales que están por encima de la inflación, o que al menos logre empatarla, ya que al comenzar a moverse paulatinamente la economía, la inflación de octubre/noviembre ya fue mayor a la de meses anteriores (y lo mismo ocurrirá en diciembre).
Por otra parte se visualiza en estas últimas semanas del año una cierta recuperación de ingresos, mayormente por vías indirectas (los remedios, por ejemplo, los más utilizados por personas de edad avanzada hoy son gratuitos, cuando durante el macrismo se había eliminado tal gratuidad). No comprende a todo el universo de Jubilados y Pensionados, claro, pero sí a la mayoría. También el congelamiento de tarifas y servicios –válido hasta marzo de 2021– coadyuda a todos los sectores a evitar un mayor deterioro de ingresos.
Esta, obviamente, no es la situación ideal de un país con justicia social, pero no podemos dejar de subrayar nuestro análisis concreto de la situación concreta en el marco de la cuarentena y el posmacrismo, y la caracterización de “Gobierno de coalición” –de “transición”, en la jerga de algunas militancias peronistas cuestionadas por la corrección teórica trotkista– que hemos realizado del Frente de Todos.
Diciembre 2020 y el paquete de “ayuda social” para fin de año
Tras un año más que complicado, una serie de medidas se llevarán adelante durante este mes, con el objetivo de paliar la situación que se vive tras meses de cuarentena y luego de años de gestión neoliberal del Estado Nacional. Entre las medidas sociales enumeramos las siguientes que, entendemos, no arriban a un horizonte de justicia social, pero contribuyen a llegar a las fiestas de fin de año en condiciones de menor emergencia.
1) Ampliacion de la AUH a un millón de niñxs más.
2) Bono alimentario para beneficiarios de la AUH.
3) Duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar: $12.000 para quienes tengan más de un hijx menor de 6 años y $8.000 para quienes tengan un niñx de la misma edad, incluidas las mujeres embarazadas de más de 3 meses.
4) Pasaje de beneficiarios del IFE a programas laborales de la Economía Popular.
5) Canastas navideñas: 1 millón 700 mil, muchas de ellas elaboradas por proyectos de trabajo de la Economía popular.
6) Programa Potenciar Joven: lanzamiento de inscripción a las becas de reinserción laboral, educativa o socio-comunitaria para la franja etaria de 18 a 29 años, con el cobro de un monto mensual de $8.500 por un año a partir de 2021.
7) Potenciar trabajo: incremento de incorporaciones al programa cuyo ingreso es de $9400 (y que en algunos casos se suma a los $9.400 del SSC para desarrollar planes de obra), en la búsqueda de poner en pie o mejorar proyectos laborales de la Economía Popular.
8) Plan de infraestructura para Barrios Populares: se estima un trabajo sobre 400 barrios por año, los próximos 3 años.
9) Lanzamiento de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular (CAPEP): La integran cooperativistas, pequeños empresarios y organizaciones sociales de todo el país y tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y crear y formalizar los puestos de trabajo.
Audacia y poscuarentena. A modo de conclusión
El año cierra con una situación social y económica compleja, que cuenta con cifras alarmantes. Según el Informe de la Universidad Católica Argentina, con datos del tercer trimestre 2020, son 20,3 millones las personas que hoy por hoy no pueden acceder en Argentina a todos los alimentos básicos, al sistema de salud y a una vivienda digna, registrando un aumento de 3,4% respeto de 2019. El “Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, enumera los aumentos en las tasas de pobreza, indigencia y de desempleo en el cuatrimestre julio a octubre de 2020, exponiendo cifras dolorosas: el 42,4% de las personas son pobres en este país, y el 10,1%, indigentes. El Informe también destaca, asimismo, que sin la intervención del Estado tal como se desarrolló durante la cuarentena, la pobreza resultante hubiese estado por arriba del 50%, y la indigencia, arriba del 30%.
Es en este contexto que –de manera tardía, quizás demasiado tardía– cierra asimismo el año parlamentario, con la aprobación de la “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas”, y el tratamiento del proyecto de la “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, enviado al Congreso por el presidente.
La segunda iniciativa, tras la promesa de asunción de Alberto hace un año atrás y una historia de larga que data en la agenda de luchas de las mujeres, pero sobre todo, luego de la ola verde que hizo de los feminismos un eje de movilización de masas y de discusión pública generalizada en toda la Argentina. En el primer caso, luego de meses de debates parlamentarios, discusiones mediáticas y la convocatoria a una caravana que devino manifestación de masas el pasado 17 de noviembre, en un nuevo aniversario del Día de la Militancia (Peronista).
