Más de 5,7 millones de personas carecen de derechos laborales básicos. El fenómeno golpea con más fuerza a jóvenes, mujeres y trabajadores por cuenta propia. Crecen las prácticas irregulares incluso en el sector formal.
La informalidad laboral en Argentina continúa siendo uno de los desafíos más persistentes del mercado de trabajo. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 42% de las personas ocupadas en los 31 principales aglomerados urbanos del país se encuentran en situación de informalidad. Esto representa a más de 5,7 millones de trabajadores que no cuentan con aportes jubilatorios, cobertura médica, licencias pagas ni otros derechos fundamentales.
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— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2025
La tasa de empleo informal en 31 aglomerados urbanos fue de 42% en el 4° trimestre de 2024 https://t.co/ydr58Yb8Wz pic.twitter.com/HVhEwuDOFQ
Un fenómeno que no afecta a todos por igual
El estudio muestra que la informalidad no es uniforme y se distribuye de manera desigual según edad, género y tipo de ocupación. Los jóvenes menores de 29 años son los más afectados, con una tasa de informalidad que trepa al 58,7%, mientras que en el caso de las mujeres la cifra alcanza el 43,4%, superando a la de los varones, que se ubica en el 40,9%.
Por ocupación, los trabajadores por cuenta propia lideran el ranking con un preocupante 62,4% de informalidad. Le siguen sectores históricamente marcados por la precarización: el servicio doméstico, con un 77% de personas sin registrar, y la construcción, con un 76,6%. El sector comercial, otro de los grandes empleadores del país, también muestra un nivel elevado, con un 51,9% de informalidad.
Irregularidades dentro del sector formal
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la presencia de trabajo informal dentro del propio sector formal. El INDEC señala que el 21,6% de los trabajadores informales se desempeñan en unidades económicas directamente no registradas, pero también revela que un 11,8% lo hace dentro de empresas formalizadas que incurren en prácticas laborales irregulares.
Esta situación evidencia no solo un problema de falta de empleo formal, sino también una débil fiscalización y control sobre el cumplimiento de los derechos laborales en aquellas empresas que sí están inscriptas legalmente. En muchos casos, los trabajadores aparecen en blanco solo parcialmente, o son contratados mediante modalidades informales disfrazadas de legalidad.
Un ejemplo claro de esto es que el 3,8% de los asalariados registrados cobra solo una parte de su salario por recibo, mientras que el resto lo percibe “en negro”. Esta modalidad erosiona el sistema de seguridad social y deja al trabajador expuesto a múltiples vulneraciones.
Aportes jubilatorios y seguridad social: una deuda pendiente
El informe también muestra que el 35,8% de los asalariados no realiza aportes jubilatorios, y dentro de ese universo, casi el 84% directamente no aporta nada al sistema previsional. Esto representa una grave amenaza a largo plazo, tanto para la sustentabilidad del sistema de jubilaciones como para la protección social de millones de personas que, de seguir así, no podrán acceder a una jubilación digna en el futuro.
Una problemática estructural y persistente
A lo largo de 2024, la tasa de informalidad laboral mostró leves oscilaciones, pero se mantuvo elevada y sin cambios significativos, cerrando el cuarto trimestre con apenas una décima menos que en el anterior. Esta estabilidad en los niveles altos de informalidad refleja una problemática estructural, que se arrastra desde hace décadas y que ninguna política pública ha logrado revertir de forma sostenida.
Además, la situación económica general —con inflación persistente, caída del poder adquisitivo y retracción del empleo formal privado— favorece la expansión del trabajo informal, que se convierte en la única salida posible para miles de personas que necesitan generar ingresos en un contexto adverso.
El desafío de construir un mercado laboral más justo
La alta informalidad laboral en Argentina no solo vulnera los derechos individuales de los trabajadores, sino que también debilita el sistema económico y social en su conjunto. Implica menos ingresos para el Estado, menor recaudación previsional, menor cobertura sanitaria, y una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con la normativa.
Frente a este escenario, diversos especialistas coinciden en la necesidad de implementar políticas integrales que combinen incentivos a la formalización, fiscalización eficiente y apoyo al empleo registrado, sobre todo en los sectores más precarizados. Mientras tanto, millones de argentinos y argentinas continúan desempeñándose en la informalidad, sin protección frente a accidentes, enfermedades o vejez, y con un horizonte laboral lleno de incertidumbre.