El Gobierno de la Provincia de Córdoba declaró este jueves el estado de emergencia por causa de fuerza mayor en el ámbito de la Administración Provincial del Seguro de la Salud (APROSS), como consecuencia del incendio que afectó a su sede central el pasado viernes 18 de abril. La medida tendrá una vigencia provisoria de treinta días corridos y tiene como objetivo garantizar la continuidad operativa y asistencial del organismo en un contexto de graves limitaciones físicas y técnicas.
A través de la Resolución N° 38, publicada oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia, las autoridades señalaron que el siniestro tuvo un impacto directo sobre la regularidad y continuidad de las actividades administrativas y operativas de APROSS, generando una imposibilidad material de su desenvolvimiento normal. En ese marco, se resolvió implementar medidas excepcionales y transitorias que permitan dar cumplimiento a las funciones esenciales del organismo, fundamentalmente vinculadas a la prestación de servicios de salud a los afiliados.
La normativa habilita al Directorio de la institución a desarrollar todos los protocolos y procedimientos necesarios para sostener la atención sanitaria y la gestión interna mientras se avanza en la recuperación de la infraestructura dañada y se trabaja en el restablecimiento de los sistemas administrativos. Se prioriza así la salvaguarda de la salud, la calidad asistencial y la integridad de los derechos de las personas afiliadas, según destaca el texto oficial.
En paralelo, la resolución dispuso la suspensión transitoria de todos los plazos procesales administrativos que se encuentren en curso, por un período inicial de diez días hábiles. Esta suspensión podrá prorrogarse en caso de que persista la situación de emergencia. No obstante, se aclara que los actos urgentes que deban dictarse en el marco de la emergencia no se verán alcanzados por esta medida, y el Directorio conservará la plena facultad para actuar en consecuencia.
El Gobierno informó que aún se aguardan los resultados de las pericias técnicas que buscan determinar con precisión las causas del incendio, mientras continúa la investigación oficial. Cabe destacar que el siniestro se produjo en un contexto de fuerte exposición mediática y judicial para el organismo, ya que en las semanas previas se habían producido detenciones en el marco de una causa por presuntas estafas en el sistema de prestaciones de salud.
Esta coincidencia temporal fue subrayada por referentes de la oposición, quienes deslizaron sospechas sobre las causas del incendio y reclamaron transparencia en la investigación. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que todas las acciones adoptadas se enmarcan en la necesidad de asegurar el funcionamiento de un servicio esencial para miles de afiliados en toda la provincia.
Las autoridades provinciales afirmaron que, a pesar del daño sufrido por la sede central, se ha activado un plan de contingencia para mantener operativa la atención al público y las gestiones internas más urgentes, al tiempo que se trabaja para restablecer gradualmente la normalidad institucional.