El “impuesto a la Riqueza”, como también se lo denominó, afecta alrededor de 12.000 personas y está planteado realizarse por única vez, para contar con mayores fondos con los que afrontar las inversiones sociales que el Estado hizo durante los meses de cuarentena (según declaraciones del senador cordobés Carlos Caserio, el 20% de la recaudación del impuesto sería para gastos de la pandemia; 20% para subsidios a pequeñas y medianas empresas; 20% para becas Progresar; 15% para barrios populares y 25% para programas y proyectos de producción de gas natural). Se estipula que la medida afectará a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos (del 1 al 3% para bienes en el país, y de 2 al 5% para bienes en el exterior). Según comentó en noviembre la directora de la AFIP en una presentación realizada en el Congreso, existen 380 personas que han declarado bienes por más de $3.000 millones, el 3,2% del total de los individuos alcanzados por el “impuesto”, que realizarán el 55% del aporte total. “No será necesario que vendan inmuebles rurales para pagar el aporte. Quienes declaran ese tipo de inmuebles y están alcanzados por el aporte, los campos representan en promedio el 2,4% de su patrimonio. Los datos muestran que esos individuos tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”, subrayó entonces Mercedes Marcó del Pont.
Resulta obvio, de todos modos, que frente a las injusticias que atraviesa nuestra patria (producto de la profundización de la pobreza tras la pandemia y los 4 años de macrismo, pero también de las 4 décadas casi de “democracia de la desigualdad” que no modificó la estructura económica heredada de la ultima dictadura). Pero más allá de su demora e insuficiencia, entendemos, la medida es importante incluso más allá de la economía, porque permite –entre otras cuestiones– profundizar una lucha simbólica, esa que venimos perdiendo a manos de los profetas del odio, y que puede verse claramente expresada en la defensa irrestricta de la propiedad privada realizada por… ¡quienes no son propietarios de ningún medio de producción!, o por los antivacunas/anticuarentena, o los promotores de la “mano dura” en temas de seguridad.
Esta iniciativa, entonces, debe ser asumida como el puntapié de nuevos debates, más profundos, sobre como transitaremos la pospandemia y los tres próximos años por venir, contribuyendo a cambiar en favor del bloque de fuerzas populares la desfavorable correlación de fuerzas de la actualidad.
Las correlaciones de fuerzas, sabemos, no son estáticas sino dinámicas, y más allá de que hoy asumamos un panorama sombrío, en el que la oposición al gobierno parece provenir más por derecha que por izquierda, pensamos que es posible avanzar en un sentido popular en los tiempos por venir.
De todos modos, no podemos dejar de tener en cuenta que la situación de pandemia no es parte del pasado, como parece asumirse por amplias porciones de la población. El futuro de la incipiente y paulatina recuperación de las actividades productivas (como las de la Economia Popular, las changas y rebusques e rama metalúrgica o gastronómica) que se viene produciendo en las últimas semanas depende, de todos modos, de una ecuación científico-técnica y de logística, como lo es el proceso de vacunación (donde, nuevamente, los Movimientos Populares tendrán un papel destacado). De acuerdo a la cantidad de personas vacunadas a las que se llegue para los meses marzo y abril, se podrá bosquejar un escenario más o menos previsible, de proyección. De otro modo, deberá volverse a fases de restricciones mayores de circulación de personas (no inventamos nada, ni somos pesimistas, apenas observamos lo que sucede en Europa y Estados Unidos con la llamada “Segunda ola”). Claramente hubo errores varios –como mencionamos– cometidos por la actual gestión del Frente de Todos, cuyo principal responsable es Alberto Fernández (no sólo por ser presidente, sino además por el rol que juega en el sostenimiento de la “artesanía de la unidad” interna), pero ningún error podrá enmendarse, ni ninguna proyección concretarse, si se sostienen esta situación inédita y única que el mundo entero está padeciendo con la pandemia (parálisis del comercio mundial; pulverización de todas las expectativas; devastación económico-social, etcétera).
El archivo de luchas con el que contamos como pueblo (herramientas y saberes disponibles por tradición e historias pasadas), nos habilitan a pensar en momentos mejores por venir. Para ello resultará fundamental contar, por un lado, con el famoso y esperado “rebote económico”, que involucre al conjunto de la estructura productiva y de servicios del país, para poder dinamizar así el consumo interno. Por otro lado, “recuperar las calles”. Tales condiciones nos permiten bosquejar un escenario diferente. Bien sea para avanzar en lo que por ahora se mantiene inhibido o para acumular la fortaleza interna que permita elevar una mayor posibilidad de confrontar con el Poder Real (Económico), y modificar la correlación de fuerzas con el poder concentrado.
Pujar en las calles –con movilizaciones de masas– para que el proceso en curso no se estanque, para defender lo conquistado e ir por más (en un ir por más tanto defensivo –bloqueo electoral a la derecha– como ofensivo –avance en medidas concretas de justicia social–), será entones de vital importancia en los meses por venir.
Apoyo y disputa de sentidos por lo que hay que hacer desde el gobierno hoy en la Argentina se torna asimismo fundamental. Apoyo que no sea un permanente festejo obsecuente, ni obediencia debida, ni falta de perspectiva crítica, pero tampoco infantilismo que no tome en cuenta cada coyuntura, cada situación, y que no asuma que la suerte de ser parte de este proceso hoy, está atada a la suerte de quien garantiza la unidad de la coalición gobernante: el presidente Alberto Fernández.
En esta tensión entre apoyo al actual proceso, y disputa de sentidos en torno a cómo concebir el proceso mismo, se juega nuestro futuro inmediato.
* Texto publicado enLa Tecl@ Eñe. Revista Digital de Cultura y Política: https://lateclaenerevista.com