«A partir de la asunción del gobierno de Javier Milei, comenzaron a desarticularse múltiples políticas públicas. Lo primero, la suspensión del envío de alimentos a los merenderos y comedores, bajo las supuestas auditorías y denuncias en torno a corrupción de estas prácticas», indica Marco Galán, autor de la columna.
Los movimientos populares, que se construyen en torno a la economía popular y solidaria, han disputado en los últimos años reivindicaciones que se fueron plasmando a nivel nacional en conquistas, muchas traducidas en leyes y políticas públicas.
Una de las normas con seguidas, fue la Ley de Emergencia Social 27.345/16, que permitió crear el «salario social complementario», o el «Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular» (RENATEP), que relevó a más de cinco millones de personas, visibilizando una realidad que hasta ese momento no se consideraba trabajo, y que puso en valor el trabajo que se inventaron los sectores populares en el marco de la economía popular y autogestiva, como producto de la exclusión del modelo neoliberal en las últimas décadas.
El RENABAP
Otra gran disputa, fue el relevamiento que generó el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana), mediante el decreto 358/16, y que puso en valor toda esa construcción de hábitat popular, desarrollado por nuestro pueblo frente a la carencia de políticas habitacionales, y que además sirvió para la sanción de la Ley de Integración Socio-urbana 27.453/18, la cual creó el Fondo de Integración Socio-urbana (FISU).
El FISU se conformó en parte con recursos del impuesto PAÍS y del impuesto a las grandes fortunas, y que permitió ejecutar políticas de urbanización entre 2019 y 2023, con obras de cloacas, agua, luz, equipamiento comunitario -entre otras cuestiones- sobre 1.200 asentamientos y 6.200 barrios relevados.
Emergencia alimentaria
Otra de las agendas fue expresada en el marco de la emergencia alimentaria, que se plasmó en la ley 27.519/19, que permitió que merenderos y comedores en todo el país pudieran contar con recursos para poder sostener un complemento nutricional, y que incluyó la creación del Registro Nacional de Comedores y Merenderos –RENACOM– con más de 50.000 merenderos y comedores inscriptos, y que también habilitó la posibilidad que se reconociera el trabajo del Cuidado Comunitario».
Estas tres políticas, no las únicas, pero sí las más potentes, fortalecieron la construcción social para atender demandas, donde las organizaciones sociales cumplieron un rol estratégico en el diseño, en la disputa de las leyes y en los procesos de implementación, que permitieron fortalecer a los movimientos populares, con capacidad de demanda, movilización, de gestión frente el Estado y con una fuerte visibilización frente de la sociedad.
La desarticulación de políticas públicas
Con la asunción del gobierno del presidente Javier Milei, comenzó un proceso de desarticulación de estas políticas públicas, a partir de suspender el envío de alimentos a los merenderos y comedores, bajo las supuestas auditorías y denuncias en torno a corrupción de estas prácticas, suspendiendo directamente el envío de alimentos y contribuyendo a que estos espacios se cierren, mientras se retienen mas de 5.000 toneladas de alimentos en los galpones del Ministerio de Capital Humano, en medio del brutal ajuste imperante, donde la demanda cada vez crece más
En esta misma estrategia del Gobierno nacional para desarticular las demandas populares y a los movimientos vinculados al hábitat, se redujo a la mínima expresión el FISU, al 0,3%, sobre el 9% que recibía de lo que es la recaudación del impuesto PAÍS, paralizando todas las obras públicas en los barrios populares (agua, cloacas, eléctricas, integración sociourbana, equipamientos comunitarios), impactando fuertemente en los puestos de trabajo de las cooperativas, con todo lo que implica a nivel de la contención, fortalecimiento de estos procesos y presencia del Estado en los territorios.
El programa «Potenciar Trabajo» y la estigmatización
La ofensiva del Gobierno libertario también incluyo la reconversión del programa Potenciar Trabajo y su desvinculación del monto del salario mínimo vital y móvil, quedando así congelado su valor.
Con estas políticas de ajuste y de retiro del Estado, se fueron construyendo en paralelo relatos para demonizar y criminalizar, iniciándose causas judiciales que generaron una deslegitimación de las organizaciones frente a la sociedad, con campañas mediáticas denunciando a los principales dirigentes, instalando el miedo como pedagogía para desmovilizar a la población mediante el denominado “protocolo antipiquetes”, amenazando a los destinatarios del programa Potenciar Trabajo con perder su magro ingreso, en definitiva violentando constitucionalmente el derecho a la participación a partir de este tipo de restricciones.
Estas políticas incluyen el desconocimiento de los movimientos populares como representantes en instancias de dialogo con el Estado para la implementación de políticas públicas. Así, esta estrategia del Gobierno nacional, se ha constituido en un ataque frontal contra los movimientos populares, que habían logrado en los últimos años fortalecer su presencia, a la luz de la construcción de políticas públicas que facilitaban el acceso a derechos mediante procesos de participación en su implementación.
La persecución del Gobierno, no es por los errores o debilidades en la gestión de las políticas públicas, más bien se debe a que se constituyeron los movimientos populares en un actor social y político, representativo, con capacidad de movilizar, generar, instalar agendas y resistir políticas antipopulares
Frente al ajuste, la reacción de los movimientos populares ha sido confrontar en un marco de unidad ampliada, donde el Utep y otros movimientos populares vinculados a sectores de la economía popular, generaron un bloque lo más amplio posible en unidad con la CGT, con las CTA, y otros sectores sociales para, en ese marco, poder resistir y confrontar contra el mega DNU 70/2023 y la Ley Bases, reclamando por alimentos, por la continuidad de las obras en los barrios, la prosecución del Potenciar Trabajo, entre otros aspectos.
Defensa de las conquistas, vínculos con provincia y municipio
Esta etapa determinó una agenda reivindicativa, que tiene que ver fundamentalmente con defender estas conquistas, poder disputar y ponerle límite al ajuste que tienen las políticas públicas regresivas del gobierno nacional, que implican el retiro del Estado como garante de derechos sociales.
A nivel local una de las estrategias de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y otros actores como la Mesa de Barrios Populares, es la de legitimar estas agendas en la ciudad de Córdoba. Trasladando estos debates a instancias del gobierno provincial y del gobierno municipal, la Legislatura, el Concejo Deliberante, la Vicaría de los Pobres recientemente creada por la Iglesia Católica, y de otros espacios, para poder generar instancias de diálogo institucionales en el campo de lo que son las políticas públicas locales, todavía con resultados muy limitados.
Este momento de resistencia, no quita que tengamos que repensar y modificar prácticas en los procesos de construcción de las organizaciones y de la expresión política. Y que deben expresarse a la hora de disputar los espacios institucionales de poder, teniendo en cuenta las limitaciones que tuvimos para lograr que las agendas vinculadas a tierra, techo y trabajo se plasmen en políticas universales efectivas.
En ese marco, una cuestión a debatir tiene que ver con la necesidad de que las políticas públicas tengan una perspectiva de acceso universal a derechos, para evitar que solo accedan aquellos que pueden organizarse, fragmentando aún más el tejido social.
Hay que seguir pensando la regulación del trabajo autogestivo, el trabajo asociativo, sin patrón, sin relación de dependencia y que el Estado pueda reglamentarlo a partir de distintas herramientas, sin desdeñar el debate para un ingreso ciudadano o un salario social complementario universal.
Otro debate fundamental esta relacionado a la democratización en el acceso a una política de tierra, vivienda y hábitat integral para sectores de ingresos informales e insuficientes, como una política universal, superando la lógica del proyecto para los que están organizados y reclaman. Un lote y una vivienda para cada familia debe seguir siendo una de nuestras banderas.
Apenas unos aportes
Estas son algunas de las reflexiones sobre los límites que tuvieron las políticas públicas referidas a estas agendas y que nos interpelan, nos obligan a repensar los vínculos de la agenda de los movimientos populares, en el marco de lo que significa una construcción política de cara a la disputa frente a este modelo neoliberal y anarco capitalista.
Y en este aspecto es necesario actualizar la cuestión de la autonomía para que quienes ocupan espacios institucionales, a los fines de que expresen los reclamos de la calle, del barrio, de las organizaciones, y no terminen condicionados a la agenda ya instituida, que no hace lugar a estas demandas emergentes.
Porque las agendas impuestas, llevan a que solo se administre lo que hay y se termine conteniendo para evitar la conflictividad social.
¿Acaso no es el conflicto, la movilización, lo que nos permite ser visibles, para que se instalen nuestras demandas y se transformen en políticas públicas que le cambien la vida a nuestro pueblo?
Si bien estamos en un momento defensivo y de resistencia, nos debemos un programa que sea encarnado como alternativa nacional y popular, que reconozca y avance en esta agenda de tierra, hábitat popular, del trabajo sin patrón y del conjunto de los derechos de los trabajadores, en una provincia y una patria Just , fraterna, soberana e integrada a Latinoamérica .
(*) Referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y presidente Mutual Carlos Mugica
Foto: gentileza UTEP