El pasado lunes 29 de julio comenzaron las audiencias del juicio a seis defensores ambientales, se los acusa de “resistencia a la autoridad”, “amenazas” y “daños” en contra de la figura del ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso, en el marco de la lucha contra la construcción de la ilegal autovía de Punilla.
A inicios de la semana, se realizó la audiencia de apelación en los Tribunales de Villa Dolores, Traslasierra. Los procesados enfrentan cargos por escrachar al entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso. Durante la audiencia, se debatió si los activistas ambientales procesados deberán ir a juicio oral y publico por amenazas, resistencia a la autoridad y daños, luego del escrache realizado al funcionario.
En medio de un clima de mucha tensión, producido por la propuesta a elevación a juicio por la fiscal Paula Kelm, quien ya tiene varias denuncias por su accionar irregular en diferentes causas, como la que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Ante la falta de pruebas, la defensa de los acusados solicito a la Justicia de Córdoba el sobreseimiento de sus cargos, resolución que en unos días se dará a conocer.
Los acusados contaron con un apoyo multitudinario por parte de organizaciones sociales, políticas y sindicales. También, enviaron su apoyo solidario el secretario General de la CTA Autónoma Punilla, Juan Yacobs; su par de la CTA-A Traslasierra, Hugo “Pájaro” Galaburri; el secretario Adjunto de ATE Cruz del Eje y secretario Gremial de la Central de Punilla, Juan Pablo “Beto” Pozzi; y el Delegado de ATE en Cura Brochero, Gustavo Cohen.
¿Qué paso en 2022?
En ese año se realizaron diferentes protestas por parte de grupos ambientalistas y vecinos de la zona por la aprobación que dio el hoy ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso, para la construcción de una autovía. La polémica de la obra se da a partir de que esta nueva ruta atraviesa zona roja de bosque nativo, nacientes de cursos de agua y áreas residenciales en Punilla.
Un total de 17 personas ya fueron imputadas por protestas en contra de la autovía que atraviesa el valle cordobés. De continuar con estas causas, en tiempo de RIGI, significaría un antecedente grave en contra de quienes defienden el derecho ambiental de los lugares donde residen, especialmente de aquellas zonas turísticas que llaman la atención de grandes inversores extranjeros que quieren explotarlos sin regulaciones.