En un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei, la Justicia federal suspendió la decisión de eliminar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado para financiar obras en barrios populares de todo el país. El fallo se conoció el pasado viernes y responde a una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de vecinos afectados por la medida del Ejecutivo.
El Juzgado Federal de Pehuajó resolvió que el Gobierno no podrá avanzar en la disolución del fideicomiso, ni disponer de sus bienes, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Además, exigió la presentación urgente de un plan de urbanización para los barrios populares que se encuentran registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), bajo pena de una multa diaria de 200 mil pesos en caso de incumplimiento por parte del funcionario a cargo del área, Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio Urbana.
La resolución judicial también obliga al Estado a informar, en un plazo de tres días, el saldo existente en las cuentas bancarias del FISU, sus colocaciones financieras, inversiones, bienes fideicomitidos y la composición de sus recursos según las distintas fuentes de financiamiento. El objetivo es impedir la transferencia o uso de esos fondos con otros fines, tal como lo había anunciado el Gobierno nacional a comienzos de mes.
¿Qué es el FISU y por qué se quiso eliminar?
El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado a fines de 2019, durante el gobierno del Frente de Todos, como un fideicomiso orientado a financiar obras de infraestructura y urbanización en barrios populares. Estaba bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que dirigía Fernanda Miño, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El fondo se alimentaba de recursos provenientes del Impuesto PAIS, del aporte extraordinario a las grandes fortunas impulsado durante la pandemia, y de cooperación internacional. Su creación respondió a la necesidad de llevar agua potable, cloacas, calles pavimentadas y servicios básicos a los asentamientos informales registrados oficialmente.
La decisión de Javier Milei de eliminar el FISU implicaba no solo la paralización de esas obras, sino también el uso de los recursos acumulados en otros fines aún no especificados por el Ejecutivo. Esto motivó la acción judicial del CELS y de vecinos de barrios populares, quienes sostienen que la medida viola derechos constitucionales y compromisos internacionales en materia de hábitat y acceso a la vivienda.
Un fallo con impacto político y social
Según fuentes judiciales citadas por Ámbito Financiero, el fallo apunta a garantizar la continuidad de una política pública esencial para millones de personas en situación de vulnerabilidad. Además, plantea una advertencia clara: si no se presenta un plan concreto de urbanización y continuidad de obras, el funcionario responsable será sancionado económicamente.
El CELS celebró la medida cautelar al considerarla «una señal clara de la Justicia frente a los intentos de desmantelar políticas que garantizan derechos». En tanto, organizaciones sociales y referentes de la economía popular destacaron que el FISU fue una herramienta «clave» para mejorar la calidad de vida en villas y asentamientos de todo el país.
Mientras tanto, se abre un nuevo frente judicial para el Gobierno, que deberá decidir si apela la decisión o presenta el plan requerido. La resolución de fondo aún está pendiente, pero el mensaje de la Justicia es claro: no se puede interrumpir una política pública sin considerar sus consecuencias sociales ni sin respetar los marcos legales vigentes.
La opinión de Marco Galán
En relación a esto, en La Despensa estuvimos hablando con Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mugica, quien analizó la situación. Recordó que la ley que estableció el FISU surgió en la gestión de Mauricio Macri, en 2018, y contó con el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo, la izquierda, entre otros. «Nunca hubo una ley con tanto consenso en Argentina», afirmó.
Además, mencionó que la gestión de Juan Schiaretti en Córdoba realizó muchas obras con recursos de este fondo. «Miles de familias se beneficiaron con obras de cordón cuneta, agua, electricidad, y demás, hasta que llegó Milei», lamentó. Galán explicó que el fallo judicial establece una multa de 200 mil pesos diarios en caso de que no se acate la decisión de restituir el FISU, y que también implica que se arme un plan de inversión que explique cómo se continuarán las obras en todo el país.
Finalmente, afirmó que «esto es un límite a la crueldad inhumana que tiene el gobierno de Milei» y aseguró: «La plata que es de un fideicomiso no puede utilizarse para otra cosa, de modo tal que si eso sucede, debería avanzarse en una cuestión penal contra los funcionarios responsables».
Escuchá la nota completa con Marco Galán acá:
