«Seguimos manifestando claramente que somos Defensores Ambientales, convocamos a concentrarnos en el ingreso del camino a La Candelaria, Ruta 38 a la altura de Molinari» el pedido de vecinas y vecinos de Molinari a organizaciones sociales, de Derechos Humanos y a la población toda.
En horas de la tarde la policía había confirmado a asambleistas que por el momento no había intención de desalojar. Sin embargo, desde el acampe comunicaron que cerca de las 3.40hs llegó la policía y desalojó violentamente y sin orden de desalojo a las personas que se encontraba allí.
Comunicado de Prensa
«Comunicamos a la población que la policía e Infantería de Córdoba nos desalojó del acampe de Defensores Ambientales vecinxs de Punilla en un operativo sorpresa en medio de la noche, más precisamente a las 3:40 de la madrugada, en una modalidad totalmente fuera de la ley. Sin aviso previo arremetieron contra el puesto donde dormíamos 9 vecinxs, echándonos por la fuerza, con total violencia sin permitir retirar ninguna pertenencia, incluso vehículos quedaron ahí.
Policías varones agarraron violentamente a mujeres, algo también ilegal; no mostraron ninguna orden de desalojo, ni hubo posibilidad de diálogo, esto es totalmente fuera de la ley, violatorio de leyes nacionales e internacionales. Las personas estamos sin heridas graves pero en estado de shock psíquico por el maltrato y agresividad. Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle.
La policía ha cercado la zona, rodeando a lxs compañerxs refugiados, por lo cual no pueden salir estando privados de la libertad, siendo amenazados, sin sus pertenencias, sin calzado ni abrigo. Por esto se necesita a un abogado y la presencia colectiva de todos y todas. Es importante no llegar solxs por la amenaza policial, y lograr una concentración colectiva.
La Justicia sigue sin resolver el Recurso de Amparo debidamente presentado y no se aceptaron los Hábeas Corpus preventivos, figura legal que fue creada precisamente para caso como este para proteger a las personas que ejercen su derecho a la protesta, la ilegalidad de esta obra se manifiesta en cada uno de sus actos.
Seguimos manifestando claramente que somos Defensores Ambientales tal cual lo pauta el Acuerdo de Escazú. Es muy importante una respuesta comunitaria y popular frente a esta complicidad empresa-gobierno-poder judicial, que pisotea las leyes para arrasar con el territorio, para construir una autopista pensada para el saqueo de recursos y para más negocios inmobiliarios